Douglas Farah
Hugo Chávez y sus aliados de izquierda dejarán como legado el fracaso de sus políticas económicas, la corrupción masiva y la disminución de las libertades políticas.
La semana pasada, un dirigente de la oposición de Bolivia tomó la inusual medida de pedir asilo en la embajada de Brasil en La Paz, acusando al gobierno de Evo Morales de persecución política y amenazas de muerte. Así como es sorprendente que en una reprimenda al gobierno de Morales, los brasileños le concediera su petición, diciendo que sus temores eran fundados.
El mes pasado, un prominente juez de la Suprema Corte de Venezuela huyó de su país a la custodia de la Drug Enforcement Administration (DEA), por temor a que lo que sabe de la corrupción narco en los niveles superiores del gobierno de Hugo Chávez pusiera su vida en peligro. En Ecuador, los jueces que se niegan a seguir las órdenes del presidente Rafael Correa se han visto obligados a dimitir y varios viven en el exilio.
Los dirigentes de la oposición también están siendo acosados por las demandas del gobierno para silenciarlos. Estos incidentes recientes subrayan la herencia más perniciosa y efectiva de la revolución bolivariana liderada por Chávez en América Latina: apretar el control sobre gobiernos cada vez más corruptos mientras se aniquila a los poderes judiciales, silenciando a los medios de comunicación independientes y criminalizando toda oposición política.
Por supuesto, los poderes judiciales en la mayoría de América Latina han sido obstaculizados por la corrupción, el amiguismo y anticuadas estructuras legales. Sin embargo, los tribunales están ahora completamente politizados, con el expreso propósito de promover proyectos políticos autoritarios. Fidel Castro aconsejó tanto a Hugo Chávez y al presidente boliviano Evo Morales, en las reuniones en el año 2006, evitar la revolución armada en favor de utilizar el proceso electoral para ganar poder y cambiar entonces las constituciones y las estructuras legales de sus países, asegurándose de que puedan gobernar a perpetuidad.
Se trata de una estrategia efectiva seguida al unísono por parte de Chávez y sus aliados: Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, que defienden lo que ellos llaman "socialismo del siglo 21". Tomemos el caso de Bolivia. El senador Roger Pinto, contra el cual el gobierno de Morales ha presentado más de 20 causas penales antes de que él solicitara asilo. A principios de este año, el gobierno de Bolivia presentó cargos de homicidio en contra de Pinto, pero no se molestó en presentar un cuerpo o cualquier otra prueba del presunto delito.
Sin embargo, podría ser objeto de arresto y la detención indefinida sin juicio si es arrestado. Hay múltiples ejemplos de estas detenciones, entre ellas la de Leopoldo Fernández, el gobernador opositor prominente del departamento de Pando, que ha estado detenido ilegalmente y sin cargos ni juicio durante más de tres años. Pinto, quien lidera la bancada de oposición y fue presidente del Senado hasta el año 2008, ha sido muy franco en sus denuncias contra la corrupción, la falta de transparencia en las relaciones del gobierno de Morales con Irán, y la creciente presencia de los cárteles mexicanos de la droga en Bolivia.
Presentó públicamente informes internos de la policía de inteligencia, escritos por viejos fieles de Morales que consideran la criminalización masiva del Estado como una traición a la revolución prometida. Las denuncias de corrupción interna se centraron en funcionarios relacionados con el caso del general René Sanabria, quien se desempeñó como jefe de la élite antinarcóticos de policía y asesor de inteligencia de Morales. Sanabria fue declarado culpable el año pasado en Miami por contrabando de 144 kilos de cocaína.
La información presentada por Pinto detalla la participación de otros funcionarios de alto rango en el tráfico de drogas con protección oficial. Altos funcionarios de la policía reconocieron públicamente que los informes eran auténticos. Sanabria confirmó muchas de las alegaciones desde la prisión y Pinto personalmente entregó copias de los documentos en el palacio presidencial. Morales de inmediato le abrió cargos por sedición, calumnia, y falta de respeto contra él, en lugar de investigar por qué los informes de altos funcionarios dan nombres tales como el del "súper ministro" Juan Ramón Quintana, como cómplices en el tráfico ilícito.
Como eso no silenció a Pinto, los cargos de homicidio se presentaron, junto con otros casos falsos. La falsificación de las pruebas en un caso fue tan evidente que el juez designado por Morales se negó a enjuiciar, de acuerdo a los abogados en Bolivia. Cuando comenzaron las amenazas de muerte y se hizo evidente que el acoso iba a continuar hasta que fuera silenciado, Pinto buscó refugio en la embajada de Brasil. Le tomó el gobierno brasileño, por lo general reacio a involucrarse en tales casos, sólo 10 días para encontrar que hubo "irregularidades" en los casos en contra de Pinto y en acceder a su petición.
En Venezuela, Eladio Aponte, el ex juez del Tribunal Supremo, ha detallado cómo altos funcionarios venezolanos del palacio presidencial lo llamaron para pedir concretas opiniones judiciales en casos de narcotráfico. Conociendo su destino si hablaba en casa, viajó a Costa Rica, donde solicitó la protección de la DEA para ingresar a Estados Unidos y decir lo que sabe. En Ecuador, el juez que manejó los casos de difamación penal por Correa contra los periodistas fue obligado a dimitir al no apoyar al presidente con la suficiente rapidez.
El juez nombrado a dedo como reemplazo dictó un veredicto de culpabilidad en corto plazo, supuestamente después de haber leído casi 1.000 páginas de pruebas. Otro dirigente de la oposición, el coronel retirado Mario Pazmiño, ha sido atacado con una querella criminal por denunciar el aumento del tráfico de drogas y la falta de control de Ecuador de su espacio aéreo.
En los tres países, el gobierno ha cerrado arbitrariamente medios de comunicación independientes. Los periodistas han sido amenazados y atacados con impunidad por los partidarios del gobierno, y han sido públicamente vilipendiados por los presidentes. Esta destrucción de las libertades democráticas es tal vez la mayor traición de la revolución bolivariana. Se había prometido un nuevo comienzo democrático y poner fin a décadas de corrupción, incompetencia judicial y abusos autoritarios.
En realidad, los bolivarianos han subvertido la democracia mediante la imposición de estructuras legales diseñadas para los nuevos regímenes autoritarios, sostenidos por la intimidación y el crimen organizado. Hoy en día, la democracia es lenta pero constantemente asfixiada en varias partes de América Latina, en particular los aliados del gobierno de Chávez. La situación se está deteriorando a medida que disminuye la salud de Chávez. Es probable que empeore antes de mejorar.
Foreign Policy