Presidente Morales niega el bono y marchistas van a La Paz

Tensión. El presidente desestimó la petición de las personas con discapacidad. El Concejo Municipal aprueba una ordenanza que les habilita el 5% de los puestos en los mercados municipales nuevos.

image Tensión. La Policía resguardó las afueras de la Brigada, donde los marchistas llegaron para cuestionar a los legisladores



D. Ortiz / C. Peña y Lillo; El Deber

Se rompió un nuevo intento de diálogo entre las personas con discapacidad y los parlamentarios. Ayer los legisladores masistas que llegaron a nuestra capital tuvieron que salir huyendo de la Brigada Parlamentaria Cruceña y aseveraron que un bono para este año es inviable, posición que horas antes había sido señalada por el presidente Evo Morales, argumentando que es imposible garantizar económicamente el pedido de los marchistas.

Rebeca Delgado, Juan Carlos Sejas y Antonio Franco, miembros de la Comisión de Política Social y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, se reunieron con Jaime Estívariz, Carlos Mariaca y Ely Pedriel, representantes de los movilizados, en el salón de sesiones de la brigada.

El encuentro comenzó pasadas las 16:00 y concluyó abruptamente poco antes de las 18:00, cuando la gente con capacidades diferentes decidió salirse del hemiciclo legislativo, no sin antes acusar a sus interlocutores legislativos de faltos de propuestas y burocráticos.

“Las buenas intenciones no bastan”, les dijo Estívariz a los diputados poco antes de retirarse del lugar, luego de que Delgado y Sejas explicaran que la movilización de las personas con discapacidad duele y sensibiliza al Gobierno.

“Nosotros queremos tratar la ley del trato preferente, pero ya vimos que ellos no quieren eso”, indicó Delgado antes de abandonar la sala, custodiada por policías del ente legislativo. Cuando se le consultó sobre el bono, Delgado reiteró que ese pedido no está contemplado en la normativa que proponen debatir con el sector y dejó en duda que esto se pueda incluir en los recursos estatales del siguiente año.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, indicó en La Paz que la solicitud de un bono no está de acuerdo al tamaño del bolsillo estatal, aunque aclaró que se pueden buscar otras alternativas. Puso como ejemplo la capacitación para que las personas con discapacidad puedan insertarse al mercado laboral o ampliar el porcentaje obligatorio para que ingresen a trabajar en instituciones públicas y privadas.

Sin embargo, Arce no hizo ningún planteamiento frente a la solicitud del bono, que, a decir de Estívariz, evitará que muchas personas con discapacidades severas y que no tienen posibilidades de trabajar, puedan tener un soporte económico que les permita subsistir dignamente.

De acuerdo con los datos que maneja el diputado cruceño, en el país hay 90.000 personas que no pueden valerse por sí solas o están postradas en una cama, a consecuencia de parálisis cerebral, problemas mentales y otras complicaciones motoras severas.

Los movilizados ya han cumplido más de un mes de protesta y hoy retornarán a las rutas para caminar hasta Warnes, una parada previa en el periplo que pretenden concluir en la sede de Gobierno.

La marcha por la integración partió de Trinidad el 15 de noviembre y tiene a 94 personas recorriendo las carreteras del país. El descanso de dos días en nuestra capital les permitió reponer fuerzas y arreglar sus sillas ruedas.

Unos piden el bono, otros lo rechazan

Mientras que las personas con discapacidad que se encuentran movilizadas están firmes en su posición de exigir un bono, la senadora del MAS, Rina Aguirre, sostuvo que más beneficioso para el sector sería impulsar proyectos sostenibles para mejorar sus condiciones de vida. “Me parece que un bono no es la solución a situaciones extremas, sino más bien políticas  con direcciones claras que solucionen problemas concretos dentro de esta realidad social”, dijo la asambleísta no vidente y agregó que la dirigencia, en lugar de pedir un bono, debería presentar una propuesta para resolver los problemas del sector.

Al respecto, el dirigente Jaime Estívariz consideró que la legisladora ha fijado una posición partidaria, “dando la espalda a sus propios compañeros no videntes y olvidándose que seguramente ella se ha beneficiado con el bono de los no videntes, una conquista de ese grupo de personas con discapacidad”, dijo.

Estívariz recordó que las personas con problemas de visión reciben un bono anual de Bs 4.500 e insistió en que su demanda está enfocada en conseguir un beneficio para las personas con grado de discapacidad muy grave. “Hay muchos niños que necesitan Bs 100 diario para sus medicinas y sus madres no tienen dinero ni siquiera para comprar los remedios más urgentes”, sostuvo.

Les darán puestos en los mercados

El Concejo Municipal cruceño aprobó la tarde de ayer una ordenanza que autoriza la entrega, en calidad de concesión, del 5% de los puestos de venta de los mercados municipales a las personas con discapacidad.

La normativa, que fue analizada en el pleno del ente legislativo edil, establece un plazo de 30 días para que el ejecutivo municipal elabore un reglamento que defina el procedimiento para la concesión de los locales.

La noticia fue bien recibida por la dirigencia del sector, que considera que la medida  será de gran ayuda para las personas con capacidades diferentes que pueden trabajar.

    Una vieja lucha    

– En 2008. Entre agosto y septiembre, el gremio realizó protesta para pedir un bono anual de Bs 3.500, incluso aceptaron bajarlo a Bs 2.000.

– En 2009. Retomaron la lucha. En Santa Cruz hubo toma de oficinas como Impuestos Nacionales, la Defensoría del Pueblo, la Dirección del Trabajo incluso tomaron de rehenes a personeros del Gobierno. Entre septiembre y diciembre se colgaron en sus sillas del puente Urubó, se metieron dentro de contenedores de basura y también intentaron tomar puestos de control de peaje.

– ¿Cuántos son?. Según el sector, en el país hay 90.000 personas con discapacidad, la mayoría de las cuales no cuenta con un ingreso fijo ni trabajo estable. 

– Presupuesto. El Gobierno destina Bs 40 millones anuales para programas destinados a beneficiar el sector