En los últimos días se multiplicaron los procesos judiciales y ante distintos “tribunales de ética” contra parlamentarios de oposición, periodistas y medios de comunicación. El común denominador es el de haber realizado críticas al gobierno de Evo Morales.
Todo parece indicar que la libertad de expresión se verá cada vez más coartada en el Estado Plurinacional, mediante instrumentos como la mal llamada “ley contra el racismo”, que está siendo utilizada para penalizar la opinión bajo la excusa de la “discriminación”.
Una somera enumeración nos recuerda que están siendo procesados la Agencia de Noticias Fides (ANF), Página Siete y El Diario, por el “delito” de reproducir dichos del presidente en los que ofendió a los pobres del oriente boliviano.
También son llevados ante las comisiones de ética de las Cámaras de Senadores y Diputados los legisladores Luis Pedraza y Adriana Gil. El primero, por indicar que existe un vacío jurídico en la Constitución, por el cual el interinato de Gabriela Montaño habría sido irregular.
En el caso de la diputada Gil, el “crimen” es haber señalado la deslealtad de Evo Morales hacia los indígenas en el tema del TIPNIS.
Al mismo tiempo, se acusa de “sedición” al padre Eduardo Pérez, del grupo Fides, por la misma razón que se procesa al senador Pedraza.
Por supuesto, hay casos menos recientes que sentaron el precedente para la andanada actual, como el del presentador de TV de Riberalta Jorge Melgar, encarcelado desde el año 2008 y a quien se pretende aplicar la “ley antirracista” de manera retroactiva.
Sintomática intolerancia la del régimen evista, clara señal de autoritarismo y mentalidad antidemocrática…