Santa Cruz es la ciudad del eje troncal de Bolivia que tiene la impresión más negativa de la tolerancia de Evo a la actividad de los políticos de oposición, mientras 48 de cada 100 alteños opina que no existe acoso del oficialismo.
54% cree que opositores son perseguidos por el Gobierno
Página Siete / La Paz
Partidarios del senador asilado Roger Pinto muestran su imagen en La Paz. Foto archivo Afka.
Pluralidad. Santa Cruz es la ciudad del eje troncal que tiene la impresión más negativa de la tolerancia del Ejecutivo a la actividad de los políticos de oposición.
Para más de la mitad de los encuestados, el Gobierno sí hace persecución política a líderes de oposición, según una encuesta de IPSOS elaborada para Página Siete.
54% considera que el Ejecutivo sí acosa u hostiga a los referentes de otras fuerzas, mientras que 34 de cada 100 opina que se respetan los derechos de todos los actores sociales.
El estudio de opinión pública fue realizado entre el 20 y el 28 de junio, se entrevistó sólo a personas mayores de 18 años.
El trabajo de campo se realizó en las ciudades más grandes del país: La Paz, Santa Cruz, El Alto y Cochabamba. Entre todas concentran la cuarta parte de la población del país. Se tomaron en cuenta las proporciones demográficas y socioeconómicas en todas las unidades territoriales.
En la semana, Rubén Costas estuvo cerca de perder su cargo. El tratamiento de su eventual suspensión como gobernador cruceño quedó pospuesto por 15 días en la Asamblea Legislativa de Santa Cruz. El último gobernador de oposición en funciones, después de que el MAS precipitara la salida de Mario Cossío y Ernesto Suárez de sus respectivas gobernaciones.
Mientras tanto Roger Pinto sigue refugiado en la Embajada de Brasil. El asilo que le otorgó la Cancillería de aquel país (Itamaraty) se debe a los procesos judiciales que el Gobierno tiene abiertos en su contra. Algunos de ellos por el delito de desacato, una figura legal cuestionada.
Países como Perú, Estados Unidos, Brasil y Paraguay aceptaron asilar a ex líderes de la oposición boliviana.
Sin embargo, de acuerdo con la postura gubernamental, no existe ninguna politización de la justicia. Para el Ejecutivo, los procesos que afrontan los detractores de Evo Morales fueron iniciados por delitos comunes.
Costas ya fue acusado formalmente ante el Ministerio Público por conducta antieconómica, daño económico al Estado y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes por autorizar el desembolso de alrededor de diez millones de bolivianos para la organización de un referéndum autonómico que no fue reconocido por la Corte Nacional Electoral ni el Congreso. Aquellos comicios se efectuaron el 4 de mayo de 2008.
En La Paz, el 56% considera que existe persecución hacia los referentes de la oposición, mientras que 59 de cada 100 cruceños considera lo mismo.
En cambio, 48% de los pobladores de El Alto opina que el Gobierno respeta los derechos de todos los militantes de otros partidos políticos. Apenas 25 de cada 100 habitantes de Santa Cruz de la Sierra opina de la misma manera.