Radio noticias. Demandó a presidenta del Senado hacer cumplir Reglamento.
La Paz.- El vicepresidente, Álvaro García Linera, esta mañana también se refirió a la situación del senador Roger Pinto y de forma muy dura dijo que el Estado no puede mantener a una persona que no trabaja y que en el caso específico tendrá que aplicarse lo que establece la normativa legal vigente.
“Es una barbaridad que el Estado boliviano, que los bolivianos paguemos dinero a un vago, a un ocioso, no puede haber eso, aquí tiene que tener su salario el que trabaja. Nosotros trabajamos y tenemos nuestro salario, al presidente y a mí nos cuesta 15, 18 horas al día ganarnos nuestro salario, o 20 horas al presidente. Funcionario público del Estado tiene que trabajar, no tiene que estar feliz echado en una cama viendo televisión, comiendo y engordando sin parar, es una vergüenza. Hemos pedido a la presidenta de la Cámara de Senadores que de una buena vez se cumplan los reglamentos, no es un tema político, es un tema institucional y es un tema de ética; ningún funcionario público puede recibir dinero de los bolivianos, de los impuestos, de la señora, de la gente que paga sus impuestos por ver televisión y comer, eso no puede ser”. (Panamericana)
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Para la oposición la situación de Roger Pinto no le priva de seguir ejerciendo el cargo de senador, por cuanto ha sido electo por el voto del pueblo
La Paz.- La diputada Norma Piérola citando leyes vigentes defendió al senador, insistiendo además en que el Gobierno incumple tratados internacionales negándose a otorgar el salvoconducto para que pueda trasladarse a Brasil.
“El mandato de un asambleísta se pierde por fallecimiento, por renuncia, revocatoria de mandato, sentencia condenatoria y ejecutoriada en causas penales o abandono injustificado de sus funciones por más de 6 días de trabajo continuos en un año y discontinuos 11 en el mismo año y de acuerdo al reglamento también establece lo mismo; pero en el caso del senador Pinto no podemos tomar en cuenta abandono injustificado de trabajo, es plenamente justificado, primero porque a él ya se le ha concedido un asilo político y aquí hay negativa del Gobierno de poder otorgarle el salvoconducto que el requiere y eso sí es delito, es incumplimiento de deberes, son resoluciones contrarias a la Constitución y asimismo constituyen una forma de hacer persecución política y consolidarla en contra especialmente de los parlamentarios de oposición”. (Panamericana)
Ref imagen Opinión / archivo