Prensa de Bolivia en alerta ante un nuevo intento de control de aliados de Evo

La cumbre social elabora conclusiones. La mesa que genera inquietud es la de Comunicación, donde sectores han planteado modificaciones a la Ley de Imprenta.

Prensa en alerta ante un posible intento de control

image Ref. Fotografia: Movilizados. Los periodistas no descartan similares medidas de presión por pretender controlar los medios masivos.

El Día, Santa Cruz



La prensa en Bolivia se encuentra en alerta ante la intención de los movimientos sociales afines al MAS de cambiar la Ley de Imprenta bajo la premisa del control de los medios de comunicación.

Ayer comenzaron a perfilarse las conclusiones del Encuentro Plurinacional, donde una de las mesas más polémicas es la de Comunicación y Revolución Cultural.

En esta mesa propusieron modificar la Ley de Imprenta y la conformación  de un “Consejo de Comunicación” con el fin de ejercer control social a los medios masivos,  propuestas que serán confirmadas en esta cumbre social.

Los participantes son cuestionados por los dirigentes de los trabajadores de la Prensa, ya que, aseguran, no representan al gremio y están identificados con el partido de Gobierno.

El fiscal general de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, aseguró que la persona que se encuentra en ese evento político es Boris Quisbert, dirigente de la Federación de la Prensa de La Paz.

“Adicto al gobierno y a sus representantes, sería investigar dónde trabaja y en cuántos lugares”,  afirmó Vargas.

Modificar la CPE. Vargas aclaró que modificar la Ley de Imprenta es inconstitucional, ya que esta norma se encuentra reconocida en el artículo 107 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Resaltó que eso significaría modificar la Carta Magna, es decir, a través de una Asamblea Constituyente. Sin embargo, el panorama cambia desde la posesión de las autoridades judiciales, pues se les otorga capacidad interpretativa.

Similar criterio es el de Franz Araúz, secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Prensa Independiente de Santa Cruz.

Manifestó que el interés del masismo es la promulgación de la Ley de Medios, para controlarlos.

El secretario ejecutivo de la Federación de los Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, Roberto Carlos Hurtado, sostuvo que es necesaria la modernización de la Ley de Imprenta, pero con el consenso de la dirigencia del sector.

Tanto Vargas, Araúz y Hurtado coinciden que conformar un Consejo de Comunicación para el control social de los medios, "es una acción arbitraria del gobierno de Evo Morales".

Las principales organizaciones periodísticas de Bolivia no asisten al encuentro. Argumentaron que no corresponde debatir en un ambiente político derechos establecidos en la Constitución.

10 Mesas

Son las que participan de las conclusiones del Encuentro Plurinacional  de Cochabamba.

107 Artículo CPE

III. El Estado  garantiza  la libertad de expresión, el derecho  a la comunicación  y a la información.

‘Conclusiones serán legítimas’

Afirmó el ministro de la presidencia, Carlos romero, sobre los resultados del  primer Encuentro Plurinacional para fortalecer el cambio, que se realiza en Cochabamba.

ANP

Dipp descalifica las acusaciones de Juan Ramón Quintana

Declaraciones. El presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Marco Antonio Dipp, dijo que "hay que tomarlas como de quien viene" las declaraciones del director de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), Juan Ramón Quintana, quien aseguró que la ANP recibe dinero de Estados Unidos. Aclaró que las cifras de Quintana son correctas, pero que la ANP recibe colaboraciones de varios países solidarios como lo hizo la CDC (Capacitación y Derechos Ciudadanos) que fundó la ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo. ONG que recibió $us 50 mil para promover mecanismos pacíficos para la gestión de conflictos./Oxígeno.

Denuncian que pretenden desacreditar a la ANP

Explicó que el dinero que recibe es destinado a la capacitación de los periodistas.

Página Siete / La Paz

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) rechazó ayer las declaraciones del director de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), Juan Ramón Quintana, en relación a los recursos que recibe. Marco Antonio Dipp, presidente de la ANP, denunció que Quintana pretende desacreditar a la entidad que agrupa a la mayoría de los diarios del país.

El director de Ademaf cuestionó los recursos que recibe la ANP del National Endowment for Democracy (NED), institución que se identifica como una fundación privada, sin fines de lucro y dedicada al fortalecimiento de instituciones democráticas. Quintana asegura que al recibir recursos de una institución norteamericana se pierde independencia e imparcialidad.

“No veo cuál es el delito, tampoco entiendo si es algo prohibido como para que se lo presente con ribetes de escándalo. Nosotros no estamos cometiendo ningún acto ilícito”, afirmó Dipp.

El representante de la institución que agrupa a medios de comunicación privados explicó que no sólo se recibe fondos de la NED, sino también de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco), la Comunidad Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional, el Centro Carter, entre otros, para programas de capacitación de periodistas, de defensa de la libertad de expresión y de acceso a información pública.

“La información de la ANP está públicamente abierta a cualquier medio de comunicación y periodista. Invito al señor Quintana a que cuando quiera información más precisa de la labor del ANP visite sus oficinas, para que en otra ocasión hable con más propiedad”, afirmó Dipp.

Recursos de la NED

Denuncia. El director de Ademaf mostró, en una entrevista con medios estatales el pasado domingo, que la ANP recibe este financiamiento desde el año 2008 con 36.000 dólares; el 2009, 36.000, y el 2010, 55.000 dólares.

Ayuda. En Bolivia, la ANP es una de las diez organizaciones que recibe el respaldo de la NED y dedica los recursos financieros a realizar el monitoreo sobre la vulneración de las libertades de los ciudadanos, los periodistas y los medios de comunicación.