El gobierno dice que hay una campaña anónima de distorsión del contenido del proyecto que ha generado una "psicosis colectiva", particularmente en los transportistas y gremiales de Bolivia.
Instauración de juicio activará la extinción de la propiedad
El ministro Carlos Romero explicó los alcances del proyecto de ley.
DATO. Aunque el proyecto de ley establecía cinco días para presentar descargos, ayer el ministro dijo que el plazo es de diez días para quienes hayan cometido delitos in fraganti.
Página Siete / La Paz – 05/11/2012
Los gremiales protestaron la pasada semana en Cochabamba. APG
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció ayer que la confiscación de propiedades prevista en el proyecto de ley de extinción depende de la instauración de un juicio penal y que éste será implementado recién después de que la Subprocuraduría del Estado realice una investigación.
“El proyecto de ley de extinción de dominio subordina, supedita, la acción de extinción a que se instaure un juicio penal”, declaró la autoridad, aunque en el proyecto de ley presentado por él a la Cámara de Diputados no se establece explícitamente este procedimiento.
Romero aseguró además que antes del juicio la Subprocuraduría, luego de ser notificada por el Ministerio Público, deberá cotejar la información, “tendrá que hacer una contrastación de que evidentemente esa persona incurrió en narcotráfico, contrabando, es decir que está en las causales en el delito mayor a los que se dirige esta ley”.
El ministro, quien habló en una entrevista con la Red Patria Nueva, aseguró que quien sea encontrado en delito in fraganti tendrá diez días para presentar sus descargos y si es delito no fragante, 15. Sin embargo, en la propuesta de ley elaborada por el Ministerio de Gobierno se establece que este plazo es de cinco días.
Romero agregó ayer que el procedimiento de confiscación de una propiedad se activa por “decisión del juez en materia penal”, después de haberse agotado la etapa de investigación, a cargo del fiscal, “establecerá que hay indicios y pruebas constituidas para acusar a alguien de narcotraficante, contrabandista o de blanqueo de dinero”.
“Si no se instaura un juicio penal, no hay acción de extinción de dominio”, por lo que “no es una decisión unilateral, arbitraria o unidireccional de la autoridad a cargo de la acción de extinción”, que es el procurador del Estado, insistió Romero, por lo que, según él, sí hay presunción de inocencia en la norma. Diversos sectores que se oponen aseguran lo contrario.
En los últimos días, organizaciones de gremiales, ropavejeros y transportistas rechazaron la aprobación de este proyecto de ley porque pone en riesgo la propiedad privada obtenida por años de trabajo, las mercaderías y las herramientas de trabajo.
No obstante, el Gobierno intenta disipar esos temores y parlamentarios del Movimiento Al Socialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional incorporaron al menos dos modificaciones sustanciales, como el plazo para demostrar la licitud de los bienes de cinco a diez días y el principio de retroactividad.
Mañana es día clave para determinaciones sobre el proyecto de ley de extinción de dominio de bienes a favor del Estado. Por un lado, los gremialistas se reunirán en Santa Cruz para definir medidas y, por otro, el transporte pesado señala que asistirá a la convocatoria del Legislativo
Romero defiende ley de bienes
HOY SE REÚNE CON SECTORES.
Los Tiempos – 5/11/2012
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, insistió ayer en la necesidad de contar con una Ley de Extinción de Dominio de Bienes adquiridos de recursos ilícitos y justificó la drasticidad de las acciones contempladas en el proyecto de ley.
La autoridad gubernamental durante una larga entrevista a través de los medios estatales, sin cerrar la posibilidad de cambios, desvirtuó los argumentos expuestos por transportistas, gremialistas y otros sectores para oponerse a la aprobación de esa normativa.
Romero manifestó que hay una campaña anónima de distorsión del contenido del proyecto que ha generado una "psicosis colectiva", particularmente en los transportistas y gremiales.
Gremialistas, transportistas y otros sectores de trabajadores, como la Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba, ratificaron sus objeciones y anticiparon que asistirán a la reunión concertada para mañana en la Asamblea Legislativa, no para discutir cambios, sino para exigir la nulidad de todo el proyecto de ley. De no ser escuchada esta exigencia advirtieron con iniciar medidas de protesta.
Mantienen que la confiscación de bienes, a través del proceso administrativo a sola acusación, independiente de la acción penal, y a cargo de la Procuraduría General, previsto en el proyecto de ley, es inconstitucional y vulnera derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
Autoridades del Ejecutivo y Legislativo aseveraron que la aprobación de esa ley es decisión gubernamental. Diputados oficialistas anticiparon que su aprobación se retomará el miércoles, con la aceptación o no de los diferentes sectores.
El pasado 1 de octubre el proyecto de ley fue aprobado en grande por la Cámara de Diputados, debido a objeciones se paralizó su aprobación en detalle y se devolvió a la Comisión respectiva. De acuerdo a la presidenta de esta instancia, Rebeca Delgado (MAS), no se retomará su tratamiento en detalle hasta llegar a consensos con las partes involucradas.
Personas de “buena fe”
El Ministro de Gobierno reiteró ayer que el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado no afectará a terceras personas de buena fe, como ser transportistas o entidades financieras.
Explicó que, en el caso de transportistas, el proyecto de ley define que éstos no sean afectados por la ley, pues dijo que, por ejemplo, si el transportista lleva un cargamento por una relación contractual y el mismo contiene contrabando, quien infringe la ley no es el transportista, sino el dueño del cargamento ilegal.
"En la ley de manera genérica se ha establecido un artículo que dice: ‘se salvaguardan los derechos de terceras personas de buena fe’, ésta es una categoría jurídica. ¿Quién es una tercera persona de buena fe?, es alguien ajeno al motivo que genera la tipificación de un delito, como, el transportista", señaló Romero.
Sostuvo que el transportista llega a ser un tercero de buena fe porque "ha confiado en que ese cargamento es bueno y lícito y no de contrabando" y porque las relaciones jurídicas, en este caso, es entre dos partes: El Estado y el dueño del cargamento.
"La ley dice: ‘se salvaguarda el derecho de terceros de buena fe’, y cuál es el derecho del terceros de buena fe, en este ejemplo específico es el transportista que salvaguarda su derecho a su medio de transporte, a su actividad que no va a ser afectada", dijo.
Bienes hipotecados
En el caso de las entidades financieras que, en algunas situaciones, hacen un préstamo bajo la garantía de un bien inmueble, explicó que ese bien no será afectado, en caso de ser el usuario acusado de narcotráfico.
“No podríamos afectar ese bien que está hipotecado, queda fuera del ámbito de aplicación porque en este caso estaríamos afectando al banquero, entonces el banquero es también un tercero de buena fe”, precisó.
Plazos y monto mínimo
Un aspecto que observa el sector gremial del proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes es el de los plazos que establece para demostrar la licitud de los bienes, de 10 días para delitos flagrantes y de 15 días para delitos no flagrantes. Consideran que por el mal funcionamiento y la burocracia de las entidades estatales, estos plazos son muy cortos.
El proyecto de ley estipula la extinción de bienes para los delitos de narcotráfico, contrabando y legitimación de ganancias ilícitas. Gremialistas y transportistas también rechazaron el monto superior a los 70 mil bolivianos fijado como sospechoso.
A criterio del Ministro de Gobierno, los gremialistas, al estar inmersos en una economía informal no documentada, requieren únicamente de la declaración jurada de renta presunta de ingresos, a propósito del régimen simplificado, para acreditar la licitud de sus bienes en caso de verse afectados por esta ley.
"Cuando la ley dice que son válidos todos los medios de prueba para acreditar la licitud, la declaración jurada de renta de un gremial es perfectamente válida", enfatizó el ministro, al indicar que los agricultores tienen un similar sistema al régimen simplificado, por el cual también podrían acreditar la licitud de sus bienes.
Romero manifestó que el proyecto de ley no es un "capricho" del Gobierno, sino busca atacar el "poder económico" de las organizaciones criminales, aseguró.
"Si no se ataca el poder económico, con ese poder van a contratar un pool de abogados, 50 abogados para que hagan durar ese juicio 10 años, van a corromper jueces y fiscales y mantener su organización para seguir perpetrando los mismos delitos", advirtió.