A partir de la experiencia de Colombia y Nicaragua, que siguen negociando tras la sentencia de la Corte, expertos advierten que la salida de Bolivia al mar podría tener otro candado.
Mientras que Chile afirma que existen tratados que determinan que el paralelo que pasa entre su país y Perú es la línea que delimita las aguas que corresponde a cada Estado, Perú sostiene que tales documentos no establecen la frontera en disputa.
Bolivia ante el diferendo marítimo de Perú y Chile
Los posibles escenarios tras el inminente fallo de La Haya.
Página Siete, La Paz
A partir de la reciente experiencia de Colombia y Nicaragua, que siguen negociando tras la sentencia de la Corte, expertos advierten que la salida de Bolivia al mar podría tener otro candado.
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Imagen Abecor
¿Será posible que se repita la historia? ¿Qué pasaría si Chile y Perú vuelven a negociar un tratado bilateral que, como ocurrió en 1929, ponga otro candado a la aspiración marítima boliviana?
Éste es uno de los escenarios posibles sea cual fuere el fallo del Tribunal Internacional de La Haya sobre la causa abierta por Lima contra Santiago.
Se estima que este litigio por límites marítimos se resuelva en el primer semestre de 2013 y que, a partir de ello, los países vecinos negocien un acuerdo que podría afectar espacio marino y hasta territorios que fueron de Bolivia, o que en algún momento se consideraron como parte de un corredor que Chile cedería al país.
Al respecto, el constitucionalista boliviano Iván Lima Magne explicó que el caso de Colombia y Nicaragua -cuyo diferendo limítrofe se resolvió hace poco en la Corte- es un precedente que deja una lección: se afectaron intereses de terceros.
“La sentencia que delimitó la frontera entre aquellos países afectó intereses de terceros, especialmente de Costa Rica. Pero además dejó inconforme a Colombia y por eso el presidente (Juan Manuel) Santos llamó a la vía diplomática para ver cómo aplicar el fallo. Se trata de un problema muy parecido al de Perú con Chile”, explicó.
El experto afirmó que Bolivia debe estar expectante ante el fallo que podría hacer cambiar la estrategia de reivindicación.
“La Corte puede fallar en referencia a los derechos de Bolivia. Perú y Chile están peleando por un territorio marítimo que pertenece a Bolivia, si se revisa el tratado de 1904. Se debe sentar que se discute el derecho de un tercero que, además, ya anunció que presentará un litigio”.
La semana pasada, Ideas estuvo en Bogotá y conversó con abogados expertos en relaciones internacionales que vaticinaron que es muy posible que Perú y Chile sigan el camino que Colombia y Nicaragua tomaron a partir del fallo de La Haya. La negociación para aplicar y hasta matizar la sentencia.
Estos dos países, después del resultado aparentemente equilibrado, iniciaron una etapa de diálogo, pues el Gobierno de Santos no acepta la decisión.
El internacionalista colombiano Andrés Verit advirtió que hay antecedentes que muestran que el cumplimiento de los fallos es lento y que en muchos casos las partes pasan por encima de la decisión y llegan a acuerdos posteriores.
“La decisión no es un blanco y negro, hay que transitar un camino de aclaraciones. Que Colombia plantee una negociación a partir del fallo no es una novedad y no significa que le demos la espalda a la comunidad internacional. Existen antecedentes, como el caso de Estados Unidos y Nicaragua, en los 80, en los que se llegó a un acuerdo. Yo diría que es una necesidad ante la complejidad de los fallos”, dijo.
Consultado sobre lo que pueda suceder con Bolivia a partir del litigio entre Chile y Perú, el profesor de la Universidad Autónoma de Bogotá manifestó que el país debería tomar una posición activa si se trata de una zona sobre la que tiene expectativas.
Sin embargo, otros expertos internacionalistas bolivianos que conversaron con este medio prefirieron no emitir criterio alguno, pues consideran que aún es prematuro y que sería peligroso anticiparse a un escenario eventual.
¿Por qué un nuevo acuerdo?
Verit plantea tres motivos para creer que Perú y Chile seguirán los pasos de Colombia y Nicaragua. La tradición de La Haya de fallar “en equidad”; la jurisprudencia marcada por los fallos más emblemáticos del siglo XX y la necesidad de acordar “en detalle” sobre la base del fallo.
“Equivocadamente se piensa que EEUU no cumplió la sentencia de la Corte que lo obligó en 1986 a indemnizar a Nicaragua por 17.000 millones de dólares, pero no es así. EEUU llegó a un acuerdo con ese país, que si bien no tenía nada que ver con la decisión inicial, sí implicó que se le pagara esa plata por concepto de cooperación y amistad”, puso como ejemplo el colombiano.
Otro elemento a considerar es que, a pesar de que en los últimos años la Corte se ha empeñado en que haya celeridad en los casos sobre los que falla, la realidad es que transcurre mucho tiempo hasta que estos procesos entran en vigencia. Por este motivo, La Haya otorga un tiempo prudencial de hasta diez años para que las partes cumplan la sentencia antes de ejercer presión.
El antecedente más recordado por su tardanza es el de Albania contra Gran Bretaña en la disputa por los estrechos de Corfú, que separa las costas de albanas con Grecia. A pesar de que la Corte resolvió a favor de los albaneses en 1949, Gran Bretaña acató la orden recién en 1992. Un caso más reciente es el de Nigeria, que se demoró diez años para cumplir una sentencia favorable a Chad, evitando así que el caso llegue al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
“En estos periodos de tiempo no se acata el fallo de manera literal, sino que se modifican legislaciones e incluso constituciones. Todo esto se hace en el marco de conversaciones y acuerdos”, dijo Verit.
Otro internacionalista colombiano Ricardo Abello, profesor de la Universidad del Rosario, indicó que los conflictos de límites “por principio” se definen por tratados entre estados y no en la Corte.
El experto afirmó que la decisión del presidente Santos de abandonar el Pacto de Bogotá tendrá repercusión en todo el continente, pues sentará precedente.
“Si bien la Corte puede mantener su competencia para determinados casos, pues Colombia ha suscrito y ratificado tratados como por ejemplo de drogas, esta movida colombiana frena la competencia de la Corte a nivel regional bajo una perspectiva general”, manifestó.
Más lejos fue la senadora colombiana Mira Alexandra Moreno, quien la anterior semana anunció que se harán gestiones con otros países para que los fallos de La Haya no puedan afectar límites sin que las partes afectadas lleguen a un acuerdo bilateral.
“Colombia debe liderar una campaña con países como Chile, Panamá, Costa Rica y Honduras para retirarse todos del Pacto de Bogotá y que la Corte mire a América Latina con respeto”, adelantó.
De acuerdo al derecho internacional, una sentencia de La Haya es definitiva e inapelable. Si una de las partes estima que la otra no ha acatado el fallo, puede reclamar ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La posición de Bolivia
El caso abierto por Lima contra Chile es una disputa por límites marítimos.
Se trata de 38.000 kilómetros cuadrados en altamar que Perú reclama a partir de la hipótesis de que la línea divisoria en el océano debe extenderse como una línea equidistante a la frontera y no en paralelo al primer hito de Chile.
Este litigio llamó la atención a Bolivia desde el principio. De hecho, una comisión gubernamental se presentó la anterior semana en La Haya para escuchar los alegatos de ambos países.
En el grupo estuvieron el titular de la Dirección Nacional de Reivindicación Marítima (Diremar), Juan Lanchipa; el diputado Héctor Arce, el vicecanciller Juan Carlos Alurralde y el Procurador General, Hugo Montero.
El parlamentario oficialista manifestó que una de las primeras señales positivas en La Haya es que Chile ya reconoció en sus alegatos que Bolivia tiene derecho marítimo. Esta situación colocaría al país en una situación de expectativa, por lo que tenemos la facultad de intervenir en un eventual acuerdo como parte interesada o terciar a partir de una demanda propia ante el Tribunal Internacional. Por ello, Arce es optimista.
“Estamos más cerca. Con la afirmación que (Chile) ha hecho se ha constituido una prueba, en mi criterio, y les hablo desde el punto eminentemente y estrictamente jurídico, se ha constituido en una prueba fundamental para consolidar el derecho de nuestro país”.
¿Qué dice Chile?En Chile son menos optimistas. Los analistas de aquel país consideran que lo sucedido entre Colombia y Nicaragua otorga mayor validez a los alegatos peruanos y no a los planteamientos del bufete de abogados de Santiago.
El politólogo de la Universidad de Chile Bernardo Navarrete reconoció que los fallos “en equidad” ponen a su país en una situación incómoda.
“Esta tendencia salomónica, o el concepto de la ley de la orden del número, donde se reparte 50 y 50, y por tanto se busca el equilibrio, obviamente es complejo para responder la consulta final. Este fallo salomónico complejiza la postura de Chile; de hecho, se podría decir que es una mala noticia para el país”, dijo el experto a Ideas.
Ideas conoció que hay parlamentarios chilenos que manejan la idea de esperar al fallo de La Haya para después acordar los “detalles” de su implementación con Perú.
Si bien el fallo es inapelable, en Santiago saben que se trata de derecho “en buena fe” y que la comunidad internacional siempre apoyará una salida concertada.
En este caso se trataría de un nuevo acuerdo o pacto con Lima y sin delegado alguno de La Paz. Algo parecido a lo que sucedió hace 83 años, cuando Chile se comprometió ante Perú a no dar ninguna concesión marítima a Bolivia sin su aquiescencia.
Boris Miranda Espinoza
“La sentencia intervino sobre derechos de otros países al delimitar la frontera entre aquellos países. Afectó intereses de terceros, especialmente de Costa Rica. Por eso el presidente (Juan Manuel) Santos llamó a la vía diplomática para ver cómo se va a aplicar este fallo. Se trata de un problema muy parecido al de Perú con Chile”
Puntos de vista
Ricardo Abello
Internacionalista colombiano
Lo que el Gobierno (de Colombia) busca con la salida del Pacto de Bogotá es evitar que se interpongan nuevas demandas que puedan lesionar el territorio nacional por cuenta de futuras pretensiones, como la de Nicaragua. No obstante, como lo establece el mismo tratado, podría ocurrir que en el año siguiente a su retiro la Corte conozca de nuevas causas en su contra. Y en todo caso, el retiro del Pacto de Bogotá tampoco libera a Colombia de causas ya iniciadas, como la que cursa a instancias de Ecuador. Las cortes internacionales no están instituidas para socavar la soberanía de los pueblos, sino para hacer justicia. La confianza absoluta en el derecho internacional se está rompiendo, para jugar con mayor riesgo y audacia, lo que podría resultar a la postre en una política exterior y de áreas marinas mucho más sofisticada de la que hemos tenido hasta ahora.
Iván Lima Magne
Constitucionalista bolivianoEl gran problema de la Corte Internacional de Justicia es que los países no podrían cumplir con los fallos. Se trata de jurisdicción de “buena fe”. Por eso es un tribunal que falla en equidad, nadie gana del todo.Uno esperaría que la delegación haga algo más contundente que leer los alegatos de Chile y destacar que se mencionó el episodio de Charaña. Si fueron a La Haya deberían hacer algo más contundente, más sólido. Plantear que se están discutiendo derechos que nos pertenecen.
Era oportuno hacer una declaración pública para establecer que se debaten derechos de un tercero, para que no suceda lo que pasó entre Colombia y Nicaragua. Sin embargo, no hemos logrado plantear esa posición porque hay una estrategia distinta, que es la de desconocer el tratado de 1904. Eso es ir a pelear por todo el territorio que estaba en disputa en aquel momento.
Perú vs. Chile, el fallo no preocupa a Bolivia
El diferendo en La Haya de límites marítimos entre Perú y Chile
Mientras que Chile afirma que existen tratados que determinan que el paralelo que pasa entre su país y Perú es la línea que delimita las aguas que corresponde a cada Estado, Perú sostiene que tales documentos no establecen la frontera en disputa.
Info Perú y Chile.
La Razón / Ricardo Aguilar Agramont
Este texto quiere explicar de manera sencilla el conflicto de la delimitación marítima que ha llevado a Chile y Perú ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya (Holanda), sus inicios y los argumentos de cada uno de estos países. Las fuentes bibliográficas primarias utilizadas con este objeto son el paper work 39 del Centro Argentino de Estudios Internacionales escrito por Javiera Araya, magíster en Ciencia Política, y Pablo Rivas Pardo, investigador del Observatorio de Política Comparada e Internacional de la Universidad Diego Portales; y el texto Delimitación marítima entre el Perú y Chile, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.
Si bien el conflicto comenzó a finales del siglo XIX, el antecedente inicial específico para el posterior inicio del diferendo en La Haya es noviembre de 2005, cuando el presidente peruano de ese tiempo Alejandro Toledo envió al Congreso Nacional de su país el proyecto de Ley de Línea de Base del Dominio Marítimo del Perú, que demarcó, con un mapa anexo, su frontera marítima de un modo distinto a Chile y sobre un área sobre el que este último país ejerce presencia.
Esa ley finalmente se aprobó en medio de la protesta chilena y su negación por entrar a negociaciones. No obstante, Chile se mantuvo en la zona en disputa, mientras que Perú, a pesar de la ley promulgada, no pudo hacerla efectiva.
Es así que Perú determinó, el 16 de enero de 2008, presentar la demanda: “Caso concerniente a la delimitación marítima entre la República del Perú y la República de Chile” a la CIJ, a la que solicitó que se determine la delimitación marítima entre ambos Estados. El recurso ante la corte se encuentra amparado por el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas de 1948, más conocido como Pacto de Bogotá, del cual Perú, Chile y Bolivia son partes.
La demanda peruana explica, en su inciso I, la “Materia de la Controversia”: “1. La controversia entre el Perú y Chile está referida a la delimitación del límite entre las zonas marítimas de los dos Estados en el océano Pacífico, que comienza en un punto en la costa denominado Concordia conforme al Tratado del 3 de junio de 1929. La controversia entre el Perú y Chile también comprende el reconocimiento a favor del Perú de una vasta zona marítima que se sitúa dentro de las 200 millas marinas adyacentes a la costa peruana, y que por tanto pertenece al Perú, pero que Chile considera como parte de la alta mar.”
Desde esa fecha se han concluido las fases escrita y de alegatos orales. Se espera que el tribunal dicte una sentencia a mediados de 2013, una vez que el viernes terminaron los alegatos por parte de ambos países.
Polémicas. El primer diferendo es respecto de la frontera marítima. La limitación que sostiene la posición chilena corresponde al paralelo (círculo imaginario horizontal que rodea la tierra en el sentido de su rotación) inmediato que pasa entre ambos países y es la que en la práctica ha fungido como frontera desde finales del siglo XIX. Chile mantiene presencia efectiva de ahí hacia el sur. Por otro lado, la tesis peruana se fundamenta en el modo en que, en general, se hacen las divisiones marítimas, es decir, mediante una línea equidistante a la línea fronteriza de dos naciones. Los 37.900 km2 entre las “aspiraciones” de Chile y Perú son los correspondientes a la Zona de Mutua Convergencia Marítima (ZMCM), es decir, la zona en disputa.
La segunda controversia se deriva de la indeterminación fronteriza marítima anterior. Se trata de un desacuerdo en relación al punto de inicio de la frontera marítima. El Perú defiende que el inicio del trazo de la frontera marítima es el que corresponde al término de la frontera terrestre denominado Concordia, situado en la orilla del mar, en la coordenada de latitud 18º21’08” S, establecido por el Tratado de 1929, su Protocolo complementario y las Actas de la Comisión Demarcadora de Límites de 1930. En cambio, según Chile, el punto inicial de la frontera marítima no se encuentra en el término de la frontera terrestre, sino dentro del territorio, en el punto en que se localiza el Hito 1: en la latitud 18º21’23”. El Gobierno de Chile asegura que existe un informe y un acta que registran trabajos técnicos que habrían modificado el Tratado de 1929 en esos términos.
La tercera polémica es respecto a un área triangular de 28,471 km2, ubicada en una zona fuera del espacio marítimo del diferendo y de la proyección de las costas de Chile de 200 millas náuticas que corresponden a cada país desde territorio terrestre. Chile desconoce que Perú tenga jurisdicción en la zona. Los chilenos consideran que ese espacio marítimo tendría el status de “alta mar”. En cambio, para el Perú este área, conforme al derecho internacional, sería parte de su jurisdicción de 200 millas.
Argumentos. Chile basa su posición en la supuesta existencia de un límite marítimo convenido con el Perú, es decir, el paralelo entre sus respectivas zonas marítimas. Para el Estado chileno, esto quedaría establecido en las declaraciones de ambos estados de 1947 y confirmado por la Declaración de Zona Marítima de 1952 y el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954 y su Aclaración Adicional, tratados suscritos por Chile, Perú y Ecuador (a excepción del de 1947, que consiste en un Decreto Supremo).
Perú, por su parte, desconoce que los tratados de 1952 y 1954 establezcan límites marítimos y asegura que el paralelo sirvió para usos específicos de regulación pesquera, zonas de salvamento y rescate, zonas de información de vuelo, estos usos no presupondrían la existencia de límites.
Equipo jurídico de Perú
Encabezan el equipo:
Allan Wagner (agente), excanciller.
José Antonio García Belaunde (coagente), excanciller.
Abogados extranjeros :
Alain Pellet (Francia), coordinador del Equipo de Juristas Internacionales. Fue abogado de Nicaragua en la demanda marítima contra Colombia.
Rodman Bundy (Estados Unidos), profesor de la Universidad de Harvard y consejero ante la Corte Internacional de Justicia en controversias marítimas.
Vaughan Lowe (Inglaterra), abogado, profesor de la Universidad de Oxford.
Michael Wood (Inglaterra), investigador de la Universidad de Cambridge.
Tullio Treves (Italia), fue juez del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Geógrafos: Scott Edmonds (Estados Unidos) y Jaime Valdez Huamán (Perú), capitán de corbeta.
Equipo jurídico de Chile
Encabezan el equipo:
Alberto Van Klaveren (agente), es diplomático y abogado.
María Teresa Infante (coagente), es experta en Derecho Internacional.
Abogados extranjeros :
James Crawford (Australia), coordinador del Equipo de Juristas Internacionales. Es el director de la Facultad de Leyes de Cambridge.
Luigi Condorelli (Italia), abogado internacionalista.
Jean Paulsson (Estados Unidos), abogado especialista en arbitrajes internacionales.
Prosper Weil (Francia), abogado internacionalista.
David Colson (Estados Unidos), especialista en conflictos relativos a límites marítimos.
Pierre-Marie Dupuy (Francia), jurista experto en litigios internacionales.
Georgios Petrochilos (Grecia), jurista de amplia trayectoria en la Corte Internacional de Justicia.