El diálogo logra encaminar las 4 demandas de la Policía boliviana


Con el aumento ofrecido por el gobierno el policía de menor rango ganará al mes 2.046 bolivianos entre salario y un bono. También se duplicó la ración seca anual. Esta madrugada se redactaba un preacuerdo sobre incremento salarial, Ley de Régimen Disciplinario, jubilación y Defensoría.

El diálogo logra encaminar las cuatro demandas de la Policía

La segunda noche de diálogo entre Gobierno y policías encaminó una solución para las cuatro demandas policiales. Al cierre de esta edición se redactaba un preacuerdo sobre incremento salarial, Ley de Régimen Disciplinario, jubilación y Defensoría.

image Consenso. Ministros de Estado y dirigentes policiales consiguieron alcanzar preacuerdos en la cita de ayer. Los movilizados socializarán los alcances. Foto: Víctor Gutierrez



La Razón / I. Paredes, J. Quispe / La Paz

Al cierre de esta edición (22.30), seis ministros y representantes de los policías amotinados acordaban la redacción del preacuerdo. Cerca de las 19.00, dirigentes policiales y autoridades de Gobierno volvieron a la mesa de diálogo. Fue en esta reunión donde se lograron los preacuerdos que, según representantes policiales, serán socializados hoy con los uniformados que se encuentran amotinados en la UTOP.

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Los policías movilizados pedían un salario similar a los efectivos de las FFAA, la abrogación de la Ley 101 de Régimen Disciplinario, jubilación con el 100% de sus haberes y la creación de la Defensoría del Policía. Anoche se avanzó en cuatro puntos.

Sobre el incremento salarial, durante la jornada el Gobierno propuso un sueldo mínimo de Bs 2.046 para los policías y la duplicación de la ración seca. Este punto estaba casi resuelto según fuentes que asistían a la reunión que no especificaron los términos del preacuerdo.

Con respecto a la Ley 101, la propuesta era que sea revisada en la Asamblea Legislativa para definir si vulnera la Constitución o los derechos del policía. Había preacuerdo sobre jubilación policial y la creación de la Defensoría del Policía, cuyo representante debería ser elegido por consenso, según la fuente consultada por este diario.

Jornada. El preacuerdo era la culminación de una jornada tensa, pero menos violenta que la del viernes, pues no se registraron más tomas de entidades policiales. A las 05.00 de ayer, tras la primera noche de negociación, hubo cuarto intermedio. A las 09.30 llegó al Viceministerio de Régimen Interior —sede del diálogo— el presidente de la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol), suboficial Édgar Ramos. Hasta las 13.00 se reunió con el Alto Mando policial para discutir las propuestas gubernamentales. “Pedimos la abrogación de la Ley 101 (de Régimen Disciplinario) y el trato de la escala salarial maestra”, explicó.

A las 13.30, Ramos y su comitiva se reunía con los ministros Carlos Romero, Teresa Morales, Luis Arce y Amanda Dávila y el viceministro Jorge Pérez.

La negociación fue suspendida cuando una manifestación llegó hasta la sede del diálogo encabezada por la representante de las esposas de los policías, Guadalupe Cárdenas, y el exmayor David Vargas, quien después fue expulsado de la movilización.

A media tarde, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, denunció que fuentes de Inteligencia y reportes de medios habían alertado al Ejecutivo sobre la intención de “sectores” de generar un escenario de golpe de Estado. Afirmó que había traslado de armas en unidades policiales de Cochabamba, entre otras señales.

Ramos se había trasladado a instalaciones de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) para revisar los acercamientos. Ahí, junto a Cárdenas, condicionaron el reinicio del diálogo con la abrogación de la Ley 101.

A las 17.00, el Gobierno convocó al diálogo. Ramos y Cárdenas acudieron y la negociación se encaminó.

MSM y CN respaldan la protesta

Los partidos de oposición Convergencia Nacional (CN) y el Movimiento Sin Miedo (MSM) se pronunciaron respecto al motín policial. El primero critica la aprobación de la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía y el segundo respalda la protesta policial.

“Apoyamos el planteamiento policial para que sean ellos mismos los actores fundamentales en la discusión y redacción de las leyes que vayan a reestructurar su accionar como institución”, dice un comunicado de Convergencia Nacional.

Al respecto, la diputada Norma Piérola (CN) aseguró que la Ley 101 tiene mecanismos inconstitucionales. “Es una norma mordaza para los efectivos policiales, donde hasta se les corta el derecho a expresarse”.

Por su parte, el MSM respaldó la demanda policial, anunciando que la Policía responde a los intereses del oficialismo.

“La manipulación y partidización gubernamental de la Policía la ha convertido actualmente en una institución represiva”, dice un comunicado.

Desconocen a David Vargas

Ante decenas de policías amotinados en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), el sargento Javier Quispe, miembro de la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol), desconoció al exmayor David Vargas como interlocutor de la protesta. Una hora antes de la decisión, la exautoridad policial se autonombró como coronel de la Policía y dijo que iba a participar en la negociación con el Gobierno. 

Cárdenas, defensora de policías

Frente a la sede del Ministerio de Gobierno, la representante de esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, fue declarada como defensora de los derechos humanos de los policías. El exmayor David Vargas le tomó “juramento” minutos después de que autoridades de Gobierno abandonaron el lugar ante la llegada de una marcha policial al escenario de negociación. Cárdenas afirmó que cuidará los intereses de los policías de bajo rango.

Denuncian que hay infiltrados

El presidente de la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol), suboficial Édgar Ramos, denunció que existen personas infiltradas dentro de la movilización policial. “Sí existen infiltrados que quieren perjudicar nuestras reivindicaciones”, dijo por altavoz a la tropa en la UTOP. La representante de las esposas de los policías, Guadalupe Cárdenas, señaló que “los infiltrados quieren teñir y desprestigiar la movilización policial”.

No procesarán a uniformados

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que la administración de Evo Morales no iniciará procesos penales ni administrativos en contra de los policías que ocasionaron el motín policial. Sin embargo, cuestionó la decisión del fiscal General, Mario Uribe, quien advirtió con procesar a los uniformados que destrozaron y quemaron muebles, computadoras y documentación de unidades policiales de La Paz y Cochabamba.

Gobierno mejora propuesta y diálogo con policías se centra en la Ley 101

Tras una interrupción se reinstaló el diálogo, que seguía hasta pasadas las 23:00 de ayer.

Conflicto. El ministro Carlos Romero explicó que el incremento ofrecido significa que el policía de menor rango ganará al mes 2.046 bolivianos entre salario y un bono. También se duplicó la ración seca anual.

Página Siete / La Paz – 24/06/2012

En una larga jornada de diálogo, con una interrupción que a momentos pareció definitiva, el Gobierno y los policías continuaron debatiendo ayer sin que se levante el motín que las bases llevaron a cabo por tercer día.

Desde la madrugada hasta la mañana, el Ejecutivo explicó las mejoras salariales que ofrece a los policías, y agregó otros beneficios pero éstos pusieron como prioridad en sus demandas la abrogación de la Ley 101 de régimen disciplinario.

Después de un cuarto intermedio que se declaró a las 5:00 de ayer, la dirigencia de los policías y sus esposas regresaron al Viceministerio de Régimen Interior a las 10:30 para reanudar el diálogo. Exigían que el Gobierno les aclare si el incremento al salario iba a ser de 200 bolivianos, monto con el que no estaban de acuerdo.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, llegó minutos después y cerca al mediodía dio una explicación pública sobre las propuestas que dieron a los policías para su análisis.

Primero aclaró que los uniformados deben tomar en cuenta el Decreto 1312 de incremento salarial que se promulgó el 1 de mayo, y que tiene carácter retroactivo y dispone una fórmula de pago inversamente proporcional. Con esto, “el policía que menos ganaría estaría por los 1.446 bolivianos”, a diferencia de los 1.100 que ganaban hasta 2011, dijo Romero.

Explicó que a eso suma 400 bolivianos del bono de seguridad ciudadana, el cual los uniformados perciben actualmente, con lo que se llegaría a 1.846 bolivianos. “A ese monto hay que agregar los 200 bolivianos que ofrecimos el jueves por la noche, que inicialmente se iba a aplicar desde junio pero con el acuerdo de esta madrugada se quedó en que tenga carácter retroactivo”.

“Entonces se alcanzaría a 2.046 bolivianos para el policía de menor ingreso en toda la planilla”, agregó la autoridad.

Los policías denunciaron que un sargento inicial gana 1.100 bolivianos sin contar con el bono de seguridad ciudadana y sin los descuentos respectivos, por lo que sacaban un líquido de al menos 840 bolivianos, antes del incremento de mayo.

Romero manifestó que adicionalmente se ofreció una mejora a la ración seca de víveres con una segunda entrega anual. “Se estaría duplicando. Cada una equivale a 640 bolivianos. Con esto se complementaría el salario”, detalló.

Enfatizó que con esta propuesta se estaría sobrepasando los 2.000 bolivianos de salario al uniformado que menos gana, que era el pedido inicial de los policías.

Esta propuesta fue analizada internamente ayer por la mañana entre el suboficial Édgar Ramos, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol), otros cuatro efectivos y el Alto Mando policial en el Viceministerio de Régimen Interior.

A las 13.15 se reabrió el diálogo, sin embargo una movilización de los policías que descendió de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) hasta el lugar del diálogo interrumpió el encuentro. Ahí algunos uniformados entregaron al ex mayor David Vargas una prenda policial y le nombraron (simbólicamente) coronel. Mientras tanto, las autoridades de Gobierno tuvieron que abandonar el lugar.

En la reunión se encontraban Romero, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila; la ministra de Desarrollo , Teresa Morales, y el viceministro Jorge Pérez.

Ramos y toda la dirigencia policial regresaron a sus bases a realizar consultas y a las 16:30 determinaron que la condición para que se reinicie el diálogo era la abrogación de la Ley 101.

Aunque ello no ocurrió, finalmente los representantes decidieron retomar las conversaciones a las 19:00. Antes del cierre de esta edición (23:00) se conoció extraoficialmente que estaban enfocados en modificar la norma y que se acercaba un preacuerdo.

Otros bonos

Estudio El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que al margen del bono de seguridad ciudadana, cada policía recibe un bono de estudio que representa el 20% de su haber básico, además de la dotación de tela para el uniforme, camisa, chamarra y botas, además del bono oriente de 68 bolivianos, según reportó ABI. Los uniformados denunciaron que si bien reciben la tela del uniforme, son ellos que corren con los gastos de la confección.

El Presidente habla de recurrir al IDH

El presidente Evo Morales aseguró ayer que las demandas de los policías amotinados serán atendidas, aunque explicó que en su gestión se produjeron los mayores incrementos en la masa salarial de la Policía Boliviana.

El Jefe de Estado, quien entregó la nueva infraestructura de la unidad educativa Custodio Ayaviri en una población de Cochabamba, señaló que su Gobierno trabaja en un proyecto de norma para destinar el 10% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a favor de la Policía nacional para garantizar su fortalecimiento y equipamiento logístico y técnico en municipios donde la población exceda los 50.000 habitantes, y el 5% del IDH para la institución cuando los habitantes sean menos de 50.000.

El Presidente reiteró además una oferta de mejora de ingresos justo en momentos en que sus ministros en La Paz dialogaban con representantes de los policías de tropa, que desde el jueves 21 asumieron medidas de presión exigiendo la nivelación salarial, la abrogación de la Ley 101 de Régimen Disciplinario y mejores condiciones laborales.

“Sospechamos que hay alguna gente (infiltrada) porque, compañeros, algunos policías tienen derecho a reivindicar, entendemos, se va a atender, pero tampoco es que estén desatendidos”, afirmó.

Luego se puso a comparar con gestiones pasadas y dijo que la masa salarial entre 2001 y 2005 aumentó de 421 a 521 millones de bolivianos; y en cambio, en su Gobierno el incremento fue de hasta 125% a la masa salarial, de 521 a 1.252 millones de bolivianos, dijo.

Agregó que no sería posible descuidar a la tropa policial porque quienes la conforman son quechuas y aymaras, “cómo podemos descuidar esa situación”, sostuvo y luego explicó que el Gobierno aplica una política inversamente proporcional en relación al incremento salarial.