Tipnis. La CIDOB anuncia demanda en foros internacionales. Según el fiscal Uribe la investigación contra los exministros y jefes policiales continuará. El diputado de Convergencia Nacional Tomás Monasterio anuncia acciones contra el Fiscal General.
Fiscal rechaza juicio a Evo por represión a indígenas
Reacción. La CIDOB anuncia demanda en foros internacionales.
La Razón / Ernesto Calizaya / Sucre
La Fiscalía del Estado archivó obrados y rechazó las proposiciones acusatorias presentadas contra el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García por la represión policial del 25 de septiembre contra la marcha indígena por el TIPNIS.
El fiscal General Mario Uribe informó sobre la decisión asumida en torno a las dos denuncias presentadas por delitos como genocidio. La Sala Penal 2da de la Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de Justicia), en la que radica el caso, fue notificada con la resolución de la Fiscalía.
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El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez, calificó como un “favor político” la decisión de la Fiscalía del Estado y anunció que su sector presentará una denuncia contra Morales y García ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y la Vicepresidencia de la CIDOB presentaron una denuncia por 11 delitos, entre ellos incumplimiento de deberes, genocidio, maltrato infantil, racismo, discriminación y asesinato en grado de tentativa, además de lesiones leves, graves y gravísimas y maltrato de niños y niñas.
Un contingente de 450 policías reprimió el 25 de septiembre en Yucumo, Beni, a los indígenas que marchaban a La Paz en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Los uniformados maniataron y amordazaron con cinta masquin a decenas de movilizados.
La opositora Convergencia Nacional (CN) presentó la segunda proposición acusatoria por delitos como genocidio. “Se ha rechazado las dos proposiciones acusatorias, lo que significa archivo de obrados”, explicó Uribe, poco después de participar en la mañana de ayer de la inauguración del Año Judicial en el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
Añadió que la decisión que tomó es única y exclusivamente en el proceso planteado contra Morales y García, que se inscribe en el marco de la Ley 044 de juzgamiento del Presidente, Vicepresidente y Altas Autoridades del Órgano Judicial y de la Fiscalía.
Proceso. Hasta el momento la justicia no estableció quién dio la orden para la represión policial. El exministro de Gobierno Sacha Llorenti señaló como autor de la orden al también exviceministro de Gobierno Marcos Farfán. El exviceministro rechazó la acusación y reveló que el general Óscar Muñoz, que comandaba el operativo, le comunicó que inició las acciones por órdenes de La Paz.
El ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, suspendió en octubre a Muñoz del cargo de subcomandante de la Policía. La autoridad policial guarda detención domiciliaria por el caso Yucumo. El dirigente Chávez consideró que el Presidente y el Vicepresidente debieron iniciar un juicio contra Llorenti si no son responsables de la intervención. En caso de que el exministro tampoco hubiese dado la instrucción, lo que correspondía era que inicie un proceso al Alto Mando, señaló.
Uribe explicó que el proceso judicial iniciado en La Paz contra otras autoridades y exautoridades sigue su curso. El líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, inició un proceso contra Llorenti, Farfán, Muñoz, el comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban, entre otras personas vinculadas al hecho.
La represión policial fue ejecutada un día después de que un grupo de marchistas tomara como rehén al canciller David Choquehuanca para romper un cordón policial que evitaba un choque contra colonos opuestos a la movilización indígena. El dirigente Chávez informó de que no fueron notificados con la decisión de la Fiscalía, sin embargo anunció que llevarán la denuncia a instancias internacionales por violaciones de derechos humanos.
Chávez denuncia pago a marchistas
El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez, denunció ayer que el Gobierno prometió a los marchistas del Consejo Indígena del Sur (Conisur) el pago de 3.000 bolivianos una vez que se empiece a construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
El dirigente de la movilización Gumercindo Pradel rechazó la denuncia, mientras que el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, la calificó como absurda. La movilización del Conisur exige la anulación de la ley corta que veta la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el parque. La marcha, que partió el 21 de diciembre desde Isinuta, Chapare, llegó ayer Parotani, desde donde hoy retomará la caminata rumbo a La Paz.
Chávez, quien lideró la marcha que logró la aprobación de la ley corta, denunció que los miembros de la contramarcha también recibieron el compromiso de carnetización gratuita y proyectos de desarrollo con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Navarro cuestionó las declaraciones de Chávez. “No puede desvalorizar el sacrificio que hacen hombres y mujeres”. El viceministro señaló que los cultivos de coca en parques nacionales serán erradicados. La red Erbol reprodujo el fin de semana una declaración del indígena Pradel, líder de la marcha del Conisur, en la que reconoce que tiene cocales.
García: Habrá consulta para carretera
El vicepresidente Álvaro García anunció en una entrevista concedida a la cadena CNN que el Gobierno consultará con las comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) por qué lugar del parque deberá pasar la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
La ley corta veta la construcción de la carretera por el parque. La norma fue aprobada como consecuencia de la marcha indígena de Trinidad a La Paz, entre agosto y octubre. Otra movilización liderada por el Consejo Indígena del Sur (Conisur) exige la anulación de la ley corta.
“Va a haber la consulta, que no quepa la menor duda”, afirmó García en la entrevista concedida el fin de semana a la cadena de televisión. “El Gobierno va a consultar con los pueblos, las comunidades y las familias de la región por dónde tiene que pasar la carretera”, insistió la autoridad.
La carretera que unirá Cochabamba y Beni es construida por la brasileña OAS a un costo de 415 millones de dólares. La obra está dividida en tres tramos; el II está paralizado a la espera de un trazo alternativo al TIPNIS. En coincidencia con García, el presidente del Comité de Logística de los marchistas del Conisur, Antonio Guzmán, informó de que el sector presentará a la Asamblea Legislativa un proyecto que modifique la ley corta de tal forma de habilitar una consulta.
García señaló que la carretera no afectará la estructura del parque como zona de amplia diversidad. “Es posible, en un pequeño trecho, construir una carretera que nos garantice vinculación entre los mismos pueblos indígenas del TIPNIS con otros indígenas y otras poblaciones de Bolivia”, insistió el Vicepresidente.
Fiscalía rechaza demandas contra Evo y García Linera
TIPNIS. Según el fiscal Mario Uribe la investigación contra los exministros y jefes policiales continuará. El diputado de Convergencia Nacional Tomás Monasterio anuncia acciones contra el Fiscal General.
Un policía traslada a dos mujeres indígenas durante la represión que sufrieron los marchistas el 25 de septiembre pasado. Ap Agencia
Los Tiempos – 4/01/201.
La Fiscalía General del Estado descartó ayer presentar cargos contra el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, porque “no se encontraron pruebas suficientes”, para un juicio por presunto genocidio por la represión policial a la marcha de indígenas y campesinos, que rechazaban la construcción de una carretera que iba a atravesar el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
El fiscal general, Mario Uribe, explicó que no existe materia para iniciar un proceso contra las primeras autoridades gubernamentales; por tanto, resolvió rechazar las dos proposiciones acusatorias presentadas en contra del Primer Mandatario y el Vicepresidente, interpuestas por legisladores de Convergencia Nacional (CN) e integrantes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob).
Respecto a esta decisión del fiscal General, el diputado de CN, Tomás Monasterios, anunció que acudirán a tribunales internacionales para buscar justicia sobre la violación de los derechos humanos de los indígenas e iniciarán acciones legales contra Uribe por “encubrimiento”.
La representante de la Cibob, Justa Cabrera, dijo que analizarán la decisión del fiscal para determinar qué vías legales seguir para establecer la responsabilidad de los dos mandatarios, “porque pruebas hay”, insistió.
El líder de Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Medina, por su parte, manifestó que esta decisión demuestra que no hay justicia en el país, y la dependencia y el sometimiento del Ministerio Público al Gobierno.
“Estamos viendo que hay ‘justicia’ para los opositores y no así para los oficialistas. Tanto el presidente Morales como el Vicepresidente son responsables de la represión a la marcha indígena y lo que pasó después de ese 25 de septiembre”, dijo el líder político.
"Ya se remitió la resolución y el informe de las investigaciones correspondientes en el plazo legal establecido ante la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que también deberá pronunciarse", informó ayer el fiscal Uribe.
Las denuncias presentadas por la Cidob y los legisladores opositores en octubre pasado, en demandas separadas, incluían a un ministro, un viceministro y jefes policiales, entre otros.
El argumento para ambas demandas fue que la legislación boliviana señala que no sólo se juzga por genocidio a quienes exterminan un pueblo, sino también a los que causan lesiones graves o tratos inhumanos, como ocurrió con el ataque policial.
"La decisión que ha tomado mi autoridad es única y exclusivamente en el proceso contra el presidente y el vicepresidente. Con relación a las demás personas y autoridades, en el proceso que se está siguiendo en La Paz se establecerá lo que corresponda", explicó Uribe.
Agregó que el Presidente y el Vicepresidente quedaron fuera del proceso judicial, porque no se encontraron pruebas suficientes ni los fundamentos necesarios para responsabilizarlos de la violencia contra los indígenas, pues “no hay nada que establezca que ellos ordenaron la represión”.
"La decisión que tomó mi autoridad, en el marco de la Ley 44, es contra el Presidente y Vicepresidente del Estado", precisó.
Acudirán a tribunales externos
El diputado de Convergencia Nacional (CN), Tomás Monasterios, dijo ayer que la decisión del fiscal General, Mario Uribe, servirá para iniciar una acción legal en contra de la autoridad del Ministerio Público ante instancias internacionales por encubrimiento al presidente Evo Morales y vicepresidente Álvaro García.
Dijo que la decisión de rechazar las demandas contra los dos mandatarios, es una prueba de que “no existe transparencia y un manejo responsable de la investigación” de la represión a la marcha del Tipnis.
“Si él (Uribe) se da el lujo de retirar de la investigación al presidente Evo Morales y al vicepresidente entonces ¿quién es el culpable, dónde están los responsables directos de esta intervención?”, cuestionó el diputado.
Monasterios dijo que aguardarán la notificación formal para iniciar esas acciones ante la Corte Interamericana de Justicia y las Naciones Unidas. “Este tema nos sirve para en el futuro poder iniciar un proceso por encubrimiento al Fiscal General y a todos los actores dentro de este proceso de investigación que de alguna manera han tenido una actitud protectora al presidente Morales y al Vicepresidente”, dijo.