Jugada jurídica. Senador Pinto se encuentra entre la extradición y el salvoconducto


Candado. La oposición boliviana advierte que en la reciente sentencia judicial contra Pinto hubo injerencia del Ejecutivo. Sentencia a un año de cárcel invalida asilo, dice el fiscal Guerrero y anuncia que tramitará extradición del senador asilado en la embajada brasileña en La Paz. En tanto, Denisse Pinto, hija del senador, teme de que la sentencia contra su padre afecte las gestiones que los Gobiernos de Bolivia y Brasil sostenían para lograr la entrega del salvoconducto que requiere el legislador para salir del país.

La sentencia contra Pinto no le quita el “estatus de asilado”

Autoridades se contradicen en sus opiniones.

image EL DIARIO, LA Paz



Foto: Roger Pinto, Cecilia Ayllón y Ramiro Guerrero.

Autoridades de Gobierno y profesionales del derecho ingresaron en contradicciones al analizar, desde el punto de vista jurídico, las consecuencias de una sentencia de un año de cárcel emitida por el Tribunal Primero de Sentencia del Departamento de Pando, contra el senador opositor Roger Pinto, asilado desde hace un año en la Embajada de Brasil en La Paz.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El primero que reaccionó fue el fiscal general Ramiro Guerrero, quien tiene previsto solicitar la extradición del senador opositor Roger Pinto, seguido por la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón. Esta autoridad afirmó que “no corresponde un trámite de extradición”, al argumentar que Pinto “tendría la calidad de ciudadano libre al no existir una persecución y que el asambleísta ingresó por su propia voluntad a la Embajada de Brasil”.

Estas declaraciones contradicen las intenciones del Fiscal General, al sostener que “no se podría dar la extradición, porque él (Pinto) es un ciudadano libre que por voluntad propia está en este momento encerrado en la Embajada, él ha ido y se ha encerrado definitivamente y si no sale es porque no quiere salir, porque nadie lo está persiguiendo”, sostuvo. Guerrero consideró que a partir de ese fallo, que condena al parlamentario a un año de presidio, “no hay fundamento para un asilo y lo que deberá hacerse es tramitar la extradición del senador”.

Abogados especialistas en el tema consideran que Pinto goza de un asilo político concedido no sólo por el Poder Ejecutivo de ese país, sino por el Legislativo que le reconoce un estatus especial y que se encuentra legislado por disposiciones internacionales del derecho. Una sentencia emitida después de declarado oficialmente  el “estatus de asilado político”, no hay manera de obtener la devolución de Pinto a su país, negándole la protección humana a la cual se ha sujetado.

Senador Pinto se encuentra entre la extradición y el salvoconducto

EL DIARIO.- La situación del senador opositor Roger Pinto, asilado hace más de un año en la Embajada de Brasil en Bolivia, cambió tras conocerse el fallo del Tribunal de Justicia de Beni que dictó sentencia de un año de reclusión por supuestos actos irregulares cuando fungió como prefecto de Pando. La Fiscalía General no descarta pedir la extradición del senador para que cumpla la sentencia, mientras la oposición exige que se apresure el salvoconducto para lograr su salida diplomática del país.

El Tribunal argumentó resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por la firma de una resolución en el año 2008, que permitió a la zona franca de Cobija, otorgar un 0,5% de sus ingresos en favor de la Universidad Amazónica de Pando.

La diputada de Convergencia Nacional (CN), Mariluz Gonzales, portando una pancarta con el retrato de Pinto, se instaló en la plaza principal de Cobija, para denunciar lo que ella califica de “sentencia totalmente injusta”.

“Estos dineros no fueron al bolsillo de nadie, sino que beneficiaron la Universidad de Pando, que atiende alumnos nacionales y de fuera del país”, dijo a tiempo de adelantar que se apelará la sentencia.

La familia del senador opositor lamentó la sentencia y teme que pueda afectar al actual proceso de negociaciones entre las cancillerías de Bolivia y Brasil por una salida diplomática para viabilizar el asilo político. La hija del senador anunció reuniones con la defensa legal para ver las opciones a tomar.

La hija del senador, Denise Pinto, dijo que el fallo puede influir en el diálogo que hace pocos días el canciller Antonio Patriota hizo referencia ante el Senado brasileño donde comentó que hay negociaciones reservadas en procura de convencer a Bolivia que extienda el salvoconducto a Roger Pinto para que pueda asumir su condición de asilado político al haber visto que los procesos iniciados por el gobierno constituyen una “persecución política”.

Denise dijo que es lamentable que en Bolivia se condene a una autoridad que dio recursos económicos (Bs 11.877.142) para mejorar el servicio de la educación, cuando su padre era director de la Zona Franca Cobija (Zofra-Cobija). Sin embargo la justicia ordinaria determinó que el procedimiento fue irregular

En tanto, el fiscal general Ramiro Guerrero anticipó que se pedirá la extradición del legislador de suelo brasileño, considerando que la Embajada de ese país en La Paz es considerado como tal, pues ya no existe fundamento para el asilo al haberse evidenciado un delito público.

Sobre la sentencia de un año, Guerero dijo: “Consideramos como Ministerio Público, es una sentencia muy benigna, de un año, por los delitos que se han cometido, sin embargo, es una sentencia condenatoria”.

Fiscalía anuncia que tramitará extradición del senador Pinto

Candado. Sentencia a un año de cárcel invalida asilo, dice Guerrero.

La Razón / Sucre, BOLIVIA.- Después de que se lea en su integridad la sentencia contra Róger Pinto, el Ministerio Público iniciará los trámites de extradición del senador, toda vez que la condena invalida el asilo del legislador opositor en la Embajada de Brasil en La Paz.

“Con una sentencia condenatoria por corrupción considero que no hay fundamento para ningún asilo, lo que deberá hacerse es tramitar la extradición seguramente si él está en la Embajada de Brasil”, afirmó el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.

El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado, Eugenio Rojas, y el fiscal Guerrero coincidieron en que la sentencia de un año por delitos de corrupción cometidos por Pinto es demasiado benigna.

“Un año de cárcel para Róger Pinto es muy poco, es falta de respeto a la Justicia y al Estado. Las autoridades que están haciendo seguimiento deben apelar, no puede ser sólo un año”, reclamó el senador Rojas. Pese al desacuerdo sobre el tiempo de sanción, Guerrero destacó que la Justicia boliviana ya cuente con una sentencia condenatoria contra Pinto.

Desacuerdo. En contradicción con el fiscal Guerrero, la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, aseguró que en este caso no corresponde la extradición porque el senador opositor no es un perseguido.

“No se podría dar (la extradición) porque él (Róger Pinto) es un ciudadano libre que por voluntad propia está en este momento encerrado en la embajada. Él ha ido y se ha encerrado definitivamente y si no sale es porque no quiere salir, porque nadie lo está persiguiendo”, sostuvo Ayllón en conferencia de prensa, destaca ANF.

El lunes, el Tribunal 1° de Sentencia de Pando condenó al senador de Convergencia Nacional (CN) Róger Pinto —actualmente asilado en la Embajada de Brasil en La Paz— a un año de privación de libertad, por haberlo encontrado culpable de tres delitos en el caso Zofra-Universidad, por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y daño económico al Estado por 11 millones de bolivianos.

Al respecto, el exgobernador del Beni Ernesto Suárez Sattori aseguró a la agencia ANF que la reciente sentencia contra Róger Pinto ha sido una decisión judicial en la que hubo injerencia del Órgano Ejecutivo.

“Ahí se muestra claramente la injerencia política del Gobierno en el Poder Judicial, a esto se puede atribuir el hecho de no haber permitido que Róger Pinto salga de la Embajada de Brasil (…) Aquí se ve de una manera clara la persecución política. Lógicamente lo han hecho para conflictuar su situación jurídica en el país”, dijo Suárez.

Por su parte, el Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Senadores —anunció a la agencia ANF su jefe de bancada, Eugenio Rojas— esperará que el Tribunal pandino envíe al Legislativo la sentencia ejecutoriada del senador de Convergencia Nacional (CN), Róger Pinto, para que éste sea suspendido de su curul parlamentario, tal como establece el Reglamento de la Cámara Alta.

Apelación pendiente

Fallo

Pinto aún puede apelar ante la Justicia pandina, incluso llegar a la Corte Suprema de Justicia. Familiares del senador esperan que el Gobierno brasileño aún considere el caso de asilo.

Fiscal dice que pedirá extradición de Pinto

SU FAMILIA TEME.

image Los Tiempos y Agencias

Familiares y simpatizantes de Roger Pinto, durante la vigilia realizada ante la Embajada de Brasil, a principios de mes. Apg Agencia

Conocida la sentencia de un año de prisión para el senador de oposición Roger Pinto, el fiscal general, Ramiro Guerrero, anunció ayer que el Ministerio Público gestionará la extradición del político asilado en la Embajada de Brasil en La Paz.

En tanto, el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Eugenio Rojas, dijo que el fallo, aún no ejecutoriado, posibilitará que se retire de su curul en el Senado a Pinto y no descartó apelar por una condena mayor.

La familia del senador y representantes de la oposición, por su parte, denunciaron injerencia del Gobierno en el caso, con el fin de perjudicar la salida de Pinto a Brasil, que ya le comprometió refugio político en su territorio.

El exgobernador Ernesto Suárez Sattori dijo que se ve de manera clara la persecución política. “Lógicamente lo han hecho para conflictuar su situación jurídica en el país”, dijo.

Guerrero dijo que una vez conocido el fallo del tribunal de Pando no hay “fundamentos para un asilo”, aunque reconoció que habrá que esperar que esta sentencia sea ejecutoriada y posteriormente enviada a la Cancillería para que esta instancia inicie las gestiones.

Pinto fue sentenciado el martes pasado a un año de cárcel acusado de haber ocasionado un daño económico al Estado por 11,8 millones de bolivianos, durante su gestión como Director de Zona Franca Cobija (Zofra-Cobija) en el año 2000, al haber asignado ese monto, supuestamente de forma irregular, a la Universidad Amazónica de Pando.

Por su parte, el jefe de Bancada del MAS en el Senado, Eugenio Rojas, dijo que la Cámara Alta esperará que la sentencia quede ejecutoriada para oficializar el retiro del curul de Pinto de esa instancia legislativa. Rojas dijo que para ello no hace falta ningún trámite y ocurre de forma automática una vez que llegue el informe de sentencia. Entonces deberá asumir su suplente.

Rojas también consideró que la pena de un año es “una irresponsabilidad y falta de seriedad” por parte del Juez y no descartó la posibilidad de apelar el fallo y pedir una pena más alta.

Asimismo, dijo que tras el pronunciamiento de la justicia ordinaria, el Gobierno se ratificará en negarle el salvoconducto que le permita salir hacia el Brasil para gozar de su asilo político. Por el contrario pidió que la situación de asilado sea analizado por autoridades brasileñas y se le revoque este beneficio.

En tanto, Denisse Pinto, hija del senador, expresó ayer su temor de que la sentencia contra su padre afecte las gestiones que los Gobiernos de Bolivia y Brasil sostenían para lograr la entrega del salvoconducto que requiere el legislador para salir del país.

“Ya veíamos venir esta sentencia. Es absolutamente inentendible porque el canciller (de Brasil) Antonio Patriota decía que se avanzaba en las negociaciones y sale una sentencia. Es una respuesta automática del Gobierno a la persecución que ha venido desarrollando contra mi papá”, dijo. El Gobierno de Brasil aún no se pronunció sobre el caso.

Finalmente el exgobernador de Beni Ernesto Suárez opinó que la sentencia contra Pinto tuvo una clara injerencia por parte del Gobierno. “Aquí se ve de una manera clara la persecución política. Lógicamente lo han hecho para conflictuar su situación jurídica en el país”, dijo.