Rolando Antelo
Wilmar Villar es su nombre. Cubano de 31 años de edad. Murió hace unos instantes, asesinado en oscura prisión de los hermanos Fidel y Raúl Castro y sus cómplices.
La huelga de hambre reclamando libertad, democracia, derecho a expresarse libremente en el país en que nació y al que amaba, Cuba, lo llevó a la muerte.
Mi más enérgica condena al régimen cubano y toda la lacra burocrática que vive pisoteando los derechos por los que supuestamente luchó todo el pueblo para sacarse la dictadura de Fulgencio Batista.
¿Esperará usted que los militares y policías, jueces y fiscales sigan sometidos y sometiéndonos como si nada pasara, ya no sirviendo a la ley como manda la desobedecida Constitución, sino a la mafia cocalera que tiene el poder?
¿Sabía usted que el régimen cocalero, hace rato que ha llegado y sobrepasado los extremos de horror y muerte a los que llegan los hermanos Castro en Cuba?
¿Esperará usted a que los policías lleguen a buscarl@ por unas palabras escritas en vuestro perfil de Facebook o Twitter?
Les escribo claramente: Evo Morales y los serviles de su régimen quieren quedarse en el poder todo el tiempo que duren sus vidas.
Entiéndalo. Acéptelo.
Si usted no entiende y acepta esta realidad, seguirá sin entender lo que estamos viviendo.
La pesadilla de horror que a diario está viviendo Bolivia.
Es desde allí, desde la comprensión de esta realidad, que le pido que razone y concluya si aceptará para lo que le resta de vida, para sus hijos, familiares, amigos, vuestra sociedad, que sean cocaleros con aliados bien identificados, sin más Dios que sus intereses ilegales, los que tengan en sus manos la suerte del país, nuestra propia suerte y la de toda Bolivia.
O si luchará por cambiar esta realidad.
Evo Morales, con ayuda de verdaderos serviles, apátridas antidemócratas propios y aliados del oriente boliviano, se hizo aprobar una "Ley Corta Judicial" el 12 de febrero de 2010.
Esa "Ley Corta Judicial", aprobada al sexto día de la instalación del naciente y pomposo Estado Plurinacional de Bolivia, fue aprobada siguiendo claras consignas políticas personales del capo cocalero, en contra de disposiciones puntuales de la Constitución Política del Estado Plurinacional.
La misma determinó que todos los jueces y fiscales fueran designados por el presidente constitucionalmente elegido y pasaran a depender de la voluntad del también presidente de las 6 federaciones de productores de hoja de coca, Evo Morales, pese a disposiciones expresas de la Constitución "ninguneada".
Ese hecho jurídico extremo contra la democracia boliviana no fue denunciado externamente ni objetado internamente hasta recuperar la democracia, ni por los líderes políticos ni por miembros de la sociedad civil organizada.
Se equivocan Evo Morales y todos los miembros de su régimen si creen por ventura que esa actitud está cohonestando los hechos criminales, ilegal, lo inconstitucional, lo abominable.
La independencia de los poderes del Estado está consagrada universalmente como garantía y norma inequívoca, primaria e indispensable para preservar la democracia, las libertades civiles y políticas y el Estado de Derecho, en cualquier monarquía, régimen parlamentario, republicano y otros.
Todos esos derechos que nos eran propios a cada uno de los habitantes de Bolivia, desaparecieron en unos pocos instantes: los necesarios para aprobar y poner a funcionar la ilegal "Ley Corta Judicial".
Allí, en ese acto vil, fue asesinada la recién nacida Constitución Política del Estado Plurinacional.
Esa es la génesis de un Estado democratico que degenerándose a nivel parlamentario y en contra de la Ley Suprema, de la Razón, de la Historia, delegó todo el poder en una sola persona: Evo Morales.
No detallaré las barbaridades que ha vivido Bolivia toda, antes y desde la aprobación de esta incalificable norma que terminó con el Estado de Derecho y la racionalidad, pues es de sobra conocido el feroz ataque contra ciudadanos que desde la policía, fiscalías y juzgados se instaló en el país contra todo acto o persona que el régimen considera "enemig@ del proceso de cambio".
Decenas de alcaldes suspendidos, destituidos, gobernadores democráticamente elegidos en la misma situación, y actos de hipercorrupción, sobreprecios y despilfarro del erario público, inseguridad total, secuestros, narcotráfico y multitud de violaciones a los DDHH, pueden dar mejor cuenta que yo de esta barbarie institucional en vigencia.
Sí hablaré de dos hechos que marcan un avance directo en la consolidación de la barbarie destructora de la "patria cocalera de Evo Morales":
1. Los criminales actos de Lesa Humanidad promovidos desde el Estado, cometidos el 25 de setiembre de 2011 en la Masacre de Yucumo contra indígenas marchistas de 34 Naciones Originarias del Oriente de Bolivia, defensores del Territorio que habitan desde siempre en el Parque Nacional Isiboro Sécure.
2. Los recientes hechos criminales contra la población oriental en la denominada Masacre de Yapacaní.
La complicidad del Poder Judicial, las FFAA y la Policía Nacional, que obedecen órdenes del Poder Ejecutivo de reprimir y actuar en actos criminales que violan casi cotidianamente la letra y espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de San José de Costa Rica, de la ninguneada Constitución, del Código Penal, entre otras normas incumplidas, caen ya en la comisión de actos criminales planificados, permanentes, sistemáticos de Lesa Humanidad de parte del Estado en contra de los ciudadanos bolivianos.
¿Cómo defender la participación activa en el golpe político cocalero en Pando, de las FFAA que inclusive ocasionaron la muerte por bala de un pastor protestante?
¿Cómo justificar el envío de camiones del Ejército para trasladar a los indígenas reprimidos a mansalva en la Masacre de Yucumo, sin olvidar los aviones Hércules enviados por las FFAA?
¿Cómo no mencionar las declaraciones del diputado de Evo Morales, Sr. Garvizu, que dijo que todo esto hacía rato estaba en conocimiento del mismo Presidente, quienes intervenían en asuntos internos del municipio autónomo solo de nombre?
Las declaraciones del núcleo de poder cocacrático en boca de un ministro, dando fe del Estado boliviano mismo, acerca del resultado positivo de la prueba del guantelete realizado a 5 muchachos que ni piedras usaron para defenderse de la barbarie policial en Yapacaní y la comprobación pública de que los mismos se encontraban presos el día de los asesinatos, sumado al pedido de condena a 30 años de prisión(!) del mismo ministro, es mucho más grave aun, pues se trata de una clara actividad delictiva del más alto poder del Estado de Bolivia en contra de ciudadanos, con la consciente y activa participación de:
a) Poder Ejecutivo Nacional
b) Poder Judicial
c) FFAA y Policía Nacional. Su participación en Yapacaní, no fue solo represiva. Procedió a utilizar inclusive la violencia y coacción psicológica y física para obligar a tomar armas y disparar a los cinco muchachitos presos de Yapacaní, para que la prueba del guantelete diera positiva.
(Este hecho criminal fue utilizado inmediatamente para una conferencia de prensa en el mismo Palacio del Quemado, por un ministro que pidió “30 años de cárcel a los responsables de las muertes”).
d) Medios de Comunicación del Estado y periodistas que no informan al pueblo lo que esta asando.)
e) Parlamentarios y Consejeros, Concejales que defienden activamente esta confabulación.
f) Miembros paramilitares y parapoliciales utilizados para diversos fines.
Estos hechos y otros de no menor gravedad, no están ocurriendo en un país distante.
Están ocurriendo en nuestro país, a nuestro alrededor y no podemos ni debemos continuar de brazos cruzados, pretendiendo que esta violencia planificada no nos va a alcanzar jamás, que es lo que hicieron los falsos líderes en Santa Cruz y otros departamentos y algunos desde el extranjero.
La violencia del Estado en manos del cocalero contra el ciudadano, no es en contra solamente de aquellos que salen a una marcha para no quedarse sin su casa, que se la quiten, desmonten y metan hojas de coca o soya transgénica de socios del gobierno.
No es solamente contra presos a los que se obliga por la fuerza a disparar armas para involucrarlos con falsas pruebas, en asesinatos a mansalva.
No es solamente contra el inexistente sentido del bien común que debieron defender policías, militares, jueces, fiscales, diputados, senadores, consejores, concejales, alcaldes, gobernadores, ministros y el presidente que hoy están mancomunados pisoteando nuestros derechos.
La violencia del Estado de Bolivia en manos de Evo Morales y sus aliados, no es solamente contra normas incumplidas, violadas y pisoteadas en forma continua y alevosa.
La violencia es también en contra, ya no de ciudadanos elegidos arbitrariamente por estar reclamando lo que sus derechos amparan y el Estado desampara.
No.
La violencia del Estado de Bolivia es una violencia estructurada en contra de todos y cada uno de aquellos hombres y mujeres que forman parte la sociedad universal en que vivimos inmersos.
¡La violencia del Estado en manos del Sr. Juan Evo Morales Ayma, es también en contra de usted, que alcanzó a leer hasta aquí!
¡Resulta imperativo luchar desde la razón y la ley, dentro y fuera del país, para recuperar las instituciones, la libertad y la democracia para todos los bolivianos!
Estos valores no nos serán devueltos por los detentores del poder, aliados como están en contra de leyes y razones ciudadanos y sus vidas.
¡Peor, por obra y gracia de quien nos dejó el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y no matarás!
¿Qué pueden saber de Dios, de amor, de respeto a la vida, quienes no vacilan en tomar la vida de su prójimo como si ellos fueran sus propietarios?
¡Somos nosotros los que debemos luchar para recuperar nuestro país para todos y sacarlo del mal!
No existió gobierno autoritario eterno. Sin embargo, los hermanos Castro llevan medio siglo en el poder.
Y otros estuvieron décadas, como Stroessner, Ben Alí y Khadafi.
La violencia del Estado boliviano en contra del bien común y la paz de los ciudadanos que debió cuidar, debe ser combatida, ciudadano.
Le queda la opción de pensar que, sometiéndose, logrará evitar que la infamia criminal del poder, lo alcance y no hacer nada al respecto.
Le digo y concluyo:
Tener un gobierno ignorante no es letal para la vida.
Tener un gobierno ignorante que esté aliado del narcotráfico, sí lo es.
Las cartas están a la vista. A nuestra vista.
Yo elijo el camino de luchar por el pronto retorno de la paz, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, la vida, con el amor y la solidaridad común de banderas que logren la unidad.
La construcción de la Asamblea Boliviana Democrática es el camino para reconstruir Bolivia.
A usted, elegir vuestro camino. ¡Espero sinceramente que esté a mi vera!