Resumen de editoriales de la prensa boliviana correspondiente al domingo 12 de febrero de 2012.
EL DEBER: El TIPNIS y la seriedad del Estado
El destino del TIPNIS sigue en la tensa agenda de estos días. Luego de la marcha del año pasado, de los violentos episodios en su contra del 25 de septiembre de 2011 (aún sin esclarecerse totalmente en términos de responsabilidades) y de la aprobación de la llamada “Ley Corta”, se pensó que el problema del segundo tramo de la carretera quedaba resuelto y se buscaría -con tiempo- una alternativa válida para proseguir con la construcción de esa ruta vial por una diferente latitud (…). Desconocemos la magnitud de los intereses económicos ocultos detrás de todas estas movidas. Tampoco podemos especular al respecto sin datos fehacientes. Lo que sí salta a la vista de todos es la incoherencia del Gobierno, que un día hace una cosa y al día siguiente hace otra. La continuidad jurídica y la seriedad del propio país están en juego, pero parece que nada de eso importa. Lo fundamental –parece- es lograr lo que los intereses de turno mandan
PÁGINA SIETE: Las enseñanzas de la ley de consulta
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El viernes se promulgó una de las leyes más paradójicas de la vida reciente del país: la que pone en marcha un proceso de consulta sobre la construcción de un camino que atraviese el TIPNIS. Es paradójica por varias razones, empezando por ésta: sólo hace cuatro meses el mismo Presidente, en el mismo salón de Palacio de Gobierno, aprobaba una ley de sentido contrario, la que prohíbe la construcción del camino. Un giro de 180 grados demuestra la inconsistencia del Gobierno y el escaso valor de su palabra. Es paradójica también porque la que se pretende desarrollar no es una consulta previa, como la que manda la Constitución, sino “posterior”, puesto que el Estado boliviano aprobó el financiamiento para los tres tramos del camino, incluso el II, que atravesaría el corazón del parque. ¿De qué consulta previa se habla entonces? (…) El Presidente se declara “sorprendido” de que los indígenas no quieran la consulta; éstos a su vez deben estar “sorprendidos” por el cambio presidencial, que rechazaba ese mecanismo y hoy lo impulsa con tanta fuerza.
LOS TIEMPOS/LA PRENSA: Con seis meses de retraso
Pese a las sólidas advertencias del Defensor del Pueblo, de organizaciones identificadas con el proceso de cambio y de derechos humanos, el Presidente del Estado promulgó la Ley 222 de Consulta a los pueblos indígenas del TIPNIS, mediante la cual se convoca al “proceso de Consulta Previa Libre e Informada a los pueblos indígenas del TIPNIS y establecer el contenido de este proceso y sus procedimientos” (…). Es obvio que se hubiera ahorrado mucho si las autoridades de Gobierno cumplían ese requisito constitucional que es reafirmado mediante ley, ahora inoportuna, porque la construcción de los tramos I y II de la carretera ya comenzó (…). Lo que correspondería para que se legitime esta ley, si de veras hay voluntad de respetar el derecho indígena a la consulta previa e informada, ahora destacado insistentemente por las autoridades, el procedimiento que se debe seguir es que el proceso de construcción de la carretera vuelva a fojas cero.
CAMBIO: Ley de Consulta para el desarrollo
La Ley de Consulta Previa a los pueblos del TIPNIS decidirá si la reserva ecológica debe ser una zona intangible o, por el contrario, contará con un tramo de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. La flamante norma, que aún requiere de un reglamento, es un instrumento democrático para dirimir la polémica en torno al proyecto de integración y de desarrollo (…). El rechazo de los dirigentes de la Cidob a la Ley de Consulta Previa para los Indígenas del Territorio Indígena y el Tipnis es una prueba de que saben que van a perderla. La promulgación de la ley cerró cinco días de tensiones y trabajo arduo de las presidentas de ambas cámaras del Legislativo con corregidores del Tipnis, en medio de una campaña por intentar desacreditar el documento por parte de los líderes de la Cidob y la oposición.
OPINIÓN: Alianzas en política, principios y pragmatismo
Hoy en muchos países surge la pregunta si las alianzas políticas son necesarias ante el avance de esquemas de Gobierno que alcanzaron grandes votaciones y ante la dispersión de una oposición debilitada. ¿Es ético y correcto que partidos políticos se unan para ganar electoralmente a un determinado candidato u oponente de enorme fortaleza política y electoral? Si es solamente por motivos electorales podría ser considerado como una traición a los electores, o peor aún si sólo sobrevienen intereses de cargos públicos. Una alianza política sin principio y programas más o menos homogéneos no duraría mucho en el poder porque el discurso estaría agotado antes de empezar la acción política. Una experiencia reciente en las elecciones de Alcalde de Sucre ha llevado a la silla edil a un opositor mediante una coalición (…). En las circunstancias actuales del escenario político boliviano ¿podría pensarse en una alianza de opositores que según algunas encuestas entre todos juntos eventualmente superarían la votación del actual esquema de Gobierno? Lo primero en esta hipótesis sería conciliar lo ideológico y lo programático, más allá de un endeble pragmatismo.
EL DIARIO. El gobierno le encanta enredarse
La actividad práctica del Gobierno actual (en la misma forma que algunos anteriores), que se traduce en hechos de toda clase y tamaño, permite confirmar a simple vista que todo lo que hacen las autoridades está dirigido a crear y agravar problemas, en vez de resolverlos. Es más, no pierde oportunidad de hacerse de nuevos embrollos a los que, además, no atiende y los deja que se mantengan o desarrollen hasta llegar a situaciones de violencia. No se sabe a ciencia cierta a cuáles causas se debería esa actitud de complicar la situación, pero algunos afirman que se trata de mañas maquiavélicas para “dividir para reinar”, acciones de inspiración inconsciente o bien, finalmente, aplicar la política neoliberal de “dejar hacer y dejar pasar”, consigna que ha adquirido en Bolivia carta de ciudadanía cumpliendo todas las disposiciones legales.
Fuente: ANF