Medida. Ayer durmieron en Santa Fe. Hoy esperan llegar a Yapacaní.
Alivio. Los marchistas fueron recibidos en la parroquia de San Carlos, donde repusieron fuerzas para seguir hasta Santa Fe.
Pablo Pedraza. San Carlos, El Deber
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El grupo de personas con discapacidad que marcha hacia La Paz, exigiendo un bono de Bs 3.000, ha sufrido 26 bajas desde que salió de Trinidad el 15 de noviembre; pese a ello, mantiene firme el objetivo de llegar a la sede de Gobierno para hacer escuchar sus demandas.
Mario Torrico, presidente de la Federación Cruceña de Personas con Discapacidad, informó de que partieron 120 marchistas y quedan 94, debido, en algunos casos, a la deshidratación y ampollas en los pies y en otros por daños que han sufrido sus sillas de ruedas.
Pese a estos percances, los discapacitados recorrieron ayer 21 km. Salieron a las 7:30 desde Buenavista y a las 11:00 ya estaban en San Carlos, donde los acogieron en la parroquia de dicha localidad, ubicada a 110 km de la ciudad de Santa Cruz. Luego de reponer fuerzas caminaron 11 km más hasta Santa Fe.
“Hoy, luego de evaluar el estado de salud del grupo, continuaremos hasta Yapacaní. Hemos tenido varias bajas, sin embargo existe el compromiso de nuestros compañeros de reintegrarse, una vez que se repongan de sus males y de que hagan reparar sus sillas de rueda”, manifestó Torrico.
Agregó que la medida de presión no está dirigida contra el Gobierno actual, sino contra el Estado en general, ya que desde siempre han sido postergados por autoridades nacionales, departamentales y municipales. “Creemos que ahora, que tenemos un Gobierno socialista, es el tiempo de los discapacitados, al igual que el de los indígenas”, remarcó el dirigente del sector.
Según Torrico, se pide un bono anual de Bs 3.000 para los discapacitados en estado muy grave, que son unos 20.000, “pero como el Gobierno dijo que pagar ese monto solo a una parte de las personas con discapacidad sería discriminación, ahora le tomamos la palabra y solicitamos la cancelación del dinero a todos, que llegamos a un número de 40.000”.
El diputado Jaime Estívariz, también representante de las personas con discapacidad, dijo por su lado que no han tenido ningún contacto reciente con el Gobierno y que el acuerdo firmado con un grupo de discapacitados no tiene validez, ya que fue pactado con personas que trabajan en la Gobernación de Cochabamba y en el Ministerio de Justicia.
Carlos Romero, ministro de la Presidencia, expresó que el pago del bono no sería sensato ni factible, porque las personas con discapacidad representan el 1% de la población nacional y para asumir esa responsabilidad se necesitarían Bs 300 millones anuales.
“Nosotros ya nos reunimos con la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad, que aglutina a nueve asociaciones departamentales y cuatro federaciones especiales y con ellas firmamos un acuerdo. Sus representantes nos manifestaron que no reconocen la movilización del diputado Estívariz, pero pese a eso las puertas del diálogo están abiertas”, concluyó el ministro.
Para saber
– Pedido. Las personas con discapacidad que marchan hacia La Paz, además del bono anual de Bs 3.000, exigen asistencia en salud, educación, trabajo y vivienda.
– Acuerdos. Según el dirigente de los discapacitados en Santa Cruz, Mario Torrico, en los últimos cinco años se concretaron 61 acuerdos con el Gobierno y en uno de ellos se incluye el pago del bono. Como ninguno se cumplió, ahora se exige un decreto ley.
– Vigilia. Las personas con discapacidad mantienen grupos de vigilia en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Beni y Santa Cruz, donde además hacen gestiones para obtener recursos económicos y donaciones para continuar con la marcha hasta la sede de Gobierno.
El Gobierno anuncia nuevo proyecto
El Ministerio de Educación proyecta iniciar el 2012 con la creación de nueve complejos integrales multifuncionales, destinados a la atención de las personas con capacidades especiales.
Cada complejo estaría compuesto por centros médicos, psicólogos y pedagogos, para diagnosticar y resolver problemáticas de las personas con discapacidad, informó el viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre.
En una primera fase, estos complejos funcionarían en las ciudades capitales de cada departamento del país; en una segunda etapa, llegarían al área rural. La infraestructura y el equipamiento de estos centros tendrán un costo de Bs 10 a 14 millones. /ANF.