La institución verde olivo perdió en esta gestión la tuición sobre el servicio de Identificación Personal y licencias de conducir, las que pasaron a depender de una administración civil gubernamental.
El nuevo emblema de la Policía Nacional. Foto: ANF
Por YURI FLORES
LA PAZ, 18 Dic. (ANF).- La policía nacional fue despojada por el gobierno de Evo Morales durante la gestión de 2011 de responsabilidades que pertenecían a la institución del orden público desde su creación, como la carnetización de la población boliviana y las licencias de conducir.
Con la creación de la Ley del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) y del Servicio General de Licencias Para Conducir (SEGELIC), el pasado 27 de junio de 2011, el gobierno dispuso la desaparición de la Dirección Nacional de Identificación Personal, la Escuela de Conductores y las reparticiones encargadas de las licencias para conducir vehículos, dependientes de la Policía Boliviana, y el traspaso de la infraestructura y documentación de la Dirección Nacional de Identificación Personal y Licencias de Conducir al SEGIP y al SEGELIC.
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Y en las disposiciones finales se define que los funcionarios de la Policía serán sujetos de responsabilidad ejecutiva, administrativa, civil y penal que corresponda, si obstaculizarán el trabajo de los funcionarios de estas nuevas instancias
El ministro de Gobierno de ese entonces, Sacha Llorenti, informó que la ley es para institucionalizar la recaudación y administración de esos recursos por civiles. Argumentó que esta decisión libera a un millar de uniformados que cumplían labores de escritorio en dependencias policiales encargadas de la generación de recursos interinstitucionales.
Ley del Ministerio Público
Con el tratamiento de la Ley del Ministerio Público en la Asamblea Legislativa, la Policía Boliviana es susceptible de la posible pérdida de atribuciones en las instancias investigativas con esta nueva ley, según lo reconoció el coronel Jorge Toro, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
Este proyecto de Ley quitaría casi toda la actividad investigativa de la Policía y el Ministerio Público tendría el monopolio de ello. En 10 años, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se realizan las pericias, mostró su aplazo al no responder al trabajo requerido.
Por su parte, el Fiscal General del Estado, Mario Uribe, afirmó que por medio de la nueva Ley del Ministerio Público, “no se quiere relegar a la Policía, sino simplemente en casos de investigaciones nacionales, de interés de la población o cuando la seguridad del Estado esté en peligro”, ya que se exige que la policía actué con mayor responsabilidad, competencia, capacidad y eficiencia en la persecución penal; y a la vez se le otorgue al Ministerio Público la posibilidad contratar investigadores de alta calidad para trabajo eficiente en casos necesarios de persecución penal que interese al Estado y sociedad”.
Sin embargo, el coronel Toro espera que los asambleístas determinen que no se le despoje a la policía de las atribuciones en lo que respecta a las investigaciones.
El coronel Toro mencionó que el proyecto de ley del Ministerio Público tiene 135 artículos, siete de los cuales afectan a la institución policial, motivo por el cual han realizado la representación respectiva para que la Comisión pueda reformular criterios.
Por su parte, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Roberto Quiroz, sostuvo que se realizarán reuniones entre las instancia encargadas para que exista una coordinación sobre el manejo investigativo y no como plantea el proyecto de ley, “la determinación nuestra es que la parte de investigaciones se mantiene en la policía”.
Disputa por el control vial en La Paz
La determinación del municipio de La Paz de implementar el plan de reordenamiento originó un enfrentamiento entre la alcaldía y el Organismo Operativo de Tránsito. Ambos sostienen ser los encargados de regular el tráfico vehicular.
El alcalde Luís Revilla presentó una demanda penal contra el comandante de Tránsito, Carlos Gutiérrez, por el delito de incumplimiento de deberes, “por rehusarse a cumplir con su deber de ordenar el tráfico, bajo las instrucciones de la autoridad municipal y estorbar el ejercicio de las funciones de funcionarios públicos”.
En tanto, el comandante Gutiérrez determinó iniciar una demanda penal en contra de la Alcaldía de La Paz por supuestos siete delitos: resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y leyes; incumplimiento de deberes; ejercicio indebido de la profesión; nombramientos ilegales; impedir o estorbar el ejercicio de funciones; atentado contra la seguridad de los transportes; y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.