Solo opositores van al banquillo, denuncian legisladores acosados. Asamblea de la cruceñidad se postergó para buscar unificar a los sectores sociales y a la clase política y después definir las medidas de presión.
Cumbre cívica quiere pactar por la unidad
Tensión. La asamblea de la cruceñidad se postergó; primero los cívicos buscarán unificar a los sectores sociales y a la clase política para después definir las medidas de presión
Resguardo. Policías custodian la Gobernación beniana e impiden que personas afines a Suárez ingresen por la fuerza.
Aideé Rojas C. El Deber
El directorio del Comité pro Santa Cruz decidió cambiar la asamblea de la cruceñidad por una cumbre cívica entre sectores sociales, políticos y autoridades con la finalidad de hacer un pacto por la unidad regional.
La cita será hoy desde las 17:00 en las instalaciones del Comité y se espera que a ese encuentro asistan autoridades de los municipios, de la Gobernación, dirigentes vecinales, provinciales, trabajadores e indígenas. El objetivo es hacer un análisis de la coyuntura política que enfrentan las regiones de Beni y Santa Cruz debido a los procesos judiciales a sus gobernadores y promover la presencia activa y militante de la dirigencia regional para la defensa del voto ciudadano y la democracia.
Para ese fin, es que ya se hizo el contacto respectivo con la dirigencia del área de provincias, de los indígenas y cívicos de otras regiones, además de la clase política, tanto autoridades como dirigentes, indicó el cívico cruceño Herland Vaca Díez que afirmó que por ahora, la convocatoria a la asamblea de la cruceñidad está sin fecha, en la que se buscará definir medidas de presión para defender el voto que eligió a Rubén Costas como gobernador de Santa Cruz y a Ernesto Suárez, de Beni.
En esa línea, el dirigente codista de Santa Cruz, Feliciano Carrillo, adelantó que más allá del pacto de unidad, ese sector apostará para que se definan medidas de presión como bloqueo de carretera y huelga de hambre en todo el país para frenar la arremetida del MAS.
Sin embargo, el presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Israel Mérida, no es partidario de aplicar medidas de presión porque lo único que se logrará es que el MAS abra nuevos procesos judiciales contra sus adversarios, por lo que plantea que la dirigencia de ambas regiones deben analizar como una alternativa real una consulta ciudadana para someter al elector el cargo de los gobernadores procesados.
Mientras los cívicos buscan unificar a los sectores, algunos vecinos demandan más agilidad a la dirigencia para marcar la ruta en defensa del voto electoral y critican al MAS por procesar a las autoridades opositoras al régimen de Evo Morales.
Por ejemplo, Lía Antezana, del barrio Los Andes, pide a la dirigencia cívica definir las medidas para defender la decisión electoral, mientras que Priscila Araúz, de la zona de Las Cabañas, opinó que el MAS busca eliminar a sus adversarios políticos para obtener el poder absoluto. A su vez, Nidia Rojas coincidió con esas opiniones.
Así opina la gente
Marcela Viruez
Vecina de la zona del Cristo Redentor
Me parece que el Gobierno está actuando mal con iniciar juicios a las autoridades opositoras, la gente se da cuenta que solo busca eliminar a sus adversarios para copar todo el poder. Es lamentable que los dos únicos gobernadores que no son del MAS estén a un paso de perder el cargo. Hay que salir a defender el voto.
Leónidas López
Vecino del B. Urkupiña
Con estos antecedentes, creo que las autoridades corruptas deben pensar mucho antes de malversar fondos. Me parece bien que el presidente Evo (Morales) inicie investigación a todas las autoridades y no es justo que engañen al pueblo con el discurso de que solo a los opositores se investiga, la ley es para todos.
Norma Camacho
Vecina del B. Hamacas
Es un abuso de poder lo que está cometiendo el MAS contra los gobernadores de Beni y Santa Cruz por el solo hecho de ser opositores. Los que hemos votados por la autonomía y por nuestro gobernador, estamos obligados a salir a defender nuestro voto, no es justo que el MAS quiera gobernar por la fuerza.
Solo generan desconfianza
Carlos Cordero / Analista político
Estas acciones judiciales buscan la inhabilitación de los dos gobernadores que quedan de la oposición y forman parte de la estrategia del MAS de copamiento del poder público para controlar esas gobernaciones y dar empleo para sus simpatizantes, a su gente.
Estos procesos judiciales no solo generan interinatos, paralizan las instituciones y generan desconfianza en la ciudadanía e inestabilidad política, además pone en riesgo la democracia. Finalmente, las asambleas departamentales no respetan el voto electoral y esa actitud no es la correcta de nuestros gobernantes, quienes deberían alinearse al respeto a la ley y la legalidad.
Solo opositores van al banquillo
Tensión. Diputados, senadores, gobernadores y alcaldes, todos de la oposición, enfrentan juicios instaurados por el Gobierno
Marco Chuquimia. La Paz, El Deber
Diputados, senadores, alcaldes y gobernadores opositores reúnen casi un centenar de juicios instaurados por autoridades de Gobierno y la principal acusación es ‘desacato’, recordaron ayer algunos de los afectados.
Según la declaración del diputado Luis Felipe Dorado, la judicialización de la política está plenamente demostrada con el recuento de los procesos que enfrentan sus colegas y autoridades elegidas en diferentes regiones.
“Nunca tuve un juicio, jamás tuve problemas con la justicia y ahora, por fiscalizar, tengo seis juicios iniciados por el Gobierno y no soy el único, hay varios colegas que tienen juicios por desacato desde el Ministerio de Transparencia, principalmente”, dijo el legislador.
El senador Róger Pinto y el gobernador de Santa Cruz son los que ‘encabezan el ranking’. En el primer caso, Pinto declaró que tiene 15 juicios que le siguen las autoridades de Gobierno y el último caso que le inició el ex- ministro Sacha Llorenti causó la risa del senador, que dijo en septiembre que había perdido la cuenta del número de procesos que tenía.
La senadora Carmen Eva Gonzales (PPB-CN)explicó ayer que tiene cuatro procesos, dos en juzgados de Cobija y dos en La Paz; en los cuatro juicios, la acusación es desacato. Curiosamente, dijo, no conoce que en la justicia se esté procesando a las autoridades que ella denunció, principalmente al gobernador de Pando, Luis Adolfo Flores.
El diputado Rafael López (PPB-CN) también dijo que un acto de fiscalización derivó en un juicio en su contra y que no es el único caso, ya que los procesos son ‘innumerables’ entre los diputados y senadores opositores.
Dorado afirmó que su colega Adrián Oliva enfrenta cinco procesos, aproximadamente; Franz Choque tiene cuatro; otro diputado que enfrenta procesos es Andrés Ortega y a ellos se suma una lista de 13 legisladores que tienen dos juicios cada uno por el caso bingo Bahiti.
En la Corte de La Paz informaron de que la ministra Nardy Suxo encabeza una extensa lista de “parte querellante” como acusadora en contra de varias personas, algunas de ellas legisladores.
Los opositores sienten que ‘juegan un partido sin árbitro’
Denuncian Diputados y Senadores acosados. Judicialización. La suspensión del gobernador de Beni y la imputación de tres diputados genera inquietud en la oposición.
El Día
El diputado de Convergencia Nacional, Adrián Oliva, comparó el llamado “juego del gato y el ratón” con la judicialización de la política ejecutada por el oficialismo contra la oposición. Ejemplificó esta situación con un partido de fútbol en el que "si no tuvieran al árbitro a su favor no podrían meter goles”, a tiempo de denunciar con otros compañeros legisladores, en La Paz, la persecución de la que son objeto, según ellos "por pensar diferente".
"Eso es lo que pasa con el MAS y es una pena que tengan que perseguir a los jugadores del equipo contrario para ganar”, graficó.
"El caso más visible es el mío", aseguró el senador de Convergencia Nacional por Pando, Róger Pinto. “Tengo 17 procesos por sedición, incumplimiento de deberes y desacato”, agregó.
El tema reflotó después de la probable suspensión del diputado Andrés Gallardo y de una demanda por racismo aceptada por la Comisión de Ética en contra del diputado de Unidad Nacional, Jaime Navarro, cinco días después de la suspensión del gobernador opositor beniano, Ernesto Suárez.
Asimismo, el diputado cruceño Luis Felipe Dorado, de Convergencia Nacional, dijo que por denunciar la existencia de “un árbol de la corrupción” que existe en el gobierno enfrenta, junto a una decena de parlamentarios, un proceso por desacato y sedición, además de enfrentar otra acusación de haber recibido dinero del clausurado bingo Bahiti.
“Yo ya perdí la cuenta de cuántos procesos tengo y cuántos me han amenazado”, dijo por su parte la cochabambina de Convergencia, Norma Piérola, al señalar que "se viene un año difícil en el que caerán varios opositores porque los jueces que ejercerán desde el 2012 son afines declarados al Movimiento al Socialismo y el ‘persecutómetro’ será peor".
No hay impunidad. Por su parte, la asambleísta masista Betty Tejada descalificó las denuncias de sus compañeros. “Parece que le interesa que volvamos hacer que las autoridades electas gocemos de una absoluta inmunidad para actuar impunemente y que no tengamos las mismas condiciones que cualquier ciudadano al momento de rendir cuentas. En la Asamblea es mucho más grave, con seis faltas somos pasibles de revocatoria. No tengo palabras para referirme a lo que dice la oposición porque las encuentro irresponsables", dijo a la Red Unitel.
En la mira no solo gobernadores
Diputados y senadores opositores denunciaron que el gobierno de evo morales también los tiene contra las cuerdas con varios juicios.
Nadie debe ser considerado impune
Eso dice la diputada masista por Santa Cruz, Betty Tejada, a tiempo de descalificar las denuncias presentadas por los opositores al régimen del MAS.
100 Juicios
Por lo menos calculan que acumulan entre todos los opositores a Morales.
Este es el ‘persecutómetro’
Senador Róger Pinto. Ha sido prefecto de Pando y electo senador en dos gestiones consecutivas durante el gobierno de Evo Morales. Se ha quejado porque tiene acumulados 17 procesos, por sedición, incumplimiento de deberes y desacato.
Norma Piérola. Se ha estrenado esta legislatura como diputada por el departamento de Cochabamba. Se ha quejado porque tiene cinco procesos por desacato, incumplimiento de deberes, denuncias falsas y ha sido llevada al Tribunal de Ética.
Luis Felipe Dorado. Es diputado cruceño que junto a su colega Jéssica Echeverría denunciaron la existencia de un “árbol de la corrupción” en el Gobierno. Enfrentan procesos por sedición, desacato, calumnias y daños económicos al Estado.
Adrián Oliva. Es diputado por Tarija y fue uno de los defensores del gobernador electo Mario Cossío cuando fue suspendido del cargo. Tiene cuatro procesos penales por sedición, desacato e incumplimiento de deberes en el ejercicio de funciones.
Jefes Políticos. Los dos principales líderes políticos de oposición, Juan del Granado, del Movimiento Sin Miedo, y Samuel Doria Medina, del UN, acumulan el primero tres y el segundo cuatro procesos.