Jorge Komadina R.
¿Es posible que una empresa X haga un estudio para estimar el costo de una gigantesca obra en el rubro petroquímico para luego adjudicarse su construcción? Aún más: ¿Está permitido que la fiscalización de dicha obra sea realizada por una socia de la empresa constructora? ¿Es posible que una empresa acumule un poder tan grande que le permita cumplir simultáneamente los roles de cotizador, constructor y fiscalizador, que por definición jurídica y sentido común son incompatibles? ¿Es posible que los altos directivos de las empresas estatales no hayan conocido los detalles de un millonario proceso de adjudicación? ¿Es posible que uno de los gerentes de una empresa estatal contrate a su propio hermano para realizar un servicio? ¿Es posible, finalmente, que los “pesados” dispositivos de control y supervisión interestatal no sean los suficientemente efectivos para asegurar la transparencia en los altos negocios del Estado?En la Bolivia que imaginan nuestros actuales gobernantes, todo eso es obviamente imposible. ¿Cómo podrían ser posibles esas hipótesis si contamos con la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, el Ministerio de Transparencia, la Unidad de transparencia de YPFB, los reglamentos de contrataciones, la Constitución Política del Estado Plurinacional y una ejemplar Ley de Hidrocarburos?En cambio, en la “otra” Bolivia, en el país “real”, esos hechos ocurren a menudo, pero no siempre logramos visibilizarlos porque –sencillamente- carecemos de información sobre ellos: la corrupción, en efecto, obra en el más estricto secreto; ella existe solamente cuando es revelada, y esta revelación sucede la mayor parte de las veces accidentalmente, como lo demuestra la contingencia automovilística de Gerson Rojas Terán que facilitó el destape en YPFB ahora y el asesinato de Jorge O’Connor en 2009 que inició la caída de Santos Ramírez. ¿Por qué el Estado, a pesar de sus controles administrativos y dispositivos punitivos, no puede eliminar la corrupción?La corrupción es un hecho social y político complejo por la gran variedad de sus manifestaciones. Una de estas formas es particularmente insidiosa y políticamente peligrosa, y es aquella que se realiza en los altos lugares del Estado: las gerencias de las empresas, los directorios, los comités de licitaciones, los ministerios. Estamos lejos del estereotipo del funcionario venal, que actúa en solitario y que se corrompe para compensar sus magros ingresos. De hecho, este tipo de corrupción sólo puede operar mediante una red de influencias que se constituye en un aparato paralelo al aparato estatal, y cuyo poder le permite “contornear” o manipular los controles institucionales. La complicidad es el cemento que permite la cohesión y la ampliación de estos grupos. En otros términos, la corrupción está enquistada profundamente en el propio aparato del Estado.¿Cómo, entonces, se puede combatir efectivamente la corrupción? No hay recetas mágicas para combatir este virus que se multiplica rápidamente. Sin embargo, las experiencias en otras partes del mundo, han mostrado que la transparencia en la gestión pública es una de las respuestas más efectivas, pero ella, la transparencia, no puede ser reducida a la organización de un cuerpo burocrático, sin autonomía y poderes reales (un ministerio, por ejemplo). En un sentido estricto, la transparencia es una cultura política, una manera de “hacer política”, y que consiste en exponer públicamente los negocios del Estado y las decisiones de los políticos al escrutinio y, por supuesto, al juicio de los ciudadanos. Erbol