Róger Cortés
Si son ciertas las noticias que se publicaron sobre la resistencia de los colonizadores asentados en La Asunta, Sud Yungas, una de sus principales demandas en el momento de resistir la erradicación de coca es el reconocimiento de un presunto derecho a expandir, sin tregua ni control, sus cultivos de esa planta.
El artículo 384 de la CPEP dice textualmente: “El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirán mediante la ley” y aunque pueda decirse que se presta a interpretaciones ambiguas, hay que jalar demasiado la cuerda para concluir que alguna comunidad pueda refugiarse en su redacción o en la de cualquier otro texto legal para reclamar un derecho tan especial.
La fuerza que usaron los colonizadores para impedir la erradicación y para expulsar a la patrulla armada que cumple esas tareas, causando lesiones al oficial responsable, deja ver que si no están convencidos de la legitimidad de sus acciones y demandas, se sienten protegidos de alguna manera contra las represalias anunciadas por el Ministro de Gobierno o, por último, sus acciones manifiestan frustración por el prolongado incumplimiento de compromisos por parte de una administración encabezada por un dirigente cocalero.
La industrialización de la coca, la apertura de mercados alternativos, previa realización de estudios científicos que convenzan a otros países de que les sería conveniente o ventajoso adquirir los productos o incluso la materia prima, la despenalización internacional de la hoja y, finalmente, un estudio sobre la superficie cultivada y la requerida para usos legales son las principales promesas quebrantadas. Lo más que se ha hecho es una denuncia del tratado internacional sobre estupefacientes y una separación de regímenes legales entre el de la coca y todas las demás sustancias penalizadas.
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Eso está completamente lejos de las expectativas cocaleras y mucho más distante aún de las del resto del país que demanda una política integral para encarar los grandes riesgos para nuestra soberanía, seguridad, justicia y legalidad que entraña el aceptar abierta o encubiertamente un supuesto derecho de continua expansión de cultivos.
La Prensa – La Paz
