El gobierno de Evo Morales da una nueva vuelta de tuerca en el proceso para manipular a la justicia.
Luego de haber copado los principales tribunales del país con magistrados afines al partido oficialista -primero mediante el dedazo presidencial y después por medio de unas “elecciones judiciales” que la mayoría de la ciudadanía desconoció con el voto nulo-, y de hacer lo propio con la fiscalía, llega el turno de alinear a los abogados.
La nueva Ley de la Abogacía impulsada por el Movimiento Al Socialismo establece la obligatoriedad de los juristas de empadronarse en el Ministerio de Justicia y ya no en los Colegios de Abogados. De igual forma, serán los tribunales de dicho ministerio los que controlen a los abogados que no estén colegiados.
Para el constitucionalista Jorge Asbún, “Lo que busca el gobierno es instrumentalizar mecanismos para controlar a los abogados. Un tribunal que juzgue a los abogados debe ser imparcial”.
Adicionalmente, la norma prohibirá a los directivos de los Colegios de Abogados el ejercicio de “actividades políticas”, disparate mayúsculo que les cercena derechos democráticos a esos ciudadanos.
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Ya anteriormente, el vicepresidente Álvaro García Linera había advertido a los empresarios que “no se metan en política”, y el presidente Morales hizo lo mismo con los sacerdotes católicos.
¿Ahora les toca el turno a los abogados de perder los derechos políticos que conciernen a todo ciudadano? ¿Hacer política será un monopolio de los cocaleros?