El líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, presentó ante el Ministerio Público una demanda penal en contra del presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Luis Sánchez Gómez, por el pago de 7.5 millones de dólares el 2009 a la empresa brasileña OAS, cuando el contrato aún era debatido en la Asamblea Legislativa para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
Del Granado explicó que este proceso amplía la demanda penal en contra de Sánchez, planteada por el MSM por conducta antieconómica, incumplimiento de contratos y otros delitos cuyo castigo sería hasta de ocho años de cárcel. “La ABC ha pagado a la brasilera OAS 7,5 millones de dólares antes de que entre en vigencia el contrato (de construcción), en una clara conducta antieconómica contra el Estado y en un claro incumplimiento de contrato”, manifestó del Granado en conferencia de prensa.
Del Granado explicó que el contrato de construcción del 4 de agosto de 2008, firmado entre ABC y OAS, estaba en suspenso, puesto que la Asamblea Legislativa consideraba la Ley que avalaba el contrato de financiamiento de la obra, que finalmente fue aprobada en abril de 2010, sin embargo, Sánchez hizo un primer pago el 1 de septiembre del 2009, por 5 millones de dólares y un segundo pago, el 31 de diciembre de 2009, por 2,5 millones de dólares.
Asimismo, el MSM denunció dilación, ilegalidad y burocracia del Tribunal Constitucional con relación al recurso de inconstitucionalidad de la Ley de “consulta previa” pues según la normativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), tenía 10 días para admitir o rechazar la demanda, plazo que se cumplió el pasado viernes. El ex Alcalde paceño, sostuvo que “el Tribunal Constitucional ha inventado un procedimiento ilegal y burocrático que estable tres pasos previos a la admisión del recurso: ingreso, registro y recién la comisión de admisión” y señaló que la demanda presentada por los diputados Fabián Yaksic y Marcela Revollo se encuentra en el operador de ingreso desde el 28 de febrero. “Son 12 días de dilación, estamos ante una violación de la norma de parte del Tribunal Constitucional y, lo que es peor, ante prácticas dilatorias mayores a las que tuvo antes el Tribunal Constitucional. ¿De qué nueva justicia constitucional hablan los voceros del gobierno si está claro que estamos frente a una retardación de justicia?”, cuestionó.
El 27 de febrero, los diputados Yaksic y Revollo presentaron en Sucre una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de “consulta previa” y la misma se encuentra en ventanillas del Tribunal Constitucional desde el 28 de febrero. Según el artículo 54 de la Ley del Tribunal Constitucional, la comisión de admisión tiene 10 días para admitir o para rechazar la demanda planteada y el artículo 105 de esa norma establece los requisitos para la presentación del recurso, los mismos que fueron cumplidos por los legisladores del MSM.
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Fuente: Unitel.
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