Dirigentes opositores y el Colegio Nacional de Abogados criticaron ayer la posesión de los 56 magistrados que jurarán el próximo 3 de enero, en Sucre, pues los consideran ilegítimos y temen que se conviertan en un brazo represor del gobierno del presidente Evo Morales.
Uno de los líderes opositores, Samuel Doria Medina, aseguró que los nuevos magistrados carecen de legitimidad tras la votación negativa del pasado 16 de octubre donde la población mayoritariamente optó por la opción de voto nulo y blanco.
Hizo notar, además, que ninguna autoridad o mandatario extranjero, incluso de los aliados del bloque del denominado socialismo del siglo XXI, acudirá al acto.
“Incluso los amigos más cercanos desde el punto de vista ideológico del Gobierno, no se han querido prestar a este absurdo”, señaló,
Por eso considera que todo el acto será “una farsa”.
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Brazo represor
Por su parte, la diputada de Convergencia Nacional, Norma Piérola, observó que en 2012 "se viene un año difícil para quienes no comulgan con el pensamiento del gobierno de Evo Morales, porque este tendrá a jueces y magistrados al cien por cien a su servicio para dictar las sentencias desde el Palacio de Gobierno".
También dijo que la Ley 025 del Órgano Judicial incorpora algunas figuras como el Defensor del Litigante que será un personaje que responde al gobierno de turno y con dualidad de funciones con el Consejo de la Magistratura para iniciar procesos a jueces que supuestamente no actúen con celeridad.
A esas críticas se sumó la presidente del Colegio Nacional de Abogados, Silvia Salame, quien consideró que gastar 50 mil bolivianos en la posesión es una suma demasiada alta.
Autoridades de gobierno no fueron ubicadas ayer para contrarrestar esas versiones, sin embargo, cuando se entregaban las credenciales, el vicepresidente Álvaro García Linera descalificó las críticas "de quienes aún viven en el pasado".
El 15 de enero arrancan
Mientras tanto, se anunció ayer que tras la posesión de los magistrados, las labores en las nueve cortes judiciales del país se reiniciarán el 15 de enero. En Santa Cruz no saben dónde ubicarán a cinco nuevos vocales que se sumarán a los 15 que ya existen porque en el Palacio de Justicia no existe espacio ni para instalar nuevos juzgados.
En un año resolverán las causas atrasadas
La ley de transición judicial establece que los magistrados suplentes deberán resolver como liquidadores las 10 mil causas pendientes hasta fines del año 2012.
4.000 Empleados del Poder Judicial aguardan con expectativa y advierten que pueden quedar en la calle.
56 autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Constitucional, Agrario y de la Judicatura serán posesionados.
Analista
El analista Humberto Vacaflor cree que con las nuevas encuestas, en las que se comprobó la caída de popularidad de Evo Morales, “todo lo que se hizo para las elecciones judiciales de octubre podría haber sido en vano”.
“Para que la trampa que hizo al parlamento no parezca tan grosera, el presidente necesitaba que su postulación a la reelección sea autorizada por un Tribunal Constitucional obediente, lo que era todo el propósito de las elecciones”.
"Eso nos lleva a que el país terminó malgastando Bs 160 millones para un proyecto que ahora está en riesgo porque Evo perdería", concluyó Vacaflor.
La gratuidad
Implica la eliminación del cobro de aranceles y de timbres al momento del ingreso de las causas a partir del 2012, tal como establece la Ley 025 del Órgano Judicial. Hasta ahora se desconoce si esta se aplicará al mismo tiempo o se realizará en forma gradual porque con ese dinero sustentan los gastos propios.
La oralidad
Es la incorporación de juicios orales, además del área penal donde ya está implementado, a las áreas civiles, familiares, laborales. Permitirá en menos tiempo llegar a un fallo y disminuirán los gastos de los litigantes.
El Día – Santa Cruz