El miércoles un viceministro aseguró que estaban en la zona de Yungas.
En el Gobierno hay diferentes versiones sobre la presencia de las FARC en Bolivia; en Yungas reclaman por un censo de extranjeros.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el viceministro del Interior, Jorge Pérez, aseguraron ayer, por separado, que desconocían sobre la presencia en Bolivia de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y anunciaron que cuando se informen lo comentarán.
Las declaraciones de las autoridades están en contrarruta del viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, que el miércoles advirtió sobre la presencia de disidentes de las FARC en Yungas.
Sin embargo, el exviceministro de Desarrollo Social Ernesto Justiniano dijo que las mafias se organizan para operar mejor en el ámbito del narcotráfico. “En Bolivia hay un caldo de cultivo con la falta de una organización que los combata, por la cercanía con Brasil, por el aumento de la producción de coca y cocaína y la política del gobierno de hacer la vista gorda en Chapare”, dijo.
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Frankin Alcaraz, director del Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas (Celin), dijo que estas organizaciones están buscando países donde se den las condiciones para lograr su desarrollo.
El exviceministro del Interior Gustavo Torrico descartó la narcoguerrilla, pero pidió hacer un trabajo riguroso de control, coordinado con la Policía de otros países.
César Guedes, representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Bolivia, mencionó la semana pasada la presencia de organizaciones criminales de narcotraficantes internacionales en Bolivia “no menos letales” que un cartel.
En la jornada
1 El dirigente de Adepcoca, Ernesto Cordero, anunció el inicio de rastrillajes con sus sindicatos agrarios para aprehender a extranjeros “sospechosos” e indocumentados en toda la zona de cultivos tradicionales de coca.
2 Dirigentes vecinales de El Alto pidieron al Gobierno que inicie un ‘censo vecinal’ para identificar a extranjeros que se dedican a actividades ilegales para deportarlos.
El Deber