Si la “cumbre” social lo decide, habrá gasolinazo en Bolivia

La posibilidad de un ajuste de precios de los combustibles fue mencionada ayer por el ministro Arce. Si lo decide la cumbre social, el Gobierno acatará. El Estado boliviano pagará este año 663 millones de dólares por la subvención a los hidrocarburos y al próximo año proyecta una erogación de 755 millones de dólares.

Otra vez abren polémica por el tema carburantes

Combustible. El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, anunció que si los sectores sociales definen que se elimine la subvención a los combustibles, el Gobierno lo hará

imageEscenario. Los propietarios de motorizados siguen con la incógnita de lo que pasará con el valor del diésel y la gasolina.



Gonzalo López  y ANF, El Deber

Después de decir en una sola jornada tres veces no a la eliminación de la subvención a los carburantes, a través de los ministerios de Comunicación, Hidrocarburos y Economía y Finanzas, el Gobierno otra vez abre la posibilidad de hacerlo, si los sectores sociales así lo definen en la cumbre social de diciembre convocada por el jefe de Estado, Evo Morales.

Así lo hizo conocer el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, en declaraciones a la red Unitel en La Paz, al adelantar que en caso de que la cumbre social convocada por Morales, en Sucre, junto a organizaciones sociales, definan la suspensión de la subvención a los carburantes, el Gobierno asumirá esta decisión y levantará la medida, que el 2012 le costará al Estado $us 755 millones.

"El presidente, cuando se refería al tema, decía que la resolución de este problema se lo transfería al pueblo, a los movimiento sociales, para que decidan qué, cómo y cuándo hacer la resolución de este tema. Si en este diálogo se toca el tema y se define en esos niveles, nosotros vamos a acatar lo que el pueblo decida, está en manos de las organizaciones sociales, del pueblo la decisión (de levantar la subvención) y el Gobierno lo va acatar", indicó. 

De igual manera, puso de manifiesto que en 2012 se destinará a inversión pública $us 3.252 millones, que estarán dirigidos a la producción de hidrocarburos, minerales y alimentos. También reiteró que para 2012 se prevé un crecimiento del 5,5%.

La declaración de Arce nuevamente provocó la reacción -la mayoría en contra de la eliminación de la subvención a los combustibles- de los diferentes líderes sociales del país.

La dirigencia de los sectores minero, campesino, indígena (Conamaq) y transporte público urbano le bajó el pulgar a esa intención.

“Yo pienso que ningún dirigente social ni sindical se atrevería a probar semejante cosa. Al día siguiente seguramente ya no estaría en Bolivia, tendría que escapar. En diciembre de 2010, los dirigentes dijeron sí, pero las bases se levantaron terriblemente”, alertó el máximo representante de los choferes del país, Franklin Durán, al señalar que los 162.000 afiliados de su sector rechazan el encarecimiento del combustible.

Otra de las posturas radicales fue asumida por el presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomin-Potosí), Richard Alave, que además de expresar su rechazo a la intención de ajustar el precio de los combustibles adelantó que, aunque los inviten, no asistirán a la cumbre y que se declaran en pie de guerra.

Por su lado, la titular de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Juanita Ancieta, dijo que esperarán que se realice la cita en Sucre para ahí, luego de escuchar las ponencias, definir una posición.

Socialmente, esto es inviable

Alberto Bonadona | Economista

El Gobierno lo que está buscando es efectivamente levantar todo tipo de subsidios. Lo que hay que entender es que el subsidio lo paga YPFB. Lo que quiere entonces es fortalecer a la estatal haciendo que cobre el precio que rige en el mercado internacional por la gasolina que produce. Esto, fundamentalmente porque, por un lado, YPFB, al cobrar todo lo que cobra de gasolina y de diésel, va a tener más plata y también va a tener que pagar más en impuestos. Esto sí le favorece al Tesoro General de la Nación (TGN).

Eso por un lado, pero por el otro eso favorecerá a las transnacionales que ya operan en el país para que exploren nuevos campos y lleguen a obtener más petróleo.

Lo grave de todo esto es que en el fondo es mucho el impacto social porque encarece la canasta familiar y el pasaje. En determinado momento el Gobierno va a retroceder porque socialmente y políticamente esto es inviable.

Lo que va a hacer es que YPFB produzca más petróleo y trate de abastecer al mercado interno. Ahora, si el Gobierno busca apoyarse en las organizaciones sociales para ajustar el precio de los carburantes, aparte de las bartolinas y los cocaleros, la verdad es que los sectores sociales más importantes no están de forma incondicional con el Ejecutivo. Llegado el momento, yo no creo que los sectores apoyen esta medida.

   Reacciones   

R. Quispe /Conamaq

No permitiremos el aumento

“La posición de la Conamaq, que aglutina a 16 naciones y pueblos indígenas, es no permitir el incremento de los combustibles porque la subvención favorece al transporte de indígenas. Debe levantarse la subvención a los agroindustriales y las transnacionales. Respecto a la cumbre social, seguro van a convocar a asociaciones afines al Gobierno”.

S. Ramos/Canalmin

No estamos de acuerdo

“El sector minero funciona casi un 60% con carburantes. Esto afectaría tremendamente los costos de operación. Por eso no estamos de acuerdo con que se levante la subvención. No es correcto que solo se eleve el precio de los carburantes, porque tiene un efecto multiplicador para la gente de menos recursos. Hay riesgo de paralizar operaciones”.

R. Coraite/CSUTCB

Solucionar tema asalariados

“El 5 y 6 de diciembre vamos a tener una posición respecto al tema. Tenemos un ampliado nacional en Oruro. Sin embargo, no creo que sea posible levantar la subvención. Pero eso vamos a someter a consulta en nuestra asamblea. El Gobierno primero debe solucionar el problema de los asalariados, los que más van a sufrir son ellos”.

P. Calderón/CSCIB

Definiremos en un ampliado

“Se ha convocado a los dirigentes para hacer propuestas el 18 y 19 de diciembre en el ampliado nacional en Sucre.

Este tema lo analizaremos este domingo en un ampliado en la ciudad de La Paz para tener una postura definida como confederación, mientras tanto, no puedo dar ningún adelanto sobre el tema”.

Gobierno eliminará subsidio si así lo decide la cumbre social

El Ejecutivo dejará que el encuentro solucione un problema fiscal.

Pagos. El Estado pagará este año 663 millones de dólares por la subvención a los hidrocarburos y al próximo año proyecta una erogación de 755 millones de dólares.

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Página Siete / La Paz

El Gobierno, a través del ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, aseguró ayer que si los asistentes a una cumbre social, que se efectuará en diciembre, resuelven eliminar la subvención a los carburantes, el Ejecutivo acatará esa decisión.

En una entrevista en la red Unitel, una periodista de Santa Cruz le preguntó a Arce: “Si en este diálogo el pueblo boliviano decide que debe subir el precio de carburantes, entonces ¿lo van a hacer?, ¿sí o no?”.

El ministro respondió lo siguiente: “Repito una vez más: la decisión está en manos de las organizaciones sociales, de la población, del pueblo boliviano, y la decisión que el pueblo boliviano tome el Gobierno la va a acatar”.

El Ejecutivo convocó a una cumbre, para elaborar una nueva agenda de gobierno, a todas las organizaciones sociales, políticas, empresariales y colegiadas, entre otras.

Empero, en la misma entrevista, el ministro aclaró que en los planes del Gobierno no está anular el subsidio a los carburantes, pero dejó en manos de las organizaciones sociales y del pueblo boliviano una determinación al respecto.

“El Presidente, cuando a principios de año se refería a este tema, claramente decía que la resolución de este problema se la transfería al pueblo boliviano, a los movimientos sociales, para que decidan qué, cómo, cuándo hacer la resolución de este tema. Si en este diálogo se tocara este tema, se definiera en esos niveles, nosotros vamos a acatar lo que el pueblo boliviano decida”, dijo.

Según Arce, las autoridades nacionales cumplieron con su responsabilidad de plantearle al país “un problema tan agobiante” como es la subvención a los carburantes.

De acuerdo con las cifras del Gobierno, este año el Estado erogará 663 millones de dólares por el subsidio a los carburantes; en 2012, la subvención llegará a 755 millones de dólares.

En diciembre de 2010, el Ejecutivo decidió eliminar el subsidio,lo cual fue rechazado por la población; las autoridades tuvieron que retroceder.

Hace unos días, el presidente Morales se refirió a la necesidad de debatir sobre la subvención a los carburantes por el gasto que implica para el país.

Elevados gastos

Incremento Cada año, el subsidio a los carburantes va en ascenso. En 2010 costó 333 millones de dólares; en 2011 el monto se duplicó a 663 millones de dólares y para 2012 se proyecta pagar 755 millones de dólares.

Carburantes Hasta 2010, la mayor parte de los recursos se destinaba a la importación de diésel y GLP, pero a partir de ese año el país también comenzó a comprar gasolina del exterior, debido a la falta de producción de crudo y a que las refinerías están al límite.

Punto de vista

La consulta no resolverá el problema

Guillermo Tórrez, analista

El Gobierno, desde el momento en que intentó retirar la subvención, tuvo que retractarse. Ahora, como no lo puede hacer directamente, quiere tener el soporte de los movimientos sociales.

El Gobierno tiene que darse cuenta de que no está afectando a este sector, sino a toda la población. Y si los movimientos sociales le dan respaldo habrá que ver si es suficiente para que todo el pueblo lo haga.

La primera vez que se intentó ajustar los precios se produjo un alza del costo de vida que hasta ahora es soportado por la gente; subieron todos los productos básicos, el transporte; por lo tanto, una nueva medida ocasionará un alza de precios y es un sacrificio que el pueblo no estaría en condiciones de aceptar por más aprobación que haya de los movimientos sociales.

Los bajos precios ocasionan que cualquier persona se dedique a pasear en auto, porque es barato, y además esos precios generan contrabando; es necesario modificar los precios, pero la medida debe complementarse con un paquete económico que mejore los ingresos de la gente.

Consultar a movimientos sociales no resuelve el problema: más bien lo agudizará.