Rózsa marcó el Gobierno de Evo y fue eje discursivo para anular a la oposición. El proceso se iniciará el 15 de mayo a tres años del operativo cruceño. Acusados: Piden un nuevo juicio con veedores internacionales. De las 39 personas sindicadas de terrorismo, alzamiento armado, sedición, tráfico y posesión de armas, 12 guardan detención y el resto salió de Bolivia.
La caída de Rózsa aceleró la anulación de la “media luna”
Un experto dice que el caso destapó el poder de las logias cruceñas.
Pugna. A tres años del operativo que desarticuló al grupo Rózsa, los opositores que tendieron un cerco al Gobierno fueron anulados y el MAS se expande a esas plazas.
Página Siete / La Paz – 16/04/2012
A tres años de la desarticulación del presunto grupo terrorista Rózsa, la oposición regional que surgió en 2008 está anulada completamente, mientras el MAS avanza en su conquista de los espacios de poder de lo que fue la llamada “media luna”.
El 16 de abril de 2009, un operativo policial en el hotel Las Américas de Santa Cruz eliminó a tres personas y detuvo a otras dos acusadas de integrar una banda terrorista que pretendía atentar contra la vida del presidente Evo Morales y de generar separatismo en el país.
Este hecho, según analistas políticos, no fue el puntal de la caída de la oposición regional que se había levantado contra el Gobierno, pero sí determinante para su languidecimiento.
Por ejemplo, el entonces ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, uno de los integrantes del Consejo Nacional Democrático (Conalde), ya estaba detenido por la “masacre de Porvenir” (11 de septiembre) y los grupos autonomistas que habían tomado instituciones gubernamentales comenzaban a devolverlas bajo el riesgo de ser procesados por la justicia.
Para el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y analista político, Reymi Ferreira, la desarticulación del grupo Rózsa significó “el punto de destape de los grupos de poder cruceños y la relación de éstos con actividades ilegales” como el terrorismo.
A tres años de este hecho, el Movimiento Al Socialismo tiene el control de las gobernaciones de Pando -a la cual accedió democráticamente-, de Beni y Tarija. Estas últimas fueron conquistadas mediante suspensiones de los gobernadores elegidos democráticamente en los comicios del 4 de abril de 2010. También controla municipios rurales que antes eran de partidos opositores.
Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, es el “único sobreviviente” del llamado Conalde que ensambló el movimiento autonómico violento que entre agosto y septiembre de 2008 asaltó aeropuertos e instituciones del Estado, bajo el argumento de la aplicación de sus estatutos autonómicos departamentales aprobados en referendos calificados de ilegales.
Esta estructura opositora fue desmantelada lentamente. El ex presidente cívico de Santa Cruz y puntal de la lucha autonómica, Branko Marinkovic, huyó del país al igual que los cívicos de Pando, Ana Melena Suzuki y Ricardo Shimokawa. Los ideólogos y cabecillas de esta causa bajaron la intensidad de su discurso y los mandos intermedios y bases se desbandaron.
En las elecciones generales de diciembre de 2009, cuando el presidente Evo Morales fue reelecto, el vicepresidente Álvaro García Linera proclamó la victoria del “pueblo” sobre las logias cruceñas y grupos separatistas que –según datos obtenidos por el Gobierno- intentaban constituir un partido político que pretendía hacer frente a Morales en elecciones presidenciales.
El diputado oficialista Lucio Marca dice que actualmente las fuerzas opositoras que conspiraron contra el Gobierno sucumbieron y son otras fuerzas contrarias al Ejecutivo con rostro indígena las que se levantan contra el Ejecutivo, pues “la (nueva) marcha indígena busca generar al nuevo candidato presidencial y es apoyada por la derecha”.
La marcha indígena en defensa del TIPNIS es liderada por la CIDOB, que hasta 2011 formaba parte del llamado Pacto de Unidad (conglomerado de movimientos sociales del MAS), pero abandonó esa organización después de la controversia por la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
Costas sobrevive, pero está débil
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, es el único sobreviviente político de la llamada “media luna”, integrada por los prefectos y cívicos de Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca.
De sus colegas de lucha, Leopoldo Fernández está en la cárcel; Mario Cossío está refugiado en Paraguay y tiene en su contra una serie de denuncias de corrupción; Manfred Reyes Villa fugó a EEUU donde permanece; Ernesto Suárez recientemente fue suspendido de su cargo y tiene varias acusaciones en su contra; Sabina Cuéllar está en Chuquisaca y tiene denuncias por presuntas irregularidades y actualmente mantiene un bajo perfil.
Rózsa marcó el Gobierno de Morales y fue eje discursivo
Página Siete.- Después de la desarticulación del grupo Rózsa, el 16 de abril de 2009, el presidente Evo Morales abanderó el discurso de que los opositores a su Gobierno son terroristas y separatistas. Sostuvo este discurso durante al menos dos años.
En sus discursos entre 2009 y 2010, el Jefe de Estado hizo declaraciones como “no puedo creer que haya cívicos defensores de separatistas” u “opositores separatistas y terroristas”.
En todo caso, la desarticulación de este grupo marcó el Gobierno del presidente Morales en medio de un ambiente polarizado, pues la llamada “media luna” tomó instituciones y aeropuertos de Santa Cruz, Beni y Pando.
Los opositores a Morales indicaban que estaban en contra de la aprobación de la nueva Constitución y pedían la aplicación de sus estatutos autonómicos que recibieron apoyo en referendos que no tenían las autorizaciones del Congreso Nacional ni de la Corte Nacional Electoral.
Otro argumento de los opositores al Jefe de Estado fue la reposición de un descuento realizado a las gobernaciones para financiar la Renta Dignidad que se paga a los ancianos del país.
Fue en ese contexto de movilización contra el Jefe de Estado en al menos cinco regiones del país que estalló el caso Rózsa y según el analista político Reymi Ferreira volcó la opinión pública a favor del Gobierno, pues terminó dando razón a que se planificaba un golpe de Estado.
Con la desarticulación de la banda de Rózsa, el Gobierno recuperó el control de las instituciones del Estado y la Fiscalía comenzó a perseguir a los presuntos autores de los atentados y toma de instituciones, entre ellas ENTEL en Santa Cruz, Impuestos Nacionales, Aduana, GRACO, INRA y otras entidades.
A lo largo de ese tiempo, se vieron expresiones de racismo y discriminación de sectores opositores a indígenas y de fuerzas afines al MAS, como los campesinos y colonizadores.
Piden un nuevo juicio con veedores internacionales
Al cumplirse tres años del asalto al Hotel las Américas. Justicia. Hoy habrá una vigilia en la Plaza. Piden que el Parlamento Europeo intervenga.
El Día, 16 de Abril, 2012
Ref. Fotografia: Peregrinaje. Los familiares de los imputados están cansados de tanto pedir que se haga justicia. Tres años después piden que se realice una nueva investigación en la que participen veedores internacionales, la Iglesia y el Defensor del Pueblo.
Familiares de los imputados en el caso Rózsa pidieron que, al cumplirse los tres años del asalto policial al hotel Las Américas, se abra una nueva investigación en la que participen veedores internacionales e instituciones creíbles como la Iglesia y el Defensor del Pueblo.
"Este caso está técnica y moralmente hundido y lo único que continúa vigente es la persecución, la prisión, el exilio y la impunidad de las autoridades", dijo María del Carmen Morales, esposa del general retirado, Gary Prado, un militar de prestigio por haber capturado al "Che".
Asimismo María Esther Lavadenz de Paz, madre de un exfuncionario de la telefónica Cotas, Hugo Paz, señaló que nunca hubo una investigación imparcial y tampoco se presentaron pruebas.
Un día como hoy, a las 4 de la madrugada, el grupo de élite de la Policía UTARC ingresó al hotel Las Américas y dio muerte al húngaro boliviano Eduardo Rózsa, el húngaro Árpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer y en el que sobrevivieron el húngaro Elöd Tóásó y el boliviano croata Mario Tadic, todos miembros de una supuesta célula terrorista que, según el Gobierno, pretendía dividir Bolivia entre oriente y occidente.
En Europa. La familia del irlandés Michael Dwyer realiza una campaña para conseguir que el Parlamento Europeo presione a Bolivia realizar una investigación imparcial. La madre de Dwyer, Catherine, dijo que la familia no descansaría hasta que se asegure una investigación independiente sobre su muerte.
Tres eurodiputados han intervenido: Phil Prendergast, Fine Gael y Gay Mitchell, este último mencionó haber visitado Bolivia y conversado con el ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, y el vicepresidente, Álvaro García Linera, pero no obtuvieron respuestas.
La señora insiste en que su hijo fue ejecutado por la policía, situación que ha sido corroborada por varios estudios de peritaje.
Defectos y complot. Sobre el tema, el abogado Luis Orlando Reyes Reyes, defensor de 3 imputados, señaló que durante estos tres años el Ministerio Público se inventó un Código de Procedimiento Penal para llevar adelante un caso que a todas luces fue un complot para desarticular al movimiento autonómico cruceño.
Explicó que desde el mismo ingreso al hotel Las Américas existieron irregularidades porque no tenían allanamiento de domicilio y lo mismo pasó con el stand de la telefónica Cotas.
En el hotel Las Américas de Santa Cruz en un "asalto policial", mueren el húngaro-boliviano Eduardo Rózsa, el húngaro Árpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer, y sobreviven el húngaro Elöd Tóásó y el boliviano croata Mario Tadic.
El caso está en el limbo. Por su lado, el abogado Gary Prado, defensor de su padre, Gary Prado Salmón, indicó el Código de Procedimiento Penal expresa que un proceso no debe durar más de tres años, sin embargo, no saben ante quien plantear que se cumpla ese derecho porque si bien es cierto hay un juzgado asignado para el juicio, no se han resuelto las apelaciones planteadas.
Además de eso, otro de los problemas más graves es que nueve de los imputados no pueden trasladarse a La Paz, por el tema de la altura, entre ellos, los militares en servicio pasivo Lucio Áñez, Gary Prado, el policía jubilado Adalberto Tórrez, el exgerente de la telefónica Cotas, Ronald Castedo, y los otros empleados Hugo Paz, Hugo Melquiades Vásquez y el excívico beniano, Alberto Melgar.
Pero en la misma situación también está el considerado testigo clave, Ignacio Villa, recluido en la cárcel de Cochabamba y con complicaciones cardiacas.
Sorteo de jueces ciudadanos. El juez Claudio Tórrez, del Tribunal Séptimo de Sentencia, donde radicó el caso, informó que el juicio oral se iniciará el 15 de mayo, previo sorteo de jueces ciudadanos el 24 de abril y la constitución del Tribunal el 2 de mayo.
Sin embargo, el abogado Gary Prado dijo que el juez Ricardo Maldonado, quien presidió la audiencia conclusiva, dijo que éste no ha respondido a varias apelaciones que hacen al fondo del proceso como por ejemplo la falta de pruebas concretas para demostrar que existió un movimiento terrorista o separatistas y por el contrario hay muchas evidencias que todo fue un complot.
Durante este periodo de tiempo, el Gobierno abrió una nueva investigación por el supuesto caso de legitimación de ganancias ilícitas en la que aparece involucrado el gobernador cruceño Rubén Costas y varios exlíderes cívicos y empresariales.
En la tumba de Rózsa. Mientras tanto, en la tumba donde enterraron a Eduardo Rózsa, en el cementerio general de la ciudad han empezado a colocar flores recordando el tercer aniversario de su muerte.
Sus familiares se abstienen de emitir declaraciones del hombre que puede dar respuestas a todas las interrogantes que hasta ahora no han sido respondidas por las autoridades.
Punto de vista
Ciro Añez Núñez
Master en Derecho Procesal Penal
"Después de 3 años el Estado pierde el ius puniendi"
“La celeridad es un principio que persigue la administración de justicia, con la finalidad que el juzgamiento culmine de manera oportuna y pronta, como establece los arts 115.II, 178.I y 180.I de la CPE y que en materia penal, este principio se concreta en el derecho que éste tiene a la conclusión del proceso en un plazo razonable.
Así, las normas internacionales sobre Derechos Humanos reconocen ese derecho (entre otros los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos; y, las normas nacionales en materia procesal penal lo operativizan al determinar plazos concretos de duración máxima del proceso,
El art. 133 del Código de Procedimiento Penal (CPP), señala que todo proceso penal debe tener una duración máxima de tres (3) años, desde el primer acto procesal.
Hablan acusados y familiares:
"Para exiliados ‘no ha sido nada fácil’
Familiares y acusados que se fueron a otro país, resumen los tres años que han pasado, con una frase: "no ha sido nada fácil"
"El estar libre no tiene precio, es cierto pero nada es igual como estar al lado de su familia y lo más triste separado de su familia" dice David Sejas, (foto)expresidente de la Unión Juvenil Cruceñista, mediante correo electrónico.
Se encuentra en San Pablo, Brasil, desde hace casi tres años, en calidad de asilado político junto al juez cruceño Luis Tapia Pachi.
Señala también que su único delito es no haber aceptado las condiciones económicas que le propusieron para que atestigüe en contra de algunas autoridades cruceñas.
Sejas es uno de los 18 imputados procesados en rebeldía porque salieron del país.
Por su parte Ericka Oroza, esposa del juez Luis Tapia Pachi, interpreta el hecho como un "asilo forzado" y dice que sus tres hijos lo extrañan.
Ella es abogada y también sufre amedrentamiento.
‘Los hijos sufren más’. Arrimada a la casa de su hermano, en la Estación Argentina de Santa Cruz, Carmen Landívar, esposa del exunionista Carlos Guedes, dice que quienes han sufrido más durante este tiempo han sido sus tres hijos, el mayor ahora de 17 y las otras dos de 14 y 12.
Guedes fue acusado de proveer armas a la supuesta célula terrorista y después de ser torturado lo dejaron preso en La Paz.
"Me siento impotente porque no tengo ni plata para ir a verlo", dice al señalar que Guedes, de 52 años, tiene una afección cardiaca e hipertensión y hace dos días estuvo internado en La Paz.
Ella se dedica a vender comida en la noche y recuerda que su hija de 14 años le pide a Dios que su padre llegue a su casa para bailar el vals de sus 15 años. Se queja también porque en su colegio discriminan a sus hijos y les dicen que "son hijos de terroristas".
Guedes es uno de los 12 detenidos en las cárceles de San Pedro, La Paz, junto a los sobrevivientes Mario Tadic y Elöd Tóásó, San Sebastián de Cochabamba donde está el supuesto testigo clave Ignacio Villa Vargas y Santa Cruz, en Palmasola donde permanece un ejecutivo de la telefónica Costas, Hugo Vásquez.
Asimismo están con arresto domiciliario otras nueve personas, entre ellas el exdirectivo de la telefónica Cotas, Ronald Castedo, el exlíder cívico de Beni, Alberto Melgar, el militar en servicio pasivo que capturó al "Che", Gary Prado, entre otros.
Pero en el proceso investigativo del caso hay algunos que han sido detenidos e investigados como el caso del excapitán de policía, Jorge Rivero, quien permaneció privado de su libertad por ocho meses y fue puesto en libertad.
Proceso
Hay más de 70 acusados en los dos casos
Caso Rózsa Los 34 imputados son Mario Tadic Astorga Elöd Tóásó, Ignacio Villa Vargas Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza M, Alejandro G. Santisteban, Mario Antonio Herrera S, Roberto E. Justiniano A. Hugo Paz Lavadenz, Hugo M. Vásquez, Zvonko Matkovic Rivera. Marco A. Monasterio M. Juan Carlos Velarde, Lucio Áñez Roca, Zoilo Salces Sepúlveda, Juan C. Santisteban L., Ronald E. Castedo A., Gary A. Prado Salmón, Carlos E. Pereira P, Juan A. Kudelka Salles, Juan Adalberto Pérez C, Alberto Melgar Villarroel, Guido E. Náyar Parada, Mario A. Paniagua Alpire, Alejandro Melgar P, Gelafio Santiestevan H, Branko Marinkovic, Hugo A. Achá Melgar, Alejandro Braun Ibáñez, Luis Alberto Hurtado V, Enrique Vaca Pedraza, Ronny Hurtado Vaca, Lorgio Balcázar Arroyo David Sejas López, Héctor Renato Laguna P, Pablo H. Costas Aguilera, Mario A. Bruno y Luis O. Justiniano Áñez
Caso Rósza II. Se abrió para procesar a los supuestos financiadores de la célula. Incluyeron al gobernador cruceño Rubén Costas los expresidentes del Comité pro Santa Cruz Luis Núñez Ribera y Branko Marinkovic. También están los vicepresidentes cívicos Roberto Gutiérrez Maldonado y Ruth Lozada, dos exgerentes del Comité pro Santa Cruz, Lorgio Balcázar Arroyo y Mario Bruno.
Entre los empresarios figura el presidente del ingenio Guabirá, Mariano Aguilera Tarradelles; Marco Antonio Herrera Sánchez, Zvonko Pedro Matkovic Fleig (su hijo está detenido por el caso Rózsa I), el dueño de la empresa de limpieza Urrutibethy, Horacio Carlos D’Arruda, y Asad Daher Gargui. También están el médico Ronny Pedro Colanzi , Fernando Paz Serrano, Óscar Jaime Terceros Suárez, Andrés Chiquie Nacif, Samuel Arciénega Vargas, Jordi Castán, Marioli Rivera Dorado, Germán Hurtado Padilla, Cristina Prado Paz, Rosa María Áñez, Fernando Hebia, Carlos Abel Ulloa, Alfredo Romero Banegas, Luis Hurtado Vaca, Freddy Sánchez Pérez, Alfonso Romero Canido, Juan Carlos Velarde Roca, Enrique Aponte Rivero, Roberto Justiniano, Alejandro Gelafio Santistevan, Edmundo Farah y Alejandro Melgar.
De terrorismo a indicios de complot
El 16 de abril del 2009. En el hotel Las Américas de Santa Cruz en un "asalto policial", mueren el húngaro-boliviano Eduardo Rózsa, el húngaro Árpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer, y sobreviven el húngaro Elöd Tóásó y el boliviano croata Mario Tadic.
Infiltrados. Descubrieron que en el hotel estaban el agente del Ministerio de Gobierno, Luis Clavijo y que el jefe del operativo, capitán Wálter Andrade aparece en un churrasco con Eduardo Rózsa, unos días antes.
El Facebook. La supuesta organización tenía fines de separar Bolivia, además de matar al presidente Evo Morales, pero el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, se vio en apuros cuando bajó unas fotos del Facebook para acusar a supuestos implicados.
Las cintas cortadas. Las cintas filmadoras del hotel Las Américas fueron arrancadas 24 horas antes del 16 de abril dejando sin un registrar lo que en realidad pasó y generando una serie de sospechas.
Ejecución. La Policía informó haber encontrado 51 impactos en las habitaciones donde se alojaban los extranjeros y habló de un fuego cruzado pero varios peritajes internacionales demostraron que todo apunta a que hubo una ejecución.
¿Sembrado de pruebas?. Varios videos mostraron el supuesto traslado de una mochila de colores rojo y blanco que supuestamente fue sacada de la habitación de Eduardo Rózsa y llevada a la de Tóásó en cuyo interior había armas de fuego.
El Videosoborno. Una cinta demostró a Ignacio Villa Vargas recibiendo $us 31 mil que, según confesó después, se los entregaba el agente de inteligencia Carlos Núñez del Prado y el agente Edson Alí, como pago por haber involucrado a autoridades.
¿Y el camarada linera?. Varios correos electrónicos intercambiados entre Eduardo Rózsa con un contacto boliviano iban dirigidos a un tal "Camarada Linera", que según algunos abogados defensores iban a Raúl García, hermano del vicepresidente Álvaro. (El Día)
Detenidos y familiares piden un juicio justo y observadores
El proceso se iniciará el 15 de mayo a tres años del operativo cruceño.
Acusados. De las 39 personas sindicadas de terrorismo, alzamiento armado, sedición, tráfico y posesión de armas, 12 guardan detención y el resto salió del país.
Página Siete / La Paz – 16/04/2012
La fachada de la cárcel de San Pedro donde están detenidos. Archivo Página Siete
El 15 de mayo se iniciará el juicio oral contra los 39 acusados del caso terrorismo I y las personas detenidas como sus familiares piden un juicio justo y la participación de observadores imparciales como las Naciones Unidas.
Hoy se cumplen exactamente tres años del operativo policial en el hotel Las Américas de Santa Cruz en el que fueron abatidos Eduardo Rózsa Flores, el húngaro Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. Después de dos años de pesquisas se acusó a 39 personas de estar implicadas en el caso. De ellas sólo 12 guardan detención preventiva por terrorismo, alzamiento armado, sedición, tráfico y posesión de armas.
Mario Tadic, Juan Kudelka, Juan Carlos Guedes, Gelafio Santiesteban Stroebel, Zvonko Matkovic Rivera, Zoilo Salces Sepúlveda y Alcides Mendoza, detenidos en la cárcel de San Pedro de La Paz, emitieron un pronunciamiento.
En el documento detallan las irregularidades y violaciones a los derechos humanos a los que aseguran ser sometidos desde su detención.
El documento afirma que “los detenidos preventivos del caso terrorismo queremos manifestar que después de tres años de estar injustamente apresados en una ciudad (La Paz), lejos de nuestras familias y con las consecuencias lógicas y obvias de esta separación -el desgaste económico que demanda un proceso con honorarios de abogados, alimentación propia y el sustento de la familia-, exigimos que se lleve adelante un proceso justo, imparcial, objetivo, independiente, sin fabricaciones o manipulación de pruebas”.
Además, le recuerdan al Gobierno y a la justicia que ya transcurrieron tres años por lo que el proceso debe extinguirse. “Debemos recordar a la ciudadanía que el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal extingue cualquier proceso penal por el simple transcurso del tiempo”, detalla el documento.
María del Carmen Morales de Prado y María Esther Lavadenz de Paz elaboraron una carta que llegó a Página Siete. En ella piden “abrir una investigación nueva e imparcial en la que participen observadores internacionales como Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos”.
En relación con las personas que no están detenidas de forma preventiva, se las declaró rebeldes y el fiscal Marcelo Soza, que lleva la investigación, pidió a Interpol una orden de captura internacional.
En la lista están el ex cívico cruceño Branko Marinkovic; el abogado de la Cámara de Industria y Comercio, Alejandro Melgar; y ex representantes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC).
El Estado vigila la actividad separatista
Según el senador René Martínez, del Movimiento Al Socialismo (MAS), después de la actividad divisionista del grupo que quiso organizar el boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, el Estado boliviano tiene la mirada atenta a cualquier tipo de conatos separatistas que pudieran repetirse en el país.
“Todo Estado hace su propia seguridad. Y como todo Estado soberano, tenemos instituciones que están en el resguardo del orden público. La reacción de cualquier atentado que vulnere los derechos democráticos debe ser siempre la responsabilidad del Estado”, comentó.
Dijo que no cree que en el país se hubieran acabado estos atentados contra la unidad del país y mencionó que la responsabilidad la tiene hoy el Órgano Judicial, que debe tomar decisiones contra quienes apostaron por una lucha armada hace tres años.
“Toda la documentación de este grupo y sus nexos con algunas autoridades del país está en la valoración de instancias de la justicia ordinaria. Esperamos que se hayan superado estos hechos y que no haya contagiado en su visión de objetivos hacia futuras acciones de conflictividad, en particular de estos sujetos armados”, afirmó.
Martínez fue parte de una comisión investigadora del Parlamento que en 2009 concluyó que Eduardo Rózsa Flores fue el cabecilla de una organización armada que vinculó a grupos de bolivianos y extranjeros, que tenían conocimiento en manejo de armas para provocar una guerra civil y dividir Bolivia.
El grupo, según el informe final de esa comisión, se relacionó con autoridades en contra del Gobierno de Evo Morales y tenía vínculos con instituciones cívicas en el oriente.