2011: Bolivia legaliza 71 mil chutos generando incertidumbre sobre la subvención de carburantes

La polémica medida develó además el negocio de robo de vehículos en países vecinos, que acusaron al gobierno de Bolivia de fomentar acciones ilegales , así como la incapacidad en las instituciones bolivianas y la falta de políticas sobre el parque automotor boliviano.

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Miles de vehículos indocumentados ingresaron al país. Foto: ANF



Por JOSÉ LUIS COLUMBA

LA PAZ, 18 Dic. (ANF).- En junio de 2011 el gobierno del presidente Evo Morales promulgó la Ley 133 de “Saneamiento Legal de Automotores”. La norma permitió que 71.995 unidades sean legalizadas en el país de los más de 128 mil vehículos registrados en la primera etapa, a través de Internet.

El proceso generó temores, principalmente por el temor a que el gobierno ya no pueda sostener la subvención de hidrocarburos. La gestión Morales intentó eliminar esta subvención a finales del 2011, provocando la mayor convulsión social que se vivió durante este gobierno.

Según informes oficiales de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), los propietarios pagaron 175.689.549 dólares a favor del Estado luego de cumplir con el proceso del Programa de Saneamiento Legal de Vehículos Indocumentados.

El gobierno nacional informó que este año la subvención de los carburantes superará los 600 millones de dólares, mientras que para la gestión 2012 se prevé que demandará más de 700 millones de dólares de arcas del Estado.

La polémica medida develó además el negocio de robo de vehículos en países vecinos y su aprovechamiento en Bolivia, así como la incapacidad en las instituciones bolivianas y  la falta de políticas sobre el parque automotor boliviano.

Robos en países vecinos

En la primera etapa de la “nacionalización”, miles de vehículos ingresaron a Bolivia por las fronteras, principalmente desde Chile, pero también desde Brasil, Argentina, Perú e incluso Paraguay.

La amnistía determinada para los “chutos” provocó la reacción de Brasil, Chile y Paraguay que acusaron al gobierno boliviano de fomentar el robo de motorizados en esos países. Al concluir el proceso, la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) informó que se detectaron 1.322 vehículos robados, la mayor parte de ellos procedentes de Chile (445) y Brasil (364) y 1.021 están observados.

Además, reportajes televisivos de Chile, Brasil y Argentina mostraron cómo los vehículos robados ingresaban a Bolivia y en algunos casos eran utilizados como medio de pago en el narcotráfico.

Deficiencias

El gobierno boliviano determinó reforzar los controles fronterizos con mayor presencia militar en lo que fue denominado el “Plan Cerrojo”. No obstante, las autoridades reconocieron que la amplia extensión de las fronteras y la disminuida cantidad de efectivos del ejército fueron los principales problemas para luchar contra el ingreso de vehículos indocumentados al país.

En una visita a los puestos fronterizos entre Oruro y Chile que realizó la ex ministra de Defensa, María Cecilia Chacón, en septiembre el mismo gobierno reconoció el insuficiente personal existente para ejecutar el Plan.

Al inicio del proceso, la Aduana tuvo dificultades en su portal de internet para el registro de las decenas de miles de propietarios que deseaban realizar el primer paso. Para el registro físico las oficinas de la aduana no pudieron abastecer la cantidad de vehículos y se vieron obligadas a abrir más espacios para este fin. Similar panorama se vivió en oficinas de Diprove donde los propietarios debían recabar un documento que certifique que el vehículo no presentaba irregularidades.

A la conclusión del proceso, un grupo de propietario de vehículos indocumentados realizó medidas de presión exigiendo al Gobierno la ampliación del plazo para la nacionalización de los motorizados, argumentando que el proceso tuvo deficiencias.

Chatas y remolques

A finales de noviembre, la Ley 133 de “Saneamiento Legal de Automotores” tuvo un nuevo conflicto, esta vez con el transporte pesado por la nacionalización de “chatas” y remolques. Este sector realizó bloqueos rechazando la tabla de costos que propuso el ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

No obstante, el gobierno negoció las tarifas de nacionalización con el sector del transporte pesado para que se levanten todas sus medidas de presión. Proceso que debe culminar el 2012.