Lo más probable es que la agencia antidroga norteamericana nunca se haya ido del todo del territorio nacional, pero la firma del acuerdo tripartito Bolivia-Brasil-Estados Unidos amplía las posibilidades de un reingreso -así sea indirecto o por “interpósita persona”- de la Drug Enforcement Administration (DEA) en El Chapare y otras zonas rojas del cultivo de coca-para-cocaína.
En efecto, el convenio trinacional incluye un “sistema de control integrado de la reducción de cultivos excedentarios de coca”, lo que en buen castellano significa que habrá un monitoreo internacional diario de la erradicación en áreas ilegales.
Aunque esto se haga mayormente con la participación del Brasil, la estrecha cooperación de la fuerza antinarcóticos del vecino país con su par norteamericana implica que esta última contará con nueva y relevante información de campo.
Lo cual nos lleva a cuestionar el despropósito de la política del gobierno de Evo Morales en el tema, que primero expulsó a la DEA por la puerta en el 2008 y que ahora la readmite por la ventana.
¿Valió la pena la expulsión y el consiguiente aumento de cocales ilegales en los últimos años en un -por lo menos- 22%, de acuerdo a cifras de la ONU?
Los sindicatos cocaleros del Trópico de Cochabamba dirán seguramente que sí, aunque esto le signifique al país la llegada de clanes y emisarios de los grandes cárteles del narcotráfico.
Cuando casi todas las agencias antidroga del continente coordinan acciones con la DEA para una mayor eficiencia de la lucha, es un sinsentido el aislamiento provocado por la demagogia “antiimperialista” o, peor aún, por el interés de un sector extralegal de la economía.
Ahora, la presión brasileña -urgida por el aluvión de cocaína boliviana en las favelas- parece haber obligado a la administración evista a una rectificación parcial de ese rumbo…