Fiscal justifica requerimiento a medios; el gremio apela a leyes. Organizaciones sugieren a trabajadores acogerse al derecho a no declarar: El periodista no debe declarar ante la Fiscalía General y solo debe rendir cuentas ante el Tribunal de Imprenta, dicen.
Prensa ve amedrentamiento en citación hecha por el fiscal
Conminatoria. La Asociación de Periodistas de La Paz advierte que si declaran, se sentaría jurisprudencia para ser citados para dar su versión en futuros procesos.
Periodistas de distintos medios de comunicación en km 0. Foto archivo.
Página Siete / La Paz – 11/11/2011
Entidades nacionales de la prensa consideran un amedrentamiento la conminatoria hecha por la Fiscalía General del Estado a varios medios, para que éstos revelen el nombre de sus periodistas que hicieron cobertura a la marcha en defensa del TIPNIS. Asume que ello desembocaría en citación a declarar.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Pedro Glasinovic, enfatizó respecto a la petición de la Fiscalía: “Tiene un fuerte contenido de amedrentamiento al periodismo boliviano, es como una advertencia para que -en otro caso de violencia- los periodistas no informen”.
En días pasados comenzó a llegar a diferentes medios un documento de la Fiscalía que explica que a raíz del proceso contra el presidente Evo Morales por la represión en la intervención a los nativos del TIPNIS el 25 de septiembre, la investigación está en proceso de acumulación de antecedentes.
Por ello requiere a los medios de comunicación los nombres de los trabajadores que hacían cobertura en dicha intervención, para que otorguen datos. Además, solicita la entrega de imágenes fijas y en movimiento.
Al respecto, el fiscal Mario Uribe reiteró ayer que dichas solicitudes tienen el objetivo de verificación de la información difundida, no así de declaración.
El presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Marco Dipp, discrepó con el fiscal: “Lo que están buscando los fiscales evidentemente es citar a periodistas que aporten con la investigación, pero no pueden negar que las declaraciones que pueden hacer los periodistas –aunque no deberían- es que van a ser finalmente utilizadas en las decisiones del Ministerio Público en última instancia”.
Además, ambos representantes de la prensa advierten con las secuelas que esta acción –la declaración- podría generar, ya que al sentar jurisprudencia en este caso se podría recurrir a la declaración de periodistas para futuros procesos.
“Se estaría sentando un lamentable precedente, los medios deberían analizar con extremada cautela esa posibilidad”, recomendó Dipp.
Glasinovic coincidió y dijo que “naturalmente, si aceptan hacer la declaración puede servir como jurisprudencia, pero no debe ir a declarar, sino presentarse y no decir absolutamente nada que lo pueda incriminar, o que lo obligue a presentarse como testigo”, debido a la naturaleza de imparcialidad inherente al oficio. Y cuestionó el rumbo de la investigación, ya que planteó que se debería citar de una vez a los supuestos implicados, como autoridades del Gobierno: “Y a los policías que han reprimido a los indígenas habría que preguntarles quiénes han distribuido las cintas masking para amordazarlos y para maniatarlos. Debería hacer eso, en vez de amedrentar el trabajo de la prensa”.
Piden rendir cuentas sólo al Tribunal de Imprenta
Las instituciones representativas de la prensa en Bolivia son rotundas: el periodista no debe declarar ante la Fiscalía General, no sólo porque debe rendir cuentas ante el Tribunal de Imprenta –como está vigente en la Ley de Imprenta- sino porque puede acogerse al derecho a no declarar para evitar ser testigo aportante en éste u otro proceso de esta naturaleza.
El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Pedro Glasinovic, planteó que “deben acudir si son citados, de lo contrario se los puede procesar por desacato, pero al mismo tiempo pueden ampararse en la cláusula del silencio, establecido por ley”.
Esta postura se debe a que los trabajadores de la prensa sólo hicieron cobertura del hecho noticioso como tal en el caso de la intervención policial a los indígenas en Yucumo, así como en cualquier otra cobertura, por lo que no pueden ejercer de testigos.
El presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, Marco Dipp, además identifica una imprecisión de la Fiscalía al citar a los reporteros para verificar información. “Lo que no puede hacer el medio de comunicación es identificar el nombre del periodista que hizo la cobertura, porque de acuerdo a la Ley de Imprenta los responsables de lo que se difunde es el editor y el director”. Y recuerda que la Ley de Imprenta establece que el único juez competente para convocar a periodistas, o a un medio de comunicación, es el Tribunal de Imprenta. Por lo que el medio podría presentar recurso de incompetencia de la Fiscalía, pero no entregar datos del periodista, añadió Dipp.
Fiscal justifica requerimiento a medios; el gremio apela a leyes
La APLP recomienda a los periodistas citados acogerse al derecho al silencio.
La Razón – Christian Galindo
Intervención. Indígenas de la marcha por el TIPNIS son escoltados por efectivos policiales, tras la represión del domingo 25 de septiembre.
El fiscal general, Mario Uribe, afirmó ayer que al requerir los nombres de los periodistas que cubrieron la represión a los marchistas del TIPNIS, el 25 de septiembre, se pretende “autenticar” los videos y fotografías en las que se muestran los excesos policiales. Tres entidades gremiales de la prensa reiteran su rechazo al requerimiento.
Uribe, según un reporte de la agencia ANF, descartó que la idea sea citar a los periodistas en calidad de testigos. “La intención del Ministerio Público sólo es para recabar elementos de convicción para posteriormente convocarlos en su momento, no es en calidad de testigo. No tiene otro propósito, sino simplemente autenticar esos documentos, esas grabaciones”, dijo Uribe. La autoridad pidió que no se genere susceptibilidad al respecto.
Tres instituciones del rubro periodístico rechazan que el Ministerio Público hubiera requerido de diversos medios de comunicación una lista de los “periodistas y otros funcionarios” que cubrieron la intervención en la marcha en Chaparina (Beni).
Según ANF, el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Pedro Glasinovic, aseguró que con esta acción se pretende distraer a la opinión pública del tema de fondo, que es determinar quién dio la orden para la violenta represión.
En alusión a una declaración del vicepresidente Álvaro García, quien el 29 de septiembre dijo que conocía esta información, Glasinovic afirmó que es, precisamente, a García a quien se le debe preguntar “¿quién dio la orden de reprimir con brutalidad y violencia la marcha de indígenas que defendían el TIPNIS?”, agrega ANF.
El presidente de la APLP sugirió a los periodistas acogerse al “derecho al silencio” y recordó que la Constitución Política del Estado y la Ley de Imprenta en vigencia reconocen el “secreto en materia de imprenta”.
El ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Prensa, Ramiro Echazú, consideró que con la petición de la Fiscalía General se quiere penalizar el trabajo periodístico. “No se va a asistir, si alguien pretende juzgarnos se va a tomar la posición de que se nos lleve a los jurados (tribunales) de imprenta”, aseveró a la red PAT en Sucre.
Marco Dipp, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que aglutina a los medios, advirtió que “cuando se solicita la identificación de los periodistas para que se presenten como testigos” se desconoce la vigencia de la Ley de Imprenta
La petición del fiscal general
“Se requiere informar el nombre y demás generales de ley del o los periodistas y/o funcionarios del medio que realizaban la cobertura en el lugar de la marcha indígena por el TIPNIS en San Miguel de Chaparina y Yucumo, entre el 20 y 28 de septiembre”.
Farfán niega que llamó a Muñoz para el operativo
El exviceministro de Gobierno Marcos Farfán aseguró que no fue él quien llamó al suspendido subcomandante de la Policía, general Óscar Muñoz, para que interviniera la marcha indígena en Yucumo, mientras que el abogado de Muñoz, Héctor Tapia, señaló que su cliente recibió una orden superior y que los subalternos fueron responsables de la forma del operativo.
La Fiscalía reveló que el general informó de que la orden de intervención salió del Ministerio de Gobierno. La información fue hecha pública en la audiencia cautelar en la que el juez Ricardo Maldonado ordenó la detención domiciliaria del acusado.
“No hice ninguna llamada telefónica, eso es objeto de investigación”, afirmó Farfán a ANF, consultado si ordenó la intervención vía teléfono. El exministro de Gobierno Sacha Llorenti sostuvo que el exviceministro estuvo en Yucumo el 25 de septiembre, día del operativo policial.
Tapia explicó a la red Erbol que Muñoz cumplió una orden superior y responsabilizó de la represión a los policías subalternos. “Él no fue responsable de cometer acciones y excesos violentos contra las personas”, aseguró.
“Quien hubiera maltratado a una persona de manera directa es el responsable y eso corresponde a la acción de cada persona”, afirmó el abogado.