El 45% de la gente cree que todo se armó. El ministro Carlos Romero solicitó al gobernador de Santa Cruz que pida un careo ante el juez que lleva el caso terrorismo para que revele quién lo contactó para que involucre a otras personas con la célula de Rózsa.
El Gobierno pide que Costas acuda a un careo judicial
Caso de supuesto terrorismo. Vladimir Peña, funcionario de la Gobernación cruceña, indicó que la autoridad local siempre estuvo dispuesto a ir donde corresponda para decir su verdad. Acusan a Soza de extorsionador
El sábado, antes de viajar a Cochabamba, ratificó que el Gobierno quería su cabeza. Foto: GOBERNACIÓN
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EL DEBER, Santa Cruz, Bolivia
El Gobierno ha pedido que el gobernador cruceño, Rubén Costas, se presente ante los juzgadores que llevan adelante el juicio de presunto terrorismo, para que en un careo defienda su posición, revelada en una entrevista con el comunicador Carlos Valverde, de que hubo gente del Poder Ejecutivo que le envió emisarios para que él involucre en el caso a líderes y a empresarios cruceños.
“Si el gobernador dice: ‘a mí me quisieron obligar a que involucre a cruceños’, que haga un careo, vamos al proceso, vamos al juicio”, dijo ayer Romero en un programa radial, donde además cuestionó el hecho de que durante los cuatro años que tiene este caso, aún no se hubiera debatido sobre los hechos de fondo.
“Si alguien dice que el Gobierno montó esto, que se pretendía que yo involucre a ciudadanos cruceños’, que se presenté al estrado judicial, que sostenga un careo con quien supuestamente lo habría contactado e inducido a ese tipo de acciones”, ratificó Romero.
La respuesta
Costas, que estuvo en Cochabamba durante el fin de semana, ratificó el sábado en el aeropuerto Viru Viru, que el caso de presunto terrorismo fue armado para ‘descabezar’ a la oposición gubernamental y que él nunca se dejó amedrentar ni chantejear.
“Lo que les duele es que estamos levantando de nuevo este tema”, afirmó el gobernador, en referencia a los cuestionamientos que surgieron después de su diálogo con Valverde, donde dijo que era cierta la hipótesis que maneja el comunicador, de que él se reunió una semana después del operativo en el hotel Las Américas (ocurrido el 16 de abril de 2009) con emisarios del exfuncionario del Ministerio de Gobierno Luis Clavijo, para ‘entregar’ la cabeza de Branko Marinkovic, Guido Nayar, Pedro Yovhio y un cuarto personaje, del que no se reveló su identidad. Extremo que Clavijo negó.
Ayer el secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, calificó de cínico a Romero y ratificó que hubo gente del Gobierno que buscó al gobernador para ‘negociar’, situación a la que él nunca se prestó.
Sobre el pedido de un careo, Peña recordó que el gobernador siempre estuvo dispuesto a ir donde corresponda para decir su verdad.
Otras reacciones
Los abogados de Juan Carlos Guedes e Ignacio Villa Vargas, Juan Carlos Santiestevan y Guido Colque, respectivamente, cuestionaron los ataques de Clavijo contra sus defendidos y aseveraron que seguirán revelando cosas.
“Se abrió una caja de Pandora”, indicó Colque, y afirmó que Villa Vargas dirá su verdad en el momento procesal preciso
A su vez, la esposa de Juan Kudelka, Kathy Rabczuk, cuestionó por qué solo hay unos pocos detenidos en la cárcel, siendo que la lista de los supuestos implicados en el caso terrorismo es mucho más larga
Implicados apuntan a una red de extorsión
Otro de los detalles que reveló ayer el abogado Carlos Subirana es que hubo gente que a nombre de funcionarios del Ministerio de Gobierno y del Ministerio Público empezaron a extorsionar a empresarios y políticos cruceños.
Puso como ejemplo el presunto pago de $us 50.000 que hizo el empresario Zvonko Matkovic, para que, supuestamente, el fiscal Marcelo Soza, sacara del caso a su hijo, que ahora es enjuiciado y está preso.
Matkovic, en un contacto telefónico con EL DEBER, dijo que solamente se referiría a estos temas en un estrado judicial.
Otro de los implicados que habla sobre presuntas extorsiones es el procesado Juan Carlos Guedes, que anunció que efectivos de alta graduación del Ejército le pidieron en el penal de San Pedro declararse culpable del caso e incriminar a otros, a cambio beneficios económicos.
Finalmente, el comunicador Carlos Valverde también aseveró que hasta hace poco hubo personas que se acercaron a algunos de los procesados para que se declarasen culpables del caso. “Mañana (hoy) haré nuevas revelaciones en mi programa. Daré nombres”, afirmó.
Otros detalles
Demanda de Gary Prado
Otto Ritter, abogado del general en servicio pasivo Gary Prado Salmón, dijo que hoy presentarán ante la Sala Penal Segunda un memorial pidiendo que los vocales ordenen al Tribunal que sustancia el juicio acatar la disposición constitucional con la que fueron favorecidos.
Uno de los extorsionadoresDe acuerdo con las declaraciones de Carlos Subirana, un abogado de apellido Pinto sería el encargado de cobrar, en nuestra capital, las extorsiones que presuntamente hacía el fiscal Marcelo Soza. Además el jurista afirma que fue testigo de cómo a uno de sus clientes lo engañaron de esta manera.
El 45% de la gente cree que todo se armó
Los números hablan. Una encuesta le toma el pulso a la credibilidad del caso terrorismo.
El Deber, Bolivia
Que el caso Rózsa de supuesto terrorismo en Santa Cruz fue algo armado por el Gobierno para desarticular a la oposición, pasó de ser una sospecha, a ser una percepción que está en la mente de un 45% de los bolivianos.
Así lo indican las respuestas de las personas consultadas en el eje troncal del país (Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba) que creen que sí hubo un complot. Las mismas fueron recopiladas por una encuesta urbana realizada por la empresa Captura Consulting por encargo de EL DEBER. Mientras que un 22% piensa que se trató de un grupo de aventureros que operó por cuenta propia y un 20% que fue una tramoya armada por un grupo de la oposición que pretendía dividir Bolivia, tal como lo sostienen hasta hoy las autoridades de Gobierno y el fiscal Marcelo Soza.
Como era de esperarse, es en Santa Cruz donde la mayoría (55%) piensa que el Gobierno tuvo que ver en los sucesos del 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas. Gran parte de los que así opinan son hombres de clase media, cuyas edades oscilan entre los 26 y 40 años. Mientras que en El Alto están los que piensan (30%) que la oposición sí articuló ese grupo terrorista.
La afirmación del Gobierno y las autoridades responsables del operativo en el hotel Las Américas de que hubo enfrentamiento y fuego cruzado entre los integrantes del grupo Rózsa y la Policía, apenas cuenta con un 18% de credibilidad.
El 39% imagina que fueron ejecutados sin poder defenderse, como ha trascendido en los medios de comunicación nacionales, donde la ciencia forense parece contradecir la versión policial de que efectivamente hubo un tiroteo.
Llama la atención que el 23% no sabe qué pensar, en especial en Cochabamba y El Alto.
A la pregunta sobre si el caso terrorismo debe ser juzgado por un tribunal en Santa Cruz, el 37% así lo considera correcto, mientras que el 22% manifiesta que debería seguir con el mismo tribunal que viaja desde La Paz.
El 9% está de acuerdo con que debería anularse, porque ya pasaron más de tres años y el 20% espera que se anule por falta de pruebas.
Llama la atención que un 12% se abstiene de responder y parece no estar interesado, especialmente en Cochabamba, centro del movimiento cocalero que respalda el Gobierno de Evo Morales, durante el cual se suscitó el caso terrorismo.
Por último, más de la mitad de los bolivianos (66%) cree que el fiscal Soza debe ser procesado por los audios presentados en su contra en el marco de una supuesta red de extorsión y corrupción, frente a un 25% que espera que siga al frente de la investigación
PARA SABER…
Universo de la investigación
Hombres y mujeres mayores de 18 años y residentes en las ciudades de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y El Alto.
Tamaño de la muestra
600 personas que permiten generalizar los resultados al total del universo con un 95% de confianza y un 4% de error muestral
Recolección de muestras
El muestreo se aplicó a través de entrevistas cara a cara y utilizando un cuestionario estructurado.
Periodo de campo
Las encuestas se hicieron del 19 al 21 de abril de 2013. Participaron 20 encuestadores, cuatro supervisores, tres coordinadores regionales, un editor, cuatro tabuladores y un gte. de operaciones.