Proceso. Un juzgado paceño remitió a Santa Cruz las imputaciones formales por el caso Terrorismo II. La Fiscalía anunció el requerimiento de detención para los acusados.
Juicio. El 10 de mayo se sorteó a los jueces ciudadanos para el caso Terrorismo I. Abajo, los imputados como ‘financiadores’
F. Lacio /G. Rojas, El Deber
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Ocho ciudadanos cruceños, acusados por la Fiscalía de ser los financiadores del presunto grupo terrorista y separatista liderado por el fallecido Eduardo Rózsa Flores, se encuentran a la espera de que el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal de este distrito los notifique con la imputación formal, que ayer fue presentada oficialmente en el Palacio de Justicia de esta capital.
Los acusados son el exgerente de Fexpocruz, Mario Herrera Sánchez; el exgerente de Cotas, Juan Carlos Velarde Roca; el exprefecto adenista y expresidente de Cainco, Zvonko Matkovic Fleig; la hermana del líder cívico Branko Marinkovic, Tatiana Marinkovic de Pedrotti; la asambleísta departamental y expresidenta cívica Ruth Lozada de Parejas; el expresidente cívico Luis Núñez Rivera; el exgerente de la unidad Servicios de Red de Cotas, Fernando Hevia Correa, y el expresidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz Pedro Yohvío.
De los ocho acusados, Herrera y Velarde también se encuentran con imputación formal en el caso denominado Terrorismo I.
EL DEBER conoció que el documento fue remitido por el fiscal paceño Harry Suaznábar, encargado de la investigación, a la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción (Fepdc) de Santa Cruz, que ayer la derivó a su vez al Tribunal Departamental de Justicia.
Suaznábar acusa a los imputados por los delitos de terrorismo, alzamiento armado, legitimación de ganancias ilícitas y organización criminal.
En el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal, del juez Erwin Jiménez, indicaron que ayer, antes de mediodía, se recibió la orden instruida desde La Paz y que desde hoy se procederá a notificar a los acusados. Una vez concluya el trámite se fijará fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares, en la que la Fiscalía paceña ya adelantó se pedirá la detención preventiva de los ocho imputados.
Sobre el tema, el ex presidente de los empresarios cruceños Pedro Yohvío se excusó de opinar aduciendo desconocer todo lo referido a la imputación. “Tengo que esperar que me llegue la notificación y, cuando así sea, habrá que acudir a las citaciones o audiencias”, señaló.
De la misma manera, Ruth Lozada, con resolución de imputación formal Nº 011/2012, aseguró que aún no recibió ninguna notificación y decidió no opinar al respecto hasta que tenga la documentación en manos de sus abogados.
Por su lado, el abogado Abel Montaño, defensor de Mario Herrera, aseguró que cuando tengan la resolución de imputación formal en sus manos van a ir en el orden de que “nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos”.
Montaño citó la figura de la persecución penal única, establecida en el artículo 4 del Código Penal, como el principal argumento de defensa que considera, ya que su defendido ya fue imputado en el caso Terrorismo I, por lo que no puede ser imputado nuevamente.
“No nos han notificado. Cuando nos notifiquen formalmente vamos a analizar, pero considero que esta resolución está repitiendo la imputación que hay en el caso Terrorismo I y se estaría violentando el principio de persecución penal única”, concluyó Montaño.
Se intentó contactar al resto de los imputados o, en su defecto, a sus abogados para conocer sus opiniones sobre el caso, pero ninguno contestó las llamadas telefónicas.
El fiscal Suaznábar, entrevistado por este medio en La Paz, aseguró que aún falta alrededor de una veintena de personas que deberán prestar sus declaraciones sobre el caso, antes de dar inicio al juicio en sí.
Opositores visitan penal en Uruguay
Los legisladores opositores de Convergencia Nacional (CN) Jeanine Áñez y Adrián Oliva visitaron el martes a Alejandro Melgar Pereira en Cárcel Central de Montevideo (Uruguay), donde se encuentra detenido en espera de un trámite de extradición iniciado por el Gobierno boliviano en el marco del presunto caso de terrorismo y separatismo (caso Rózsa).
La senadora Áñez indicó que, a raíz de la situación actual de Bolivia, “donde son frecuentes las violaciones de los derechos humanos, los parlamentarios nos hemos visto en la obligación moral de recorrer los penales para visitar a los presos políticos. Ahora lo hacemos también fuera del país”.
Por su lado, el diputado Oliva precisó que la visita se produjo “porque Melgar no es ningún terrorista, sino un perseguido político del Gobierno de Evo Morales”.
Ambos parlamentarios coincidieron en subrayar su confianza en la independencia y seriedad de la justicia uruguaya, “algo que no podemos decir de la (justicia) boliviana”, acotó Oliva.
Melgar fue detenido por la Interpol, el 24 de abril, en el aeropuerto internacional de Carrasco, en la capital uruguaya, cuando intentaba abordar un avión con destino a Brasil. Desde esa fecha se encuentra con arresto administrativo en un centro policial de la capital uruguaya y justamente hoy se cumple el plazo para que las autoridades bolivianas formalicen el pedido de extradición del acusado.
Por otro lado, faltan seis días para la audiencia de inicio del juicio oral por el caso Terrorismo I, que debe ventilarse en el Tribunal Séptimo de Sentencia de La Paz, del juez Claudio Tórrez.