Víctor Hugo Cárdenas*
A fines del año pasado el país realizó el Censo de Población y Vivienda. El Gobierno lo publicitó como el instrumento para conocer la naturaleza social, demográfica y estadística de Bolivia y sus necesidades, la reasignación de escaños parlamentarios y la construcción del pacto fiscal. Sin embargo, a pesar de los anuncios oficiales, los resultados no fueron publicados.
Medio año después, aún no sabemos la calidad de dicho Censo. El INE y el Gobierno se empeñaron en eludir el muestreo postcensal para saber el grado y el alcance de la cobertura y la consistencia del llenado de boletas. Es decir, el país no sabrá nunca si fue un censo excelente, regular o fue un fracaso. Pero cuando no está concluido el trabajo de los datos del Censo del año pasado, ya se anuncia el Censo Agropecuario.
Por tanto, existe la duda sobre la utilidad de dichos datos para la construcción de políticas públicas sociales, económicas, culturales, políticas e institucionales. Si son datos de baja calidad, lo serán también las políticas públicas. Si añadimos los frutos de la trampa de la identificación étnica distorsionada en favor de una mayor presencia indígena originaria, los gobiernos siguientes carecerán de datos fidedignos para su trabajo.
El destino actual de los datos del Censo es incierto. El Gobierno ha sobrepuesto el interés de la reelección sobre la gestión pública. Incluso pisotearon la Constitución y la Ley Electoral si de prorrogarse se trata. En estas condiciones, ¿el Gobierno podrá encarar con seriedad y calma el debate de la reasignación parlamentaria, en un año electoral y cuando el electorado de Santa Cruz es apetecido por la candidatura oficialista? ¿Se sacrificará para aumentar el número de parlamentarios opositores en la región oriental? ¿Y la construcción del pacto fiscal urgente y necesario? Mientras tanto, ¿qué hacemos con la mentalidad centralista y personalista del manejo financiero, alejado de cualquier sentido institucionalista y democrático?
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*Exvicepresidente de Bolivia
El Deber/Séptimo Día