Rolando Villena, Defensor del Pueblo. En este año se registran más de diez casos de linchamiento o “ejecuciones aceptadas”. Se demandan acciones para evitarlos.
Página Siete / La Paz
El Defensor Rolando Villena (der) con periodistas de Página Siete.
En lo que va de 2013, por lo menos diez personas han muerto en estas “ejecuciones aceptadas”, en las que se han convertido los linchamientos en Bolivia. El diario Opinión de Cochabamba señaló hace unos días que sólo en el Chapare se han producido 16 casos de muerte en cinco años. Un estudio de NNNU informó hace un tiempo que Bolivia es el segundo país con mayor cantidad de linchamientos de América Latina, después de Guatemala. Tras la muerte de cuatro policías en mayo de 2010 en el municipio de Uncía, Potosí, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que la práctica del linchamiento estaba en aumento en el país. Según revisiones de información de los medios de comunicación, en Bolivia se producen entre diez y 20 linchamientos por año. Los intentos de linchamiento, obviamente, son más. La institución argentina FUNDAR detectó que entre 2002 y 2003 se registraron 64 de estos intentos. Según estudios del Grupo de Apoyo Mutuo de Guatemala (GAM), en ese país se registró un promedio anual de 71 muertos desde 2007 en ese país. Según GAM, Guatemala ocupa el primer lugar de esta práctica, Bolivia el segundo y México el tercero.
Incluso el profesor Daniel Goldstein, de la Universidad Rutgers, de EEUU, señala que Bolivia ocupa el segundo lugar en el mundo, después de Guatemala, en linchamientos, según da cuenta en su estudio “Justicia flexible”, publicado en la revista especializada Critique of Anthropology.
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Página Siete conversó sobre esta temática con Rolando Villena, defensor del Pueblo.
Página Siete: ¿Hay alguna relación entre los linchamientos y el empoderamiento de la idea de justicia comunitaria?
Estamos asistiendo a un momento de descomposición de la sociedad, pero también a un momento donde las culturas se están encontrando de diferentes modos de actuar y en diferentes circunstancias. Esto hace que estemos configurando un nuevo escenario social, donde la canalización de los conflictos no necesariamente pasa a través del acceso a la justicia: éste es un tema central. Hay una suerte de bronca acumulada en la gente; de insatisfacción frente a diversas situaciones. La impotencia está marcando una conducta alarmante: la gente no sabe cómo y dónde canalizar su protesta; si bien lo hacen a través de los escenarios políticos, no hay una vía de expresión a través de la cual el ciudadano sienta que es escuchado.
Ha habido un empoderamiento político de sectores antes excluidos, pero la percepción es que al hacerse del poder va alejándose de la realidad, de la necesidad de la gente. Entonces hay una necesidad de vehicular la reacción.
Página Siete.- ¿Diríamos que el empoderamiento político de poblaciones y comunidades ha derivado en excesos?
La práctica del poder –en sindicatos, municipios o gobernaciones– está llevando a situaciones en las que el grueso de la población se siente una vez más excluida, invisibilizada. Además de ello, surgen estos choques de cultura entre lo urbano y lo rural, y una serie de situaciones que se viven en las comunidades ante un sentimiento de total indefensión: la tentación del dinero fácil del narcotráfico y el contrabando, el tema de la trata y tráfico de personas, la violencia… todo esto está creando situaciones alarmantes a las que, definitivamente, no se encuentran soluciones. Entonces, de pronto, cuando hablamos de linchamientos se relaciona a la justicia comunitaria, como un fácil trámite.
Flaco favor se le hace a la justicia comunitaria. Los linchamientos son un delito en la justicia ordinaria y en la justicia comunitaria, y al ser un delito tienen que ser evaluados mediante mecanismo pertinentes legales.
Página Siete.- La gente argumenta: hacemos justicia, porque acá la justicia no llega…
Hay un alto grado de insatisfacción con el acceso a la justicia; por eso el linchamiento es como el “trámite más rápido”. Pero insisto, es parte de una percepción global: primero del distanciamiento con el poder y luego de encontrar a todo la salida fácil, esa viveza criolla de apartarse de la normativa, que es también parte de nuestra cultura.
Finalmente, existe una suerte de fatalismo en nuestra interpretación de la realidad: “unos nacen con estrella y otros estrellados”, es un típico dicho, y no hay mucha esperanza de que realmente lleguen cambios. Mucha gente de estratos populares no está viendo como algo importante este empoderamiento político y social de los últimos años, y adopta una actitud fatalista en la que la ley o la justicia son relativas, lejanas.
Página Siete.- Queda claro que los linchamientos no son parte de la justicia comunitaria; pero, ¿por qué el linchamiento, de todas formas, es más recurrido en espacios de comunidades indígenas?
Bueno, se explica desde que hay menos presencia de la Policía, menos presencia de la justicia, etcétera. Desde la mirada de los pueblos indígenas originarios campesinos es complejo: la justicia ordinaria no acaba de instalarse como debería dentro de las comunidades. En la CPE y en el marco de la Ley de Deslinde se reconoce que la justicia indígena y ordinaria están en igualdad de condiciones, pero a la hora de su aplicación, la justicia originaria es soslayada y muchas veces ninguneada. Se han dado avances en casos muy concretos, como resolver temas de violaciones en las comunidades, pero con la nueva Ley Integral contra la Violencia, una vez más no será posible… Entonces se crea un malestar en el acceso a la justicia de estas identidades. Es decir: no hay una consolidación al sistema de justicia originaria campesina; tampoco hay buen acceso a la justicia ordinaria; y, además, las comunidades están marcadas por el estigma de que son salvajes, que no saben lo que es la justicia. Esto causa un conflicto: la gente está confundida sin saber qué camino tomar. Y toma el recurso fácil, de la justicia por mano propia.
Página Siete.- Sin embargo, aún cuando las autoridades originarias conocen que el linchamiento es un delito, se siguen realizando, es más: ante esa realidad se aplica el “pacto de silencio” para que nadie puede identificar a los responsables…
El problema está en la educación. La gente responde de una u otra manera a viejas prácticas autoritarias. Hay que reconocer que en Bolivia el conjunto de nuestras culturas están imbuidas por visiones y prácticas autoritarias: “quien es autoridad tiene que pisar fuerte”, se dice comúnmente. Hay expresiones como: “a mí nadie me pisa el poncho”. Entonces, el paso entre esta tradición y una cultura democrática es lento y todavía se cree que está bien que si alguien comete un delito sea la comunidad la que le dé una sanción ejemplarizadora. Por eso, la única manera de restituir las relaciones entre los originarios y la justicia ordinaria es llegar a un punto de equilibrio: están bien las sanciones, pero nunca jamás quitar la vida. Bolivia muestra en este tema una realidad terrible. Según estudios, Bolivia tiene el segundo lugar de América Latina en número de linchamientos.
Página Siete.- ¿No se ve también una ausencia de políticas públicas más tajantes para sancionar estos actos de barbarie?
Sí, se necesitan políticas públicas más enérgicas para enfrentar el tema. Estamos en un escenario donde se da una suerte de ecuación entre la coerción a la delincuencia y la inseguridad. Ello, sumado a la barbarie, da lugar al linchamiento. Es una suerte de ecuación que pretende abarcar la complejidad del fenómeno. En la opción por el trámite fácil, la gente ve que todos los casos son iguales; no asume que puede estar ajusticiando a un inocente. La gente dice “queremos justicia” y, definitivamente, está más que convencida de que la justicia es un sueño cada vez más inalcanzable…
Página Siete.- ¿Usted cree que es posible que los linchamientos persistan porque nunca se castiga a los culpables?
No tenemos a la fecha un caso en que se haya aplicado la justicia y que haya terminado en una sanción contundente por parte de la ley ante un caso de linchamiento. Sin duda, esto tiene que ver con otras instituciones del orden público, como es la Policía, que es parte del problema. Si bien es cierto que no podemos pasarle la factura a la justicia, la Policía generalmente conoce estos hechos. Muchas veces conoce además a los autores que alentaron los hechos; pareciera que saben, pero no quieren decirlo, no quieren actuar, mucha veces por presión de los vecinos, de la comunidad. Esto, a veces, raya en la complicidad.
“Las normas deben estar acompañadas por los ciudadanos para que puedan cumplirse”
Rolando Villena lleva tres años como defensor del Pueblo. En este tiempo, sostiene, su labor ha estado muy cercana a la gente, con el objetivo de recoger de ellas sus demandas y determinar en qué temas es prioritario el apoyo de la Defensoría. Villena afirma que el nuevo conjunto de leyes aprobadas por el Estado en materia de derechos constituye un avance meritorio del país, pero que hace falta que se acompañe de acciones que involucren a los ciudadanos.
“No solamente pasa por la generación de políticas públicas. Las políticas públicas deben ser el resultado de todo un proceso de construcción ciudadana. Las leyes en Bolivia tienen un trámite solamente político. El mismo Presidente ha reconocido que hay muchas leyes aprobadas que no se cumplen… ¿Qué sentido tiene tener normativas que queden como una buena intención?”.
Para la Defensoría, las políticas públicas deben ser el resultado de un proceso de construcción con la ciudadanía. “Para que las leyes calen en la sociedad, la gente se tiene que apoderar de ellas; sentir que son parte de su elaboración y de su implementación. A esto se tiene que sumar un plan de acción que posibilite que esa norma, esa ley, pueda cumplirse”, dijo.
El funcionario añadió que se necesita también de un presupuesto para poder hacer que las normas sean más útiles. “¿Cuántas normas tenemos que están durmiendo el sueño de los justos porque no hay un centavo para que se hagan realidad? El Presidente ha hecho mucho en materia de los derechos colectivos; pero, para falta que estos procesos estén nutridos con esta savia participativa de la gente que quiere cambiar porque está hastiada”.
Según su explicación, es ahí donde está trabajando la Defensoría del Pueblo. “Hemos convocado recientemente a un diálogo nacional con el tema de las niñas víctimas de violencia sexual; estamos trabajando con los derechos de las personas privadas de libertad y sus hijos; trabajamos con los padres, con las familias para que se restituyan derechos vulnerados en todos los ámbitos”.
HOJA DE VIDA
Inicios. Nació el 23 de julio de 1947 en Potosí.
Estudios. Teólogo de profesión, obispo de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia y trabajó en la APDHB, entre 2006 y 2009.
Carrera. Villena obtuvo, en la evaluación meritocrática de los postulantes a Defensor del Pueblo, que realizó la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, el tercer lugar con 52 puntos.
Defensor. Se describe a sí mismo como un hombre con convicciones democráticas y principios de izquierda, pero de la izquierda basada en principios y valores.
Estamos asistiendo a un momento de descomposición de la sociedad, donde rige la ley del más fuerte.
Tanto para la justicia ordinaria como la originaria, está claro que el linchamiento es un delito.
Se han dado avances en materia de justicia, pero estos avances están siendo rebasados por la realidad.
“Hay una suerte de fatalismo que lleva a la barbarie: la justicia no llega, por eso hacemos justicia”.
“En la CPE y en el marco de la Ley de Deslinde se sostiene que la justicia indígena y ordinaria son iguales”.
“La gente se siente en una permanente indefensión frente a la inseguridad y el acceso a la justicia”.