El 85 por ciento de las reservas de litio se extiende desde el sur de Bolivia hasta el noroeste argentino y el norte de Chile, en una vasta región que la revista estadounidense Forbes llamó "la Arabia Saudita del litio".
Salar del noroeste argentino (Foto IPS)
Sin consentimiento de las 33 comunidades no se puede explorar ni explotar en el territorio de uso comunitario.
Por MARCELA VALENTE
BUENOS AIRES, 31 Mar. (IPS/ANF).- Los pueblos originarios del noroeste de Argentina defendieron ante la justicia su derecho a ser consultados sobre un proyecto de exploración y explotación de litio, considerado el mineral del futuro, en un yacimiento ubicado bajo un inmenso salar.
Representantes de 33 comunidades indígenas que viven en torno a Salinas Grandes, que se extiende por más de 17.000 kilómetros cuadrados en las provincias de Jujuy y Salta, expusieron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Desde hace dos años, 26 comunidades de Jujuy y siete de Salta piden explicaciones a las autoridades acerca de los planes de exploración del material, considerado por la Secretaría de Minería como "la vedette" de los próximos 50 años.
El litio se utiliza para las baterías recargables de computadoras portátiles, celulares, reproductores de audio y video digital y otros productos tecnológicos, así como para automóviles eléctricos, que podrían así prescindir del combustible fósil contribuyente del recalentamiento global.
Ese mineral es muy abundante en una vasta región que se extiende por el sur de Bolivia, el noroeste argentino y el norte de Chile, y que la revista estadounidense Forbes llamó "la Arabia Saudita del litio". Se estima que allí se encontrarían 85 por ciento de las reservas mundiales de ese mineral.
Las Salinas Grandes constituyen un ecosistema frágil, que se extiende sobre la cuenca hídrica de la laguna de Guayatayoc, y numerosas comunidades de pueblos originarios que viven de la sal la reivindican como territorio ancestral.
En 2010, los indígenas de la zona pidieron a la Corte Suprema de Justicia intervenir en defensa de su derecho a la consulta previa, libre e informada, amparada en la Constitución Nacionalargentina y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos originarios.
El máximo tribunal de justicia los citó a una audiencia pública en su sede de Buenos Aires, adonde llegaron representantes y numerosos miembros de las comunidades, sus abogados y el fiscal de Estado de Jujuy, Alberto Matuk.
El fiscal aseguró que el gobierno provincial no otorgó ningún permiso para la exploración o explotación de litio en el área de las 33 comunidades, aunque sí para extraer borato, otro mineral, pero en un territorio que no es reivindicado por los demandantes.
Al ser consultado por los jueces, Matuk admitió que es cierto que hay "pedidos" de empresas para la exploración de litio y que el gobierno jujeño los tiene "bajo análisis", pero aseguró que para darles curso está previsto consultar a las comunidades.
No obstante, Alicia Chalabe, una de las abogadas de las comunidades, denunció ante la Corte que hay firmas que informan desde sus sitios en Internet que ya están operando en la zona con permisos de exploración de la provincia.
También afirmó que nunca obtuvo respuesta por escrito en el juzgado de minas de la provincia a su pedido de informes sobre este tema. Solo le contestaron en forma verbal que no había ningún permiso otorgado.
"Nosotros reclamamos la implementación de un procedimiento de consulta, no de las empresas, como hasta ahora, sino del Estado. Y las comunidades deben dar su consentimiento", explicó Chalabe a IPS, al término de la audiencia.
Durante su presentación, los jueces interrumpieron a Chalabe para que definiera concretamente el reclamo de las comunidades ya que, según el gobierno provincial, aún no hay ninguna empresa con permiso para explorar litio.
"¿Ustedes sostienen que el Estado debe pedir permiso a los pueblos originarios y que ellos tienen derecho a decir que no autorizan? ¿O piden participar y que decida el Estado?", quiso saber el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.
Chalabe respondió: "Nosotros sostenemos que sin consentimiento de las 33 comunidades no se puede explorar ni explotar en el territorio de uso comunitario", más allá de que haya otras comunidades que sí lo consientan, remarcó.
En representación de los reclamantes habló Liborio Flores. "Descendemos de pueblos originarios y tenemos una identidad cultural que nos hace más fácil la vida en una región seca, muy distante, sin suficientes servicios ni comunicación", expuso.
Flores relató ante cuatro magistrados de la Corte que las comunidades en esa región crían llamas y ovejas, elaboran artesanías y almacenan agua en las zonas de cerros y quebradas, para regar sembradíos de hortalizas y verduras de subsistencia.
No obstante, Flores remarcó que la actividad económica principal y la que tiene más tradición es la extracción de sal. "Nuestros abuelos cortaban panes de sal, los cargaban en burros y viajaban 30 días para intercambiarla", rememoró.
Con el auge del litio, añadió, las empresas empezaron a llegar. Hacen pozos, manchan el salar, levantan terraplenes y producen filtraciones que contaminan con sal el agua dulce de los acuíferos que están bajo la salina.
"Nunca nos consultaron sobre qué proyecto se iba a hacer. Hubo empresas que se lo explicaron a algunas familias ofreciéndoles trabajo, y eso generó divisiones en nuestra comunidad", lamentó.