Marcelo Ostria Trigo
Hacía años que las embajadas latinoamericanas en Bolivia, no recibían pedidos de asilo político. Este buen record se ha interrumpido con el asilo –ya concedido por el gobierno brasileño– del senador opositor Roger Pinto.
Parecería que muchos han olvidado que el asilo político es una ejemplar institución del derecho internacional latinoamericano, cuya vigencia, en tiempos de ausencia de libertades democráticas, ha salvado a muchos ciudadanos de crueles persecuciones políticas, de la cárcel y aun de la muerte, sólo por sostener sus convicciones.
Pese a su naturaleza humanitaria, no siempre se ha respetado el asilo político. Víctor Haya de la Torre, líder del APRA (Alianza Popular Revolucionaria) del Perú, durante el régimen (1948-1956) del general Manuel Odría, fue perseguido y amenazado de muerte y se asiló en 1949 en la embajada de Colombia en Lima. El gobierno de Odría se negó a otorgarle salvoconducto, y rodeó la sede de la embajada colombiana con barricadas. Cinco años después, en 1954, por la presión internacional, se le permitió salir del país. Y precisamente, ese año, en la Séptima Conferencia Internacional Americana celebrada en Caracas, Venezuela, fue aprobada la Convención sobre Asilo Político, perfeccionando la Convención de La Habana de 1928
Otro serio incidente se produjo en la Argentina. En junio de 1956, un grupo de militares comandado por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco se alzó en armas contra el gobierno del general Pedro Eugenio Aramburu. La intentona fracasó. Apresado el general Valle fue fusilado sumariamente. El general Tanco logró asilarse, junto con otros alzados, en la Embajada de Haití en Buenos Aires, pero un grupo de militares y civiles, irrumpió en la sede diplomática y apresó a los asilados. El Embajador haitiano protestó vigorosamente: “No porque Haití sea una nación pequeña –dijo– va a permitir semejante atropello. Por el contrario, los pequeños países deben ser respetados escrupulosamente porque son pequeños”. Finalmente, el grupo secuestrado retornó a la embajada y salió al exterior.
Fuera de nuestra región, el cardenal primado húngaro Joszef Mindszenty fue apresado en 1949 y condenado a prisión perpetua por el régimen comunista de su país. Cuando estalló la rebelión popular de 1956, recuperó brevemente su libertad. Una vez aplastada la insurrección por las tropas soviéticas, el Cardenal se refugió en la Embajada de Estados Unidos en Budapest. Pese a que no existía convenio sobre asilo diplomático entre Hungría y Estados Unidos, al final prevaleció el criterio de que las sedes diplomáticas se consideran territorios de los países que acreditan misiones en el extranjero, y el prelado, luego de largas negociaciones, en 1971 abandonó su país en calidad de asilado.
El asilo del senador Pinto ha causado desazón en el oficialismo. Algunos personajes han adelantado que pedirán al gobierno brasileño que revierta su concesión, sin reparar que corresponde exclusivamente al Estado asilante calificar la condición de perseguido político o delincuente común de quien solicita el asilo. El caso del senador opositor es claro: la persecución fue política usando la Administración de la Justicia. Y no cabe duda de que esta concesión de asilo por el gobierno del Brasil sea irreversible.
Cuestionar la concesión del asilo del senador Pinto, negar o demorar su salvoconducto, expondría al país a un mayor descrédito que, como están las cosas, es lo que menos que se necesita.
El Deber – Santa Cruz