Hay 26 acusados con el opositor Rubén Costas. Hoy fenece el plazo para que la Asamblea Legislativa de Santa Cruz decida sobre la suspensión del gobernador. El MAS de Evo Morales se constituyó en parte querellante.
Verdes hará primar la CPE para salvar a Costas
Hoy fenece el plazo para que la Asamblea Legislativa Departamental decida sobre la suspensión del gobernador. El MAS se constituyó en parte querellante.
Opositores. Los masistas Jhonny Zeballos y Edwin Muñoz muestran el material que presentaron en el Tribunal Judicial
El Deber
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Hacer primar la Constitución Política del Estado (CPE), que establece la presunción de inocencia, será la carta que jugará la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa Departamental para no aplicar el artículo 145 de la Ley Marco de Autonomías y evitar la suspensión del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, acusado por la Contraloría de malversar Bs 10 millones para realiza en 2008 el referendo por el Estatuto Autonómico.
La bancada opositora, del Movimiento Al Socialismo (MAS), se adelantó al informe que presentará la Comisión de Constitución, dominada por el oficialismo, y ayer se constituyó en parte querellante en el juicio contra Costas.
La adhesión de la bancada masista a la imputación formal presentada por el Ministerio Público se produjo 24 horas antes de que finalice el plazo para que la Comisión de Constitución presente al plenario del legislativo departamental un informe sobre la acusación fiscal contra el gobernador.
Si bien el plazo concluye hoy a las 18:30, en la Asamblea no está garantizado que el legislativo inicie el tratamiento del caso porque, de acuerdo a reglamento, el informe de la Comisión de Constitución debió entregarse a los 28 asambleístas un día antes de la sesión.
El presidente de la Comisión de Constitución, Alcides Vargas, explicó que la solicitud presentada por el contralor de Santa Cruz, Alfredo Villca, carece de consenso para elaborar un solo informe, por lo que se optó por elaborar informes paralelos: uno de mayoría y otro de minoría.
En el informe que elaboran los legisladores oficialistas, Alcides Vargas, de Verdes, y Alcides Villagómez, del FA, se descarta la petición de la Contraloría por considerar que la Asamblea Legislativa Departamental no tiene un mandato para constituirse en parte querellante ni ser “juzgadores”, porque fueron elegidos como legisladores.
“Necesitamos una ley expresa que diga que la Asamblea se tiene que querellar, de lo contrario nos pueden demandar por usurpación de funciones”, afirmó Vargas.
Adelantó que en ambos informes, la Comisión de Constitución recomendará al pleno que cumpla la Constitución Política del Estado, que establece que una autoridad será suspendida cuando exista una sentencia ejecutoriada condenatoria. No descartó que se requieran otros 10 días más para elaborar el informe sobre la acusación fiscal.
En contrapartida, el masista Edwin Muñoz explicó que la adhesión de la bancada del MAS a la imputación de la Fiscalía es el marco del cumplimiento al artículo 14 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz; además, ellos se respaldan para evitar procesos penales por incumplimiento de deberes.
La querella fue presentada en la plataforma del Tribunal de Justicia Departamental por Muñoz, Jhonny Zeballos y Martín Quispe, además del abogado de la bancada.
Al respecto, el secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, dijo que esa acción forma parte de la política de persecución política que ejecuta el MAS contra las autoridades opositoras, pero que pese a ese accionar, el gobernador Costas sigue atendiendo las necesidades de la ciudadanía a través de la ejecución de obras.
En medio de las estrategias políticas, los abogados de Rubén Costas anuncian para hoy la presentación de un recurso para que se extinga la acusación por malversación de fondos porque, según ellos, el proceso judicial cumplió más de tres años y hasta la fecha no se ha realizado la audiencia conclusiva. Es decir, feneció el plazo que contempla la legislación boliviana para procesar a una persona, explicó Peña.
No hay fecha para audiencia
El juez Sexto de Instrucción en lo Penal, Juan José Zubieta, aún no ha fijado fecha para realizar la audiencia conclusiva contra el gobernador Rubén Costas, pues antes debe terminar de cursar las notificaciones a los imputados para informarles que el proceso volvió a ese juzgado, una vez que fue resuelta la denuncia por prevaricato que sentó en su contra el Comité Cívico y el Colegio de Abogados de Santa Cruz.
De acuerdo con Zubieta, las notificaciones sobre el retorno del proceso al juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal corresponden a los imputados que asistieron a la audiencia que celebró el juzgador Pablo Vargas, es decir, al gobernador Costas, al secretario general de la Gobernación, Roly Aguilera; de Hacienda, José Luis Parada, y al de Gobierno, Vladimir Peña, además de otros imputados que comparecieron.
Después de ese proceso, se fijará fecha para la audiencia y nuevamente se notificará a las partes involucradas en el proceso.
El abogado defensor de Costas, Richard Cardozo, dijo que hasta el momento su defendido no recibió ninguna notificación sobre el caso.
Se perfila el debate por el estatuto
La Comisión de Autonomía de la Asamblea Legislativa Departamental se alista para presentar la propuesta de adecuación del Estatuto Autonómico, que fue aprobado en referendo departamental el 4 de mayo de 2008.
Antes de someter la propuesta a consideración del plenario, los miembros de dicha comisión Rose Marie Sandóval, Hugo Raúl Limón, ambos de la alianza Verdes, y el masista Edwin Muñoz deberán revisar y aprobar los informes de la anterior gestión. Para ello, en el transcurso de las próximas horas se prevé que la presidenta de la Comisión, Rose Marie Sandoval, haga la convocatoria para el análisis de los informes que hay en mesa.
La bancada de asambleístas del MAS, el pasado 4 de mayo, presentó una propuesta para modificar la carta autonómica en la que plantea cambiar más del 60% del material que fue aprobado en las urnas.
El bloque indígena, en la gestión del chiquitano Rodolfo López, propuso diseñar una ruta para el inicio del trabajo de adecuación del estatuto. Sin embargo, ambas propuestas hasta ahora no fueron consideradas por el plenario de la Asamblea.
Hay 26 acusados con Costas
Hoy definen posible suspensión del Gobernador. Proceso. El viernes se realiza la audiencia conclusiva previa al juicio oral que se ventilará en el Juzgado Sexto de Instrucción.
El Día, 23 de Agosto, 2012
Ref. Fotografia: Factura. El MAS sigue juicio a los que aprobaron el referéndum.
Los asambleístas del Movimiento Al Socialismo, Lucio Vedia y Edwin Muñoz, dijeron ayer que la llamada alianza Verde, que sustenta al gobernador cruceño Rubén Costas, es cada vez más frágil. Anunciaron que hoy pueden haber sorpresas a la hora de la presentación del informe de la Comisión de Constitución que durante 15 días analizó el pedido de suspensión del cargo, según manda la Ley Marco de Autonomías, luego de una acusación por presunta malversación de fondos por los gastos en la administración del referéndum autonómico de 2008.
Vedia y Muñoz llegaron ayer al Palacio de Justicia a dejar una querella criminal contra 27 personas, entre ellas el gobernador Costas, los secretarios José Luis Parada y Vladimir Peña, el secretario Roly Aguilera y los entonces consejeros departamentales Juan Carlos Parada, Carlos Lobo, Rose Marie Sandoval, Juan Baltazar, Wilfredo César León, Ronald Justiniano, Herlan Catalá, Cinthia Barrero, Delmar Méndez, Edith Perrogón, Zenón Quiroz, Olwis Elmar Vaca, Ronald Artunduaga, Bernardo Suárez, Simón Alberto Moreno, Juan Carlos Ibáñez, Eneida Egüez, Roxana Vaca, Omar Rodríguez, Atiliano Pérez, Ruddy Dorado, José Antonio Baldelomar y Wálter Rodríguez. Todos por haber autorizado el gasto de Bs 10 millones para la consulta.
Juicio. Por su parte, el fiscal de Distrito, Isabelino Gómez, anunció que el viernes a las 10 de la mañana será la audiencia conclusiva para dar paso al juicio oral.
Para hoy, la Comisión de Constitución entregará al pleno de la Asamblea departamental el informe sobre el pedido de suspensión temporal del gobernador Costas que ha pedido la Fiscalía.