Rubén Vargas
Los ajetreos navideños de la penúltima semana del año no han logrado eclipsar con su parafernalia papanuelesca dos noticias políticas: la derrota electoral del MAS en las elecciones de alcaldes de Sucre y Quillacollo, y la defenestración del gobernador del Beni, Ernesto Suárez.
En rigor, son dos caras de la misma medalla porque tanto la derrota electoral masista como la destitución de Suárez tienen el mismo origen y plantean el mismo problema. El origen se llama desconocimiento de la voluntad popular y el problema que toca las puertas se llama ingobernabilidad.
Hubo elecciones de alcaldes en Sucre y Quillacollo porque las autoridades electas en los comicios de abril de 2010 (que resultaron ser —¡maldita sea!— de la oposición) fueron suspendidas a través del procedimiento favorito del Gobierno. Para abreviar, ese procedimiento se llama, usando la jerga futbolera: ganar en mesa lo que se perdió en cancha.
En ambos casos, la destitución forzada de las autoridades desató un verdadero zafarrancho que prácticamente paralizó la gestión en esos municipios. Una pequeña muestra de cómo el desconocimiento de la voluntad de los votantes para acumular poder a como dé lugar puede provocar el caos.
La solución al entuerto tuvo que venir, otra vez, por la vía de las urnas. Y, otra vez, el MAS fue derrotado. Sobre llovido mojado, se diría, después del fiasco de las elecciones judiciales del 16 de octubre. En este caso, además, el presidente Morales ha debido sentir la derrota como algo personal puesto que él mismo encabezó las campañas electorales de sus candidatos, desoyendo la normativa que prohíbe a los servidores públicos (él es el primer servido público del país) hacer proselitismo y, en su caso, hacerlo además con recursos provenientes de las arcas estatales. Pero, en fin, esas son cuestiones meramente legales a las que nadie, ni el Órgano Electoral, le da importancia.
El caso del Gobernador del Beni es el mismo. Sin embargo, hay un detalle en este enojoso asunto en el que vale la pena reparar. Para lograr la destitución de Suárez, el partido de gobierno ha tenido que recurrir al voto del representante del mil veces vilipendiado Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), emblema del diez mil veces vilipendiado neoliberalismo y archienemigo, por lo menos en la retórica, del MAS.
En la medida que la fuerza política del MAS va mermando (este año que termina ha perdido fuerza en la movilización y en las urnas, las dos fuentes de su legitimidad), las componendas con otros partidos políticos, como acaba de ocurrir en el Beni, se irán haciendo cada vez más frecuentes. Retornarán las oscuras golondrinas, es decir regresarán los mil veces vilipendiados pactos políticos.
Mientras tanto, el proceso contra los responsables de la violentísima intervención de la marcha de los indígenas de tierras bajas en defensa del TIPNIS se enreda en los vericuetos de la chicanería jurídica. No hay cuándo arranque. Una pequeña muestra de la diferencia de velocidades con la que actúa la señora Justicia en estos tiempos de cambio. Más veloz que el relámpago cuando se trata de juzgar y condenar a los opositores, y casi paralítica cuando los que pueden resultar involucrados están en el poder.
A propósito, el inminente 2012 se inaugurará, precisamente, con la posesión de las autoridades judiciales que perdieron las elecciones del 16 de octubre. (No me pidan que explique esa paradoja, excede las capacidades de cualquier mortal). 2012 será el año de la nueva Justicia o, según otros, del fin del mundo.
La Razón – La Paz