El Gobierno tiene una organización indígena propia. Más de 20.000 familias cocaleras están asentadas en el Territorio Indígena y Parque Natural Isiboro Sécure (Tipnis); pertenecen a 52 sindicatos y forman parte de la federación del trópico.
En la zona del TIPNIS existe prevalencia de cocaleros que dependen de la Federación del Trópico. ARCHIVO
Por lo menos 20.000 familias cocaleras están asentadas en territorios que pertenecieron al Territorio Indígena y Parque Natural Isiboro Sécure (TIPNIS). Pertenecen a 52 sindicatos los que están agrupados en ocho centrales y dependen de la Federación del Trópico de Cochabamba.
Una investigación de la Fundación Tierra, revela esa masiva presencia de colonos de tierras altas que presionan sobre el territorio indígena y parque natural a tal punto, que indígenas del lugar renuncian a mantenerse como territorios Comunitarios de Origen (TCO) para tener derecho a sembrar coca y así tener mejores condiciones de vida.
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La investigación realizada por Patricia Costas Monje y María Virginia Ortiz Echazú, recuerda que la delimitación del sector Sur de la TCO es la tarea más difícil. Se trata de un cono situado entre la ribera del río Ichoa (en el centro del territorio) y la zona de amortiguamiento del Isiboro (en el extremo Sur), habitado principalmente por migrantes del occidente boliviano que disputan el espacio con los indígenas del lugar. Señala que los colonos llegaron al Chapare desde la década de 1970. Las primeras familias de campesinos se asentaron en las inmediaciones de Villa Tunari y avanzaron hasta Isinuta, pero quienes no encontraron espacio disponible en esos sectores asentaron sus chacras del área protegida (TIPNIS).
“Los migrantes ocuparon tierras, deforestaron y habilitaron terrenos para la agricultura, principalmente para la siembra de coca”.
Se especifica que el sector lleva el nombre de zona colonizada y corresponde al polígono 7 del TIPNIS. Está dividido del resto del área protegida y TCO por un trazo imaginario que la población denomina “línea roja”.
El Decreto 22610 y acuerdos firmados entre indígenas y campesinos prohíben a los campesinos transponer ese límite, sin embargo, los indígenas y los propios productores de coca admiten que eso no se cumple, dice el informe.
Señala que como resultado de la colonización, 14 comunidades indígenas, entre éstas Santísima Trinidad, han quedado rodeadas por predios de colonos. Las comunidades conservan su cualidad de TCO (propiedad colectiva de la tierra), pero sus alrededores están bajo la figura de propiedad individual (campesinos)”, dice la investigación.
Agrega que algunos asentamientos indígenas han renunciado a la TCO “se unieron a las filas de los sindicatos de colonizadores y, de esta manera, ganaron el derecho a sembrar un cato de coca (media hectárea) como es el caso de la comunidad Limo (población mayoritariamente yuracaré).
Un testimonio del dirigente Adolfo Moye, presidente de la Sub Central TIPNIS realizada en agosto del año pasado y reproducida por las investigadoras, señala que muchas comunidades terminaron rodeadas por colonos como Santísima Trinidad. “En la comunidad de Limo los hermanos del pueblo yuracaré ahora tienen apenas una hectárea y trabajan como empleados de los colonos. Sus hijos han tenido que migrar a las ciudades capitales para buscar empleo queriendo adoptar otra forma de vida. En muchos pueblos sólo quedan los viejitos. Algunas comunidades como Puerto Patiño e Isiborito se extinguieron y no sabemos adónde se fueron esos hermanos”, dijo Moye.
El informe de la Fundación Tierra señala que los cocaleros argumentan que es preciso aprovechar la tierra disponible y que ésta no puede beneficiar solamente a unos cuantos habitantes.
“En la zona colonizada a la fecha, están asentados 52 sindicatos agrarios agrupados en ocho centrales; en total, representan unas 20.000 familias. Esos sindicatos dependen de la Federación del Trópico de Cochabamba, una de las seis federaciones de productores de coca del Chapare”.
Agrega que dada la presión colonizadora, la “línea roja” no ha permanecido inmóvil y la superficie de la zona colonizada ha variado de 92.000 hectáreas en los años 90, a más de 100.000 en 2009, cuando los indígenas, campesinos e instituciones estatales definieron el límite con ayuda de tecnología GPS.
En octubre de 2010, los indígenas reclamaron porque decenas de familias habían desmontado el bosque para habilitar cultivos de coca. Los dirigentes de la zona colonizada aseguraron que los avasalladores no pertenecían a los sindicatos legalmente asentados en el parque y el exdirigente cocalero David Herrera sugirió trazar una brecha (desmonte) en el bosque para que se respete la “línea roja”.
Habitantes indígenas del Parque
Según datos del Censo Nacional de 2001, los habitantes indígenas del TIPNIS son más de 12.000 personas. Pertenecen a tres grupos étnicos:
Los yuracarés eran hasta la fecha del censo 1.809 personas: 941 varones y 861 mujeres. Los mojeños 4.228: 2.329 hombres y 1,090 mujeres. Los tsimanes 6.351, de los que 3.433 hombres y 2.918 mujeres. En total la población del TIPNIS, hace más de una década era de 12.388 personas, de las cuales 5.703 hombres y 4.869 mujeres.
Esa población está distribuida en 64 comunidades. Los mojeños y yuracarés han estrechado lazos y fundaron comunidades mixtas. Los matrimonios interétnicos van en aumento. Los tsimanes tienen una vida más aislada y se esconden en el bosque cuando perciben la presencia de personas ajenas a su comunidad.
La influencia de la coca es importante en el Sur del TIPNIS
La zona Sur del TIPNIS, donde están asentados campesinos productores de coca de tierras altas, organizados sindicalmente como parte de las Federaciones del Trópico de Cochabamba, es más próspera que otras del extenso territorio. La producción de coca marca una influencia importante.
La investigación divulgada por la Fundación Tierra señala que la comunidad indígena de Santísima Trinidad, ubicada en el Sur, está dentro del área protegida, cuenta con energía eléctrica, pero “es como un enclave en medio de una zona colonizada donde la principal actividad económica de los migrantes del occidentes es el cultivo de coca”.
Otra comunidad indígena asentada en esa zona es San Miguelito, “ubicado en la ribera del río Isiboro, es un asentamiento que luce una amplia plaza principal, con espacios para el paseo vespertino y árboles pulcramente podados. Aunque esta comunidad se asienta fuera del área colonizada, ya en la TCO, está del área de influencia cocalera y, por ello, también tienen cultivos de este arbusto. Todos los indígenas tienen su coca, reconoció un mojeño del pueblo”, dice la Fundación Tierra.
Se recuerda que esa producción de coca es ilegal debido a que se trata de un parque nacional. Luego se explica que, dado el contacto constante y a pesar de la desconfianza hacia los colonizadores, ambos grupos sociales tienen relaciones relativamente armónicas. Federico Sainz, oriundo del Norte de Potosí y vecino de Santísima Trinidad, dijo que vive en el lugar desde 1978 adonde llegó como jornalero y luego recibió su lote. “Esto afiliado al sindicato y a la comunidad. Si no soy parte del sindicato no puedo sembrar coca y me quitan mi producción”.
El informe de la Fundación Tierra dice que “el hecho de que los indígenas se empleen como jornaleros de los colonos y que ambas partes se sientan beneficiadas por este trato económico contribuye a las relaciones cordiales”.
Se recuerda que a partir de los años 70’ comenzaron a llegar al Chapare y al TIPNIS migrantes del occidente del país. “Los colonizadores habilitaron amplias extensiones de tierra para monocultivo. Este tipo de trabajo chocó con las costumbres indígenas. Los lugareños estaban acostumbrados a desmontar una sección del bosque para sembrar pequeñas extensiones de granos o frutas destinadas al autoconsumo”.
Un informe del Foro Boliviano para el Medio Ambiente (FOBOMADE), señala que “después de la entrega del título de propiedad del TIPNIS, en 2009, los avasallamientos continuaron y unos 700 cocaleros se asentaron ilegalmente en los campamentos Llallagua, Urkupiña y Uncía. Los cocaleros reclamaban derechos sobre las tierras que, aseguraban, ocupaban desde hace más de cinco años. “Podrían estar cinco días o cinco años, pero su asentamiento es absolutamente ilegal porque todos los asentamientos de hecho posteriores a la promulgación de la Ley INRA de 1996 son ilegales y pasibles de desalojo”, respondió el exviceministro de Tierras Alejandro Almaraz”.
En el TIPNIS se estima que los guardaparques indígenas no pasan de 30 personas para atender las 1.2 millones de hectáreas del área protegida.
“Los guardaparques del Sur del TIPNIS, el sector más cercano al Chapare, son los que soportan una mayor presión de los colonos. Uno de ellos afirmó: “Tenemos que cuidar las maderas y los animales. También controlamos que no avance la colonización, pero ellos no aceptan nuestro trabajo y nos amenazan".
Presiones.
1970
Los colonos argumentan que se asentaron desde la década de los 70 argumentan que la tierra es de quien la trabaja y no entienden que el TIPNIS es un parque nacional”
Varios trabajadores del SERNAP denunciaron que la agresión de los colonos los obligó a abandonar, en 2010, un campamento instalado en Puerto Patiño, en las inmediaciones del río Ichoa. Hasta la fecha, no han podido regresar a su puesto, el cual se encuentra a la vera del camino de tierra que atraviesa la zona colonizada”.
El Gobierno tiene una organización indígena propia
Los pueblos indígenas del TIPNIS desconfían del Consejo Indígena del Sur (CONISUR), una de las formas de representación que existe en ese territorio indígena y parque natural, debido a que es patrocinada desde niveles del Gobierno nacional.
La investigación de la Fundación Tierra, respecto de la representación indígena en esa región, señala que en el TIPNIS funcionan paralelamente tres organizaciones indígenas: la Subcentral de Cabildos del Territorio Indígena y parque Nacional Isiboro Sécure (Subcentral TIPNIS), fundada en 1988; la Subcentral Sécure; y el Consejo Indígena del Sur (CONISUR).
La Subcentral TIPNIS es la más antigua y no reconoce a las otras dos. Sin embargo, los tres entes tienen el aval de diversas instituciones matrices de tierras bajas: la central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB) reconoce a la Subcentral TIPNIS; el Consejo de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), a la Subcentral del Sécure y la Coordinadora de los Pueblos del Trópico de Cochabamba (CPITCO), al CONISUR.
El CONISUR genera desconfianza entre los indígenas, incluso de las comunidades sureñas. Ello se debe a que la Gobernación de Cochabamba apoyó la creación de esa organización, supuestamente, para consolidar el territorio departamental hasta la ribera del río Ichoa (en el centro del TIPNIS, a 50 kilómetros del extremo meridional del TIPNIS)”.
Agrega que los sureños se identifican como benianos hasta en las comunidades más cercanas a Villa Tunari, del municipio cochabambino, como es el caso de San Miguelito, a orillas del río Isiboro y a dos horas por carretera ripiada de esa ciudad chapareña.
En mayo de 2010, el CONISUR junto con otras organizaciones del TIPNIS acudió a una reunión en la que el Gobierno presentó el proyecto de carretera Villa Tunari-San Ignacio, pero la mayoría de los sureños desconoció que esa entidad los represente. Los habitantes indígenas afirman que las 64 comunidades de la TCO están afiliadas a la Subcentral TIPNIS dirigida por Adolfo Moye.
A nivel local, las comunidades de los tres pueblos indígenas se organizan de acuerdo con la estructura establecida por los mojeños. Los corregidores son la máxima autoridad en cada núcleo poblacional y el Cabildo es la instancia de decisión comunal.
Los corregidores postulan voluntariamente al cargo. La gestión dura dos años. En octubre de 2010 el corregidor de San Miguelito, Jesús Dávalos, renuncia a su cargo, según explicó, cansado de las amenazas contra su vida y de las constantes disputas por territorio con los colonos.
LA PAZ/OPINIÓN