La rescisión del contrato de construcción de la ruta Cochabamba-Beni estaría ya en ejecución. En las últimas horas, los 480 trabajadores fueron notificados con el despido y liquidación de beneficios.
OAS finaliza obras y despide a trabajadores
Los Tiempos, Cochabamba
Trabajadores de OAS en el tramo III, el mes pasado. Apg
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Todas las obras de construcción de plataforma en los tramos I y III de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, adjudicadas a la empresa brasileña OAS, fueron suspendidas definitivamente a principios de esta semana debido a que la solicitud de rescisión de contrato planteada por el Gobierno se encuentra en proceso final de ejecución.
En las últimas horas, los 480 trabajadores fueron notificados con el despido y liquidación de beneficios por los años y meses de labor, con la explicación de que se ha formalizado la ruptura del contrato.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de OAS, Óscar López, confirmó que las obras en ambos tramos están suspendidas y que un reducido grupo de trabajadores –algo más de 30– es el encargado de desmontar el campamento general de Isinuta y la maestranza-chancadora de Eterazama, en un tiempo de dos a tres meses.
La pasada semana, fuentes de la constructora brasileña informaron que recibieron una carta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en respuesta a los descargos presentados por OAS a la solicitud de recisión de contrato. Agregaron que esa misiva estaba siendo analizada por una comisión técnica, económica y jurídica, en la perspectiva de entregar una respuesta técnica y formal.
Rescisión
Las mismas fuentes informaron ayer escuetamente que la rescisión de contrato de ejecución de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, en los tramos I y III, se encuentra en proceso de ejecución administrativa y legal, es decir, que no hay vuelta atrás para la anulación del acuerdo.
Técnicos de la contratista brasileña, que optaron por guardar su nombre en reserva, comentaron que “en la práctica, es un hecho, la recisión de contrato y lo que corresponde es liquidar a los trabajadores, toda vez que el Estado a través de la ABC, no ha aceptado los descargos o justificativos presentados hace un mes aproximadamente por la OAS a la solicitud del Gobierno de romper el contrato”.
El secretario general del Sindicato OAS dijo que “el Gobierno está manejando políticamente el tema de la construcción de la carretera al Beni. Sensiblemente nadie se preocupa por los trabajadores, cuando la recisión de contrato de construcción de la carretera está en curso y la empresa se está retirando de los frentes de obra”.
Agregó que si OAS fue contratada por la ABC para construir la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Mozos y no cumplió el contrato de ejecución en los plazos previstos es lógico que se vaya, “pero en qué quedan los trabajadores, que somos los más afectados. ¿Cómo vamos a dar comida a nuestra familia?”.
Señaló que el despido masivo de trabajadores en OAS “es inevitable, porque el contrato de construcción fue roto y comenzará la próxima semana, con la anulación de contratos laborales y pago de beneficios sociales, tal como establece la Ley General del Trabajo, para estos casos”.
“Estamos muy preocupados, los trabajadores destinados a desmontar el campamento y la maestranza no fueron notificados, y van a recibir a partir de la próxima semana sus memorándums de despido, un certificado de trabajo y un cheque por beneficios sociales”, indicó López.
EL CONTRATO, POLÉMICO Y CUESTIONADO
DENUNCIAS RODEARON AL ACUERDO
La oposición de los pueblos indígenas a la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos puso en debate la transparencia del proceso de contratación de la obra que era ejecutada por la constructora brasileña OAS.
Ya en 2008, luego de la firma del contrato entre la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la empresa de Brasil, asociaciones de ingenieros criticaron el acuerdo y advirtieron el sobreprecio lo que llevó a que el Senado ordenara una auditoría en marzo de 2009.
Las irregularidades apuntaron al proceso previo a la licitación del proyecto “llave en mano”, debido a que el Gobierno no hizo la consulta previa a los indígenas que viven en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), no contaba con los estudios de factibilidad que definan alternativas y costos financieros, económicos y medio ambientales –omisión que llevó a determinar el precio de referencia para la licitación bajo parámetros de proyectos anteriores—e hizo enmiendas al Documento Base de Contratación (DBC) que fueron consideradas como medidas para flexibilizar los términos de adjudicación.
PRECIO DE LA OBRA GENERÓ POLÉMICA
El cuestionamiento mayor al contrato estuvo relacionado con el precio de un total de 415 millones de dólares, del que 80 por ciento debía ser financiado por Brasil, a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes), y el resto tenía que salir de las arcas del Estado.
Los argumentos de los críticos se basaron en que los costos referenciales y precios promedio de construcción de vías en el país varían desde 500 mil hasta 800 mil dólares por kilómetro lineal.
En el caso del carretera Villa Tunari-San Ignacio, el kilómetro llega a costar casi 1,35 millones dólares. Con los datos referenciales, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) calculó un sobreprecio de unos 100 millones de dólares y Asieme de más de 148 millones de dólares. Las denuncias apuntan desde cómo fue el procedimiento para determinar el precio referencial que fue definido por la ABC en un total de 436.229.820 dólares.
En un informe emitido el 14 de junio de 2010, la Contraloría General del Estado cuestionó y determinó hechos que podrían derivar en responsabilidades.
LLAVE EN MANO Y MODIFICACIONES
La contratación de la constructora brasileña bajo la modalidad “llave en mano” también fue criticada, debido a que la carretera pasará por un territorio indígena y parque nacional, lo que traería previsiblemente conflictos sociales y ambientales, y requería otro tipo de acuerdo.
Según los parámetros de la CAF, “para la gestión ambiental y social el contrato llave en mano resulta desventajoso, porque no se cuentan con diseños detallados que permita cualificarlos y cuantificarlos”.
Los que cuestionaron el proceso de contratación dijeron que las 22 modificaciones al Documento Base de Contratación (DBC) buscaban favorecer a la empresa contratista.
Una de las enmiendas quita el costo del asfalto, argumentando alto costo, quedando sólo una superficie con tratamiento doble.
“Las propuestas no deberán considerar el costo correspondiente al cemento asfáltico, el cual será provisto por la Administradora Boliviana de Carreteras en forma directa o a través de una Empresa Proveedora”, dice una de las enmiendas al DBC, según un informe de Asieme.