Bolivia. Según la oposición hay más de 300 refugiados políticos. Parlamentarios del oficialista MAS rechazan que exista “persecución política”.
Al menos 11 figuras opositoras consiguieron refugio político
Página Siete / La Paz – 09/06/2012
Al menos 11 figuras de la oposición política consiguieron refugio durante el Gobierno del presidente Evo Morales, mientras parlamentarios opositores y víctimas de persecución política afirman que hay más de 300 ciudadanos bolivianos en esta condición.
Sin embargo, parlamentarios oficialistas consideran que no se trata de perseguidos políticos, sino de “perseguidos de la justicia” por presuntos actos de corrupción y otros delitos que fueron denunciados a la Fiscalía.
No existe un dato oficial acerca de la cantidad de ciudadanos bolivianos que están refugiados en otros países por presunta persecución política, sin embargo, un relevamiento de algunas figuras de la oposición que consiguieron la protección de otros países dan cuenta de que hay al menos 11 personalidades.
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Los ex ministros del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada: Mirtha Quevedo, Jorge Torres Obleas y Javier Tórrez Goitia están en Perú bajo la protección del Gobierno de ese país que consideró que éstos sufren persecución política, como alegaron.
Las ex autoridades están acusadas de genocidio y otros delitos por validar en un decreto supremo la movilización de las Fuerzas Armadas para reprimir una protesta de civiles en octubre de 2003 y antes de la caída de Sánchez de Lozada, quien también está en EEUU junto a su ministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, y otras ex autoridades.
El ex gobernador de Cochabamba y ex candidato presidencia por la opositora Convergencia Nacional Manfred Reyes Villa también se encuentra en el país norteamericano, mientras en Bolivia es acusado de varios actos de corrupción.
El gobernador electo de Tarija, Mario Cossío, también consiguió refugiarse en Paraguay, después de huir del país, donde se le acusa de malversar fondos de la Gobernación tarijeña y destinar recursos a obras “fantasmas”.
El reciente caso que llamó la atención fue la del senador opositor Róger Pinto que solicitó refugio político al Gobierno brasileño por supuesta persecución política y amenazas contra su vida, por realizar denuncias que implican a autoridades de Gobierno sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.
Ese Gobierno aceptó la solicitud y está a la espera de un salvoconducto del Estado boliviano para que Pinto salga del país.
La diputada opositora Norma Piérola dijo que hasta ahora hay más de 300 ciudadanos bolivianos que salieron del país durante el Gobierno del presidente Evo Morales, que comenzó en 2006 y que esta cifra podría incrementar si aún persiste la “persecución”.
Dato relevante
Pando. Como consecuencia de las investigaciones por la masacre de Porvenir, se conoce la salida al menos 100 ciudadanos a ciudades fronterizas de Brasil para evitar ser aprehendidos, entre ellos las principales cabecillas del movimiento cívico pandino.
Cancillería de Brasil confirma que se concedió asilo a Pinto
Choquehuanca dijo ayer que no llegó una comunicación oficial.
DATO. El senador opositor permanece en la embajada brasileña en La Paz. Aún se espera que el Gobierno boliviano pueda entregar un salvoconducto para la salida de Pinto.
Página Siete / La Paz – 09/06/2012
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil confirmó ayer la “concesión de asilo” para el senador opositor Róger Pinto, horas después de que el canciller David Choquehuanca negara conocer una comunicación oficial sobre esta decisión.
“El Gobierno brasileño decidió conceder asilo al ciudadano boliviano Róger Pinto Molina, a la luz de las normas y de la práctica del Derecho Internacional Latinoamericano, y basado en el artículo 4 e inciso X de la Constitución Federal”, señala el texto publicado en la página web de dicha repartición de Estado.
El senador opositor solicitó el 28 de mayo asilo al Gobierno brasileño a través de la embajada en Bolivia, lugar donde el asambleísta se refugió desde ese día, aduciendo persecución política y amenazas contra su vida.
El miércoles, Página Siete publicó la información de que Brasil concedió asilo político y que un avión brasileño trasladaría al senador a Brasilia. Ayer, también informó que el vicecanciller Juan Carlos Alurralde recibió la aceptación del asilo en su despacho ese mismo día a las 19:00.
La Cancillería de Brasil habría solicitado en esa oportunidad que Bolivia entregue un salvoconducto para que el senador Pinto pueda salir del país, de no hacerlo, el peticionario del asilo se mantendría de forma indefinida en la embajada.
Al promediar el mediodía de ayer, el canciller Choquehuanca aseguró que su despacho no recibió ninguna comunicación oficial de Brasil. “Pero en este caso, de manera oficial, por los conductos establecidos no he recibido ninguna comunicación”, afirmó.
La autoridad explicó que el Gobierno nacional envió documentación e información a su similar en Brasil para que consideren los elementos que existen en contra de Pinto y evitar que se tome una decisión “a priori”.
“Es más, les hemos manifestado que nosotros estamos dispuestos a realizar una auditoría jurídica”, explicó el canciller.
Sin embargo, de acuerdo a fuentes de la Cancillería de Brasil consultados por este matutino, ese Gobierno considera “válidas” las denuncias del asambleísta que acudió a la legación diplomática y que además un equipo de abogados detectaron irregularidades en los juicios.
Al menos 20 procesos judiciales están abiertos en su contra por desacato, presuntos hechos de corrupción, entre otros. Pinto además puso en tela de juicio que la parcialidad de la administración de justicia le impediría defender en el marco de un debido proceso. Alegó en una carta que su situación era “insostenible” no sólo por los varios casos que tenía que enfrentar, sino porque los juicios fueron instalados en diferentes ciudades capitales del país.
El ex prefecto de Pando, en la misma carta, señala que las acciones jurídicas de autoridades gubernamentales en su contra fueron en respuesta a las denuncias que realizó en contra de funcionarios vinculados presumiblemente a hechos de corrupción e incluso al narcotráfico.
El oficialismo rechazó que exista una política de persecución en el país y reiteró que el asambleísta tiene varios procesos por sus actos en el ejercicio de la administración pública.
El MAS dice que Brasil se equivocó
Parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) lamentaron ayer que Brasil concediera asilo político para el senador pandino Róger Pinto.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado (MAS), afirmó ayer: “Yo lamento, lamento realmente que se haya concedido asilo político, porque de acuerdo a la normativa internacional esos casos se dan cuando hay persecución política. En el caso del senador Pinto, bajo él están pesando varios procesos comunes, el asilo no debió haber correspondido, no sabemos qué información tendrá Brasil”.
El jefe de bancada de los senadores del MAS, Eugenio Rojas, dijo que se trata de “un antecedente muy grave para el Estado boliviano porque va abrir camino para que un alcalde, un concejal, un ministro o un funcionario de Gobierno que cometa corrupción pueda pedir asilo político (…). Brasil debe tomar en cuenta estos antecedentes, (Róger) Pinto no es un perseguido político”.
El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, ratificó que Pinto “no es un perseguido político” y que los más de 20 procesos que tiene en su contra “son procesos que puede tener cualquier persona común y corriente”, por lo que la autoridad solamente está buscando eludir la justicia.
El senador oficialista Isaac Ávalos dijo que Pinto “no es procesado por política, sino por hechos de corrupción con pruebas”.
“Es un duro revés para el Gobierno de Evo Morales”
Parlamentarios y políticos de la oposición coincidieron en que el asilo político concedido por el Gobierno brasileño al senador opositor Róger Pinto es un “revés” para la administración del presidente Evo Morales, que rechaza que en el país exista persecución política.
El secretario de gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, consideró ayer que la decisión de Brasil demuestra que en el país no se respetan los derechos humanos, según ANF.
El funcionario mencionó que esta determinación del vecino país es un “mensaje político muy fuerte para el Gobierno”.
El senador opositor Andrés Ortega describió como un “duro revés” al Gobierno de Morales, que se ufana de defender los derechos humanos, y criticó que el canciller David Choquehuanca, ayer en la mañana, no haya confirmado que Brasil ya le concedió asilo al senador Pinto.
Mientras tanto el analista político Carlos Cordero, citado por la ANF, dijo que “las decisiones políticas y el asilo otorgado al senador Pinto gravitan enormemente después de lo ocurrido con la OEA y esa sensación que se ha dejado bajo el punto de vista que Bolivia desaprovechó ese espacio respecto a la reintegración marítima. Esta decisión que toma el Brasil, por el peso que tiene, es otro dolor de cabeza, un nuevo revés diplomático”, afirmó Cordero en declaraciones a la radio Fides.