El informe del Defensor del Pueblo, Rolando Villena, señala al ex ministro de gobierno Sacha Llorenti como responsable de haber ordenado el brutal operativo de represión contra los marchistas indígenas en Yucumo, el pasado 25 de septiembre.
El documento habla de abusos “indiscriminados, brutales, desproporcionados y alevosos cometidos contra seres humanos indefensos, mujeres…”, que “muestran un brutal desprecio a la condición humana que viola la dignidad de los marchistas”.
El informe defensorial establece que fue Llorenti quien instruyó a la Policía la acción de disolución de la marcha y la captura de los indígenas, con el objetivo de “evacuarlos” devolviéndolos por la fuerza a sus comunidades de origen.
Entre los preparativos de la operación estuvo la compra de ¡120 rollos de cinta masking para amordazar a los indígenas!
Asimismo, se señalan responsabilidades del Comandante General de la Policía Boliviana, general Jorge Santiesteban Claure, del viceministro de gobierno Marcos Farfán y del Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Tito Gandarillas.
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El informe, por lo tanto, tiene la virtud de acabar con la versión oficial, según la cual la represión habría sido ordenada por “mandos medios” (el Subcomandante de Policía, el Viceministro), indicando el origen de la acción en esferas superiores.
Sin embargo, tiene la falencia de excluir del caso al presidente Evo Morales, sin cuya anuencia difícilmente puede haberse dado el operativo, sobre todo teniendo en cuenta el despliegue de aviones y camiones militares, que no podrían haber sido movilizados sin el permiso del capitán general de las Fuerzas Armadas.
¿Solución de compromiso político para el Defensor Villena?