Toda información que “está en proceso” no podrá ser divulgada. Se castigará a quienes infrinjan las excepciones. El gobiernista MAS dice que es para evitar la “distorsión” de la información.
Proyecto prevé restricciones al acceso a la información oficial
PLAN. El proyecto de ley fue elaborado por el Ministerio de Transparencia y ya está en el Legislativo. Se prevén acciones legales contra quienes infrinjan las excepciones.
Página Siete / La Paz, Bolivia
Micrófonos y grabadoras de medios de comunicación. Archivo digital.
Un proyecto de ley del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción plantea que la información gubernamental que “está en proceso” no puede ser divulgada hasta que sea concluida, bajo advertencia de que se asumirán acciones legales. En el MAS dicen que es para evitar la “distorsión” de la información.
Se trata del proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública enviado a la bancada del MAS por el ministerio anticorrupción.
En el proyecto de ley se plantean al menos 12 “excepciones al acceso a la información”. Esta norma sería aprobado en grande y en detalle en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados la próxima semana.
La información oficial, señala el documento al que tuvo acceso Página Siete, será de acceso público, excepto la “información que se encuentra en proceso hasta tenerla concluida”.
La presidenta en ejercicio de la Comisión de Constitución, Marianela Paco (MAS), explicó que “esta información que se encuentra en proceso no pueda todavía darse a conocer”, porque en su criterio la información “incompleta, parcial y con un sesgo” sobre un hecho en evolución en las instituciones puede dar lugar a “malas interpretaciones” y provocar una “distorsión” de los hechos.
La asambleísta oficialista consideró que la difusión de información parcial puede hacer fracasar un proceso de negociación sobre diversos asuntos.
Quienes infrinjan estas excepciones previstas en la ley y afecten los intereses del Estado pueden ser procesados. “Si afecta los intereses del Estado responderá ante la ley y se procesará penalmente”, sostuvo Paco. El Ministerio de Transparencia es la encargada de su cumplimiento y de promover acciones contra los responsables que la infrinjan.
Tampoco se podrá acceder a información sobre las “acciones estratégicas sobre recursos naturales”, ni a los “estudios de impacto ambiental”, según cita la norma en uno de sus artículos.
Asimismo, la información sobre seguridad externa será restringida por 20 años y en caso de seguridad interna, diez años.
La senadora Mary Medina (MAS) dijo que no se pretende hacer restricciones a la información, en cambio la norma protegerá el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la información de forma oportuna.
De las excepciones
Detalles. Aquella (información) que ponga en riesgo la seguridad y defensa del Estado, interna o externa. La referida a acciones estratégicas sobre recursos naturales; a la salud, intimidad o privacidad de las personas; la que ponga en peligro la vida, integridad de las personas; la protegida por el secreto profesional; información respecto a estudios de impacto ambiental; información estratégica a nivel de competitividad comercial de las empresas del Estado o en las que tenga mayoría del patrimonio; aquella cuya divulgación implique riesgo inminente para la estabilidad del país, su economía, sus recursos o el interés público.
Punto de vista
Remberto Cárdenas
Exdirigente de los periodistas
El proyecto de ley de acceso a la información no contenía tantas restricciones, lo ideal debe ser que existan cada vez menos restricciones porque ya están establecidas en la legislación boliviana.Con un proyecto como éste no podemos estar de acuerdo y no creo que acepten las organizaciones de periodistas, las nuevas restricciones han debido ser incorporadas por el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, porque Nardi Suxo fue la encargada por el Gobierno para conseguir el apoyo en las diferentes organizaciones.
Si el Gobierno decide no entregará ninguna información referida al curso que va a seguir en el proceso que inició Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. O en el caso de la carretera por el TIPNIS, el Gobierno no estará obligado a entregar ninguna información sobre el trámite para la construcción de la vía, el estudio de impacto ambiental, no podríamos saber nada cómo sería ese camino. Eso es grave.
Ahora la restricción sobre la seguridad del Estado puede estar sometida a una interpretación caprichosa del Gobierno sobre lo que es preservar la seguridad del Estado boliviano. Insisto, debe rechazarse.