Gobierno boliviano tilda de “vocera” de la DEA a Canciller colombiana

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana criticó a la canciller de Colombia, quien afirmó que existen cárteles colombianos de narcotráfico en Bolivia. “Diría que la Canciller colombiana ha expresado una posición política de EEUU y se ha convertido en portavoz de la Agencia de Seguridad de EEUU”, afirmó.

Quintana tilda de “vocera” de la DEA a Canciller colombiana

El ministro de la Presidencia desestimó que haya cárteles en Bolivia. Controversia. En la Asamblea de la OEA, María Ángela Holguín dijo que se advirtió la presencia de cárteles colombianos de narcotráfico en territorio nacional.

imagePágina Siete/ La Paz – 09/06/2012



La canciller colombiana María Ángela Holguín tras la firma de un convenio con su similar de Bolivia, David Choquehuanca, el pasado 5 de junio, en el marco de la Asamblea General de la OEA, en Cochabamba. Foto ABI

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, calificó como “vocera” de la DEA (Agencia Antidroga de los Estados Unidos, en sus siglas en inglés) a la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, debido a la declaración en la que ella afirmó que existen cárteles colombianos de narcotráfico en Bolivia.

“Lo que pasa es que la DEA tiene voceros oficiosos y nosotros creemos que la Canciller ha oficiado de la vocería de la DEA”, manifestó Quintana en una entrevista realizada por la red Uno el jueves, en referencia a la declaración de Holguín del martes 5 en el marco de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Tiquipaya, Cochabamba.

“En los últimos días hemos visto, desafortunadamente, la presencia de cárteles del narcotráfico. En eso queremos apoyar a Bolivia. Esa experiencia que tenemos de algo tiene que servir para evitar que estos cárteles lleguen a Bolivia y que su pueblo no sufra este flagelo como nosotros lo hemos vivido”, anunció la Canciller colombiana ante los medios de comunicación.

El Ministro de la Presidencia descalificó en la entrevista televisiva la actitud de la diplomática de Colombia y dijo que no habría respetado el protocolo que su investidura manda como representante de su país.

“Me parece una declaración terriblemente desafortunada de la canciller de Colombia, pero no solamente desafortunada, sino inoportuna; en consecuencia, si el Gobierno colombiano tiene información de que en Bolivia están operando cárteles colombianos es que, en el marco de los convenios y acuerdos que tiene con el Gobierno de Bolivia, debe transferir la información para que nosotros operemos”, dijo.

“Lo que debiera hacer una Canciller de manera rigurosa, respetuosa y responsable, en lugar de dar este tipo de información a los medios, es utilizar los canales diplomáticos y Colombia no lo hizo”, añadió.

Quintana explicó que el Gobierno investiga el tema, pero no detectó “de manera sólida” la presencia de cárteles de narcotráfico en el país, aunque dijo que hay presencia extranjera implicada en ese tráfico ilícito. También calificó la información de Holguín como una posición de EEUU sobre Bolivia y el tema narcotráfico y a ella como portavoz de ese país.

“Diría que la Canciller colombiana ha expresado una posición política de EEUU y se ha convertido en portavoz de la Agencia de Seguridad de EEUU”, dijo.

Las declaraciones previas

En los últimos dos meses, el ministro Carlos Romero y el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, afirmaron que en el país no operan mafias de narcotráfico, aunque sí emisarios de estas organizaciones.

El 1 de junio, la embajadora de Colombia en La Paz, Martha Pinilla, descartó que en el país operen cárteles. “En Bolivia no hay cárteles y menos colombianos”. Entonces, el jefe de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, César Guedes, declaró: “Lo indicó el Gobierno, lo mencionó la embajadora de Colombia. El manejo del narcotráfico en Bolivia no corresponde a cárteles. Se ven organizaciones delincuenciales, emisarios internacionales que vienen a compartir procedimientos técnicos”.

La semana anterior, después de un megaoperativo llevado a cabo en poblaciones cercanas a la región de Yapacaní, Santa Cruz, se destruyeron 249 fábricas de cocaína, se hallaron 2.000 kilos de cocaína y se logró la detención de al menos 21 personas, de las que cinco fueron procesadas y sólo dos enviadas a la cárcel. Entre ellos no hay ningún “pez gordo”.