Ley antidrogas. Juez podrá ordenar vía teléfono o internet un allanamiento

Propuesta. La nueva ley antidrogas de Bolivia prevé que también lo podrá hacer vía internet; legalizará escuchas telefónicas. FELCN podrá destruir pistas clandestinas.

Juez ordenará con una llamada los allanamientos

La Razón – Miguel A. Melendres – La Paz

Un juez podrá ordenar el allanamiento de un domicilio con una llamada telefónica o por internet, según lo establece el artículo 180 del proyecto de Ley Especial de Sustancias Controladas y Delitos Conexos.



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Operativo. Efectivos antidroga destruyen una fábrica de cocaína.

“En los casos de delitos de tráfico ilícito de sustancias controladas y delitos conexos, el juez cautelar competente en la materia podrá autorizar el allanamiento de domicilio, incluso por vía telefónica o informática”, refiere el proyecto al que tuvo acceso La Razón.

En ese caso, añade la iniciativa legal, el juez hará conocer al fiscal el número de la orden judicial de allanamiento, que será regularizado en el plazo de 48 horas y una vez ejecutado, el fiscal “bajo responsabilidad y obligatoriamente, dentro de las 48 horas siguientes de la ejecución del acto, informará al juez cautelar sobre los resultados del allanamiento”.

También prevé, al igual que el actual Código de Procedimiento Penal (CPP), la prohibición de la realización de cualquier allanamiento de domicilio o residencia particular, en horas de la noche. Esta labor únicamente se podrá efectuar durante las horas hábiles del día; es decir, entre las 07.00 y las 19.00 horas.

El artículo 180 del CPP establece que el allanamiento de domicilio se hará con resolución fundada del juez y la participación obligatoria del fiscal, pero no le da la facultad al juez para que ordene la inspección por medios electrónicos, como la propuesta del proyecto de ley.

La nueva norma de lucha contra el narcotráfico suplirá en parte a la Ley 1008 de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, vigente desde hace 23 años. La iniciativa legal también penaliza el microtráfico a partir de la tenencia de más de 10 y 500 gramos de droga. Además sube de 28 a 46 los tipos penales antidrogas.

Condenas. Por ejemplo, señala que la tenencia superior a 500 gramos de marihuana, 100 gramos de hachís y  50 gramos de cocaína o sustancias estupefacientes con base en la cocaína será sancionada con penas de cárcel de 4 a 8 años.

Entre los tipos penales está la fabricación; refinación; comercialización; exportación e importación; transporte; traslado dentro del cuerpo; posesión, depósito y almacenaje; microtráfico, organización criminal, desvío de sustancias químicas, administración ilícita, inducción al consumo, uso de ambientes y vehículos para el consumo, legitimar ganancias ilícitas, alteración y sustracción del objeto del delito.

El diputado opositor Tomás Monasterios consideró que también debería agilizarse el trabajo para regular la problemática de la coca excedentaria. “Planteamos una reducción a 10.000 hectáreas”, señaló. Informes de Naciones Unidas dan cuenta que hay más de 30.000 has de cultivos de coca.

Planeaban equipar al Cigein

El Gobierno planeaba equipar con equipos de escuchas telefónicas el Centro de Investigación y Generación de Información (Cigein), que estaba al mando del general (r) René Sanabria, según se conoció en el Viceministerio de Defensa Social. Sanabria está detenido.

Legalizará escuchas telefónicas

El proyecto de Ley Especial de Sustancias Controladas y Delitos Conexos, que socializa el oficialismo, plantea legalizar las escuchas telefónicas para fines investigativos contra el delito del narcotráfico.

“En los delitos de tráfico ilícito de sustancias controladas, la autoridad judicial competente podrá autorizar la interceptación de llamadas telefónicas del investigado”, establece el artículo 66 del citado proyecto de ley al que tuvo acceso La Razón. En el documento se justifica la acción con el argumento de “obtener mayores elementos de prueba dentro del proceso”.

También entrega a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), la función de proporcionar información y apoyo técnico a entidades de interdicción contra el narcotráfico, además de desarrollar investigaciones que apoyen las labores de Inteligencia, control y fiscalización de las sustancias ilícitas.

La legalización de las escuchas estaba contemplada en el anteproyecto de Ley de Interceptación de Comunicaciones con Fines Investigativos de Delitos. En enero, el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, afirmó que Francia tenía interés de financiar el costo de equipos de comunicación de alta tecnología para la lucha antidrogas, una vez que la Asamblea Legislativa apruebe la norma de interceptación de llamadas, además aspectos como la de extensión de dominio y el microtráfico.

FELCN podrá destruir pistas clandestinas

Por falta de radares, hay debilidad en el control del espacio aéreo.

La Razón

El artículo 65 del proyecto de Ley Especial de Sustancias Controladas y Delitos Conexos prevé que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), podrá destruir las pistas clandestinas utilizadas por los narcotraficantes para transportar droga por vía aérea.

“En el marco de la prevención del tráfico ilícito de sustancias controladas, (la FELCN) procederá a la destrucción o inutilización de pistas clandestinas en coordinación con las autoridades locales municipales”, señala el artículo.

El artículo 105 de la norma proyectada, que describe las atribuciones de la Policía Antinarcóticos, confirma la función de inutilizar estos espacios, que se le da a la FELCN en tareas antidrogas.

En mayo, el director nacional de la FELCN, Coronel Gonzalo Quezada, expresó su preocupación por el descubrimiento de varias pistas clandestinas y avionetas siniestradas, especialmente en la Amazonía boliviana, que son utilizadas por narcotraficantes para el traslado de importantes cantidades de cocaína, supuestamente desde el departamento de Santa Cruz con destino al Brasil.

Reconoció que no existen los mecanismos de control suficientes para hacerle frente a los narcotraficantes que trasladan droga por vía aérea porque no se tiene completamente monitoreado el espacio aéreo nacional por la falta de radares. El Gobierno adquiere radares para las fronteras.