Según datos del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), en noviembre se superó el record histórico de conflictos en el país, de acuerdo a los registros que se tienen de los últimos 41 años.
En 1984, durante el gobierno de la UDP que presidía el Dr. Hernán Siles Zuazo, la prensa registró 777 eventos conflictivos. Ese record se mantuvo por 25 años, y fue igualado el 2009, año en que también se registraron 777 conflictos. Pero el 2010 se superó el record con 811 conflictos en el año y, por lo registrado hasta ahora, el 2011 volverá a batirse dicha marca.
En efecto, hasta el mes de noviembre se han fichado poco más de 820 eventos conflictivos y aún queda por contar los que están ocurriendo en este momento y los que surgirán antes de que concluya el año.
La información la dio a conocer el Observatorio de Conflictos de CERES, que cuenta con el apoyo del centro Ciudadanía, y que basa sus estudios en los registros de prensa que cubren todo el periodo comprendido entre 1970 y el presente año.
De acuerdo a esa base de datos, la última década viene a ser la de mayor conflictividad dado que hasta el año 2000 el promedio estuvo en 272 conflictos por año, con variaciones que oscilaron entre el ya mencionado record de 1984, y el mínimo de 59 impuestos por la represión durante la dictadura de García Mesa. Pero desde el año 2000 la cantidad de conflictos se ha mantenido muy por encima de ese promedio anterior, y ha terminado por incrementar ese indicador a 340 conflictos anuales para todo el periodo comprendido entre 1970 y 2010.
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Las consecuencias de la conflictividad son serias. El gobierno ve limitada su capacidad de gestión porque se ve enfrentado a múltiples presiones que le obligan a improvisar y cambiar decisiones, reduciendo su eficacia. En términos económicos la conflictividad representa un aumento de riesgos y costos que desalientan la inversión y el empleo. Y la gente pierde tiempo y dinero además de enfrentar riesgos mayores de violencia, sobre todo cuando los conflictos buscan afectar al gobierno mediante el perjuicio a terceros que no están involucrados en el problema, como suele ocurrir con los bloqueos.