Los clientes son exclusivos y apuestan como mínimo $us 500 cada día. En la puerta deben decir una clave o enviar mensajes a un celular para que el ingreso no sea restringido.
OPINIÓN, Cochabamba, Bolivia
Los operativos de la Autoridad de Juegos son constantes. En la fotografía, los resultados de control en Punata el 25 de abril de este año. La comisión, integrada por la Policía y fiscales, decomisaron diversas máquinas en casas clandestinas. aj/MARTÍN NUMBELA
Puertas cerradas, seguridad, un par de vehículos en frente son características comunes de viviendas particulares de cualquier barrio de la ciudad. Pero si a esto se agrega una cámara camuflada en la parte superior de la puerta, códigos para el ingreso, movimiento de gente entre las 10:00 y 2:00 horas, entrada y salida de personas, estamos describiendo parte de la actividad de una casa de juegos clandestina.
En Cochabamba ningún ambiente para el juego con apuestas económicas en máquinas está autorizado.
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La Intendencia Municipal informó que se ha identificado que existe alrededor de 10 casas ilegales de este tipo.
La Autoridad de Fiscalización y Control del Juego (AJ) realiza el relevamiento de información con investigaciones de forma permanente y con trabajo de inteligencia.
Una fuente cercana a jugadores y propietarios, explica a OPINIÓN que el movimiento de esta actividad de juego identifica a gente, varones y mujeres, de las altas esferas de la sociedad como a los clientes potenciales.
“Hay gente que apuesta 500 dólares o más cada día”, comenta y agrega que la atención a estas personas es restrictiva porque no “entra cualquiera” e incluso para un mejor control existen credenciales que se exponen a la cámara instalada fuera de la casa particular para ingresar.
TIPOS DE CASAS
La directora regional de la AJ, Carla Villalta, identifica dos tipos de actividad, la abierta y la cerrada. La abierta está referida a los juegos tragamonedas que por ejemplo se han visto en tilines, café internets u otros lugares donde el juego es abierto al público.
En el caso de las salas cerradas se habla de las clandestinas que operan en domicilios particulares, casas y departamentos, situados en “zonas residenciales”.
Pero en ninguno de los casos existe autorización, ninguna sala de juegos en Cochabamba está autorizada, según la Intendencia.
El intendente, Emilio Cortez, informa que su repartición tiene tuición solamente en el control de menores de edad y la licencia de funcionamiento y que el resto es competencia de la AJ.
Las mismas autoridades de la AJ exponen que tras su trabajo de investigación evidenciaron que hay servicio exclusivo de taxis para el traslado de clientes preferenciales, principalmente cuando “la casa se mueve”, es decir cuando la actividad se traslada a otro domicilio ante la posibilidad o tras la intervención durante los operativos.
El director ejecutivo de la AJ, Mario Cazón, manifiesta que existe contacto a través de mensajes de texto para el ingreso.
“Son códigos, diferente forma de operar, de hacer que la gente migre a estas casas clandestinas”, expresa agregando que cuando identifican lugares clandestinos ingresan con órdenes de allanamiento.
El Ministerio Público interviene incluso con detenciones a los administradores y al propietario. La AJ se convierte en la parte querellante.
Cazón explica que al margen de los procesos administrativos se llevan adelante procesos penales que sobrepasan los 12 en todo el país y que de estos hay ocho personas detenidas en Cochabamba, la Paz y Santa Cruz.
El encontrar a las mismas personas en diferentes operativos y lugares hace dudar de que la actividad ilegal esté solamente relacionada al juego.
“De acuerdo al trabajo que hemos hecho, el Ministerio Público ha encontrado, por ejemplo, armamento, municiones”, recuerda Cazón.
Y es que el entorno en el que se manejan las casas de juego parece no ser muy tranquilo. Cazón cuenta que en las intervenciones notaron que ni los trabajadores se atreven a dar nombres de los propietarios “por temor” a represalias.
“Esta actividad clandestina y de paso ilegal es de mucho riesgo inclusive para los trabajadores porque no les aceptan ni la renuncia”, dice.
Las amenazas no se quedan en el entorno sino que avanzan hasta los funcionarios de la AJ. Las autoridades mencionaron que hay trabajadores que incluso sufrieron agresiones físicas a la salida de sus oficinas. Fue necesaria la solicitud de mayor seguridad por parte de las autoridades a cargo.
“Cero tolerancia a la corrupción”
La Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego (AJ) resalta que su trabajo se enmarca en “cero tolerancia a la corrupción” haciendo referencia a los funcionarios de esta repartición.
El director ejecutivo de la AJ cuenta que su persona nunca recibió propuestas para socapar irregularidades.
“Tampoco las aceptaría”, enfatiza y agrega que se hace un control al personal.
“Los funcionarios no pueden recibir llamadas de los ilegales, no se pueden reunir en ninguna parte”, manifiesta explicando que de darse las irregularidades o incurrir en este tipo de prohibiciones los empleados están conscientes de la vigencia de las leyes porque no toleran la corrupción.
En el territorio nacional trabajan un total de 112 personas en la AJ de las cuales están 21 en Cochabamba. Según la explicación del director ejecutivo se trata de personal especializado para cumplir las funciones que amerita esta instancia de control.
Los empleados son todos profesionales de distintas áreas. Hay economistas, administradores, auditores, ingenieros de sistemas y electrónicos que son los responsables del control de las máquinas de juego.
Los operativos de la AJ se realizan de manera constante y con cierta frecuencia se coordina operativos a nivel nacional que se desarrollan también en provincias.
Buscan disminuir la ilegalidad a través de información que difunden en los medios de comunicación masiva. Algunas casas de juego buscan su legalización y si no hay observaciones podrían lograrlo en unos siete u ocho meses.
Por algún motivo las salas no se adhieren a la ley
La directora regional interina de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego (AJ), Carla Villalta, explica las irregularidades con las que operan las salas clandestinas. Existe una ley, pero estas salas de juego por algún motivo no quieren adherirse a esta norma, no efectúan la solicitud.
P: ¿Se ha identificado lugares que tienen una apariencia diferente para camuflar la actividad de una casa de juegos?
R: El año pasado hemos hecho la intervención a una chichería situada en la calle Punata. Aparentemente abajo funcionaba la chichería, pero en el piso de arriba estaba un salón de juegos. Unas máquinas billeteras se han decomisado de ahí, también hay internets o tilines que están ubicados en la parte frontal, pero atrás o arriba en un mezanine están estas máquinas de juego. Usan de pantalla otro rubro.
P:¿Cómo logran captar clientes estas salas?
R: En intervenciones realizadas a estas salas clandestinas hemos visto que los jugadores son los mismos que van de una sala a otra. Es un círculo de jugadores que se conocen, se invitan, se contactan y asisten a esos lugares.
P: ¿Los propietarios podrían estar involucrados en una especie de red que es ilegal?
R: Puede ser que sí, encontramos algunos casos que son reincidentes y puede ser que tengan algún vínculo también entre ellos.
P: Considerando que pueden legalizar sus salas y no lo hacen, ¿da lugar a pensar que están involucrados en otro tipo de actividades ilegales?
R: El Decreto Supremo que regula la emisión de las licencias de operaciones establece que cualquier persona, o conformando una sociedad, puede solicitar la autorización a la AJ y para eso tienen que cumplir ciertos requisitos. Uno de esos requisitos es verificar la legalidad de la proveniencia del patrimonio de los socios y esto se lo hace a través de la Unidad de Investigación de Fortunas que es la que señala si el capital es legal o habría alguna duda de la proveniencia del patrimonio.
La normativa vigente puede dar lugar a los procesos
Existen leyes, decretos supremos y resoluciones referidas a las casas de juego y su regulación.
La Ley 060 de Juegos de Lotería y de Azar de noviembre de 2010 establece en su Artículo 27, referido a la licencia y autorización, que las actividades de juegos de lotería y de azar serán objeto de licencia o autorización por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego (AJ), previa autorización de la ubicación del establecimiento que otorgue la alcaldía y del cumplimiento de requisitos establecidos por esta autoridad. “Se dará licencia a operadores de juegos de lotería y de azar”.
El Artículo 10 de la misma norma detalla que “queda prohibida la instalación o habilitación de tragamonedas fuera de establecimientos autorizados”.
La directora regional interina de la AJ, Carla Villalta, advierte un vacío legal porque no existe normativa que prohiba la internación de máquinas para el juego en Aduana. Es decir que ante decomisos de la AJ la internación no presenta problema. “Pueden seguir internando mientras que seguimos en el decomiso”, expresa.
PROCESOS El director ejecutivo, Mario Cazón, dijo que en el proceso sancionador, tras la intervención en una casa de juegos emiten un auto de apertura le dan 10 días a los dueños para presentar descargos como la licencia de operaciones y si no existe se ratifica las sanciones, decomiso y sanción económica. Luego se cuentan 15 días para la resolución sancionatoria y en ese tiempo los propietarios pueden plantear un recurso de revocatoria. Pasa al director ejecutivo y si no están de acuerdo plantean un recurso jerárquico al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y si el Ministro resuelve también ratificar la sanción de la AJ aún pueden acudir a tribunales en Sucre. Si no cuentan con la licencia, responsables de las casas de juego no quedan al margen de sanciones “hagan lo que hagan”.