Justicia envía una comisión para indagar denuncias de violación a mujeres indígenas

Pando. Tacanas de la comunidad El Retorno informaron a la Fiscalía que barraqueros violaron a nueve mujeres y golpearon a hombres para que dejen las tierras. Se pedirá al Sedeges que colabore en tratamientos psicológicos.

imagePÁGINA SIETE / La Paz, Bolivia

Indígenas tacanas, en la comunidad El Retorno, Pando.Freddy Barragán / Página Siete



La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, se comprometió ayer a enviar una comisión a la comunidad El Retorno, en Pando, para investigar las acusaciones de indígenas tacanas que denunciaron en la Fiscalía que sufrieron violaciones y agresiones por un conflicto de tierras.

“Hoy (ayer) mismo voy a enviar una comisión del Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina y del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades para que vayan al lugar y hagan un informe”, informó a Página Siete.

Además, anunció que remitirá una nota al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, con el objetivo de que las investigaciones iniciadas por la Fiscalía de Pando avancen con celeridad.

Este medio informó el lunes que nueve mujeres indígenas tacanas de la comunidad El Retorno, entre ellas dos menores de edad, denunciaron en el Ministerio Público que el 19 de enero fueron víctimas de violación, golpes y otras agresiones por parte de un grupo de 60 barraqueros (recolectores de castaña) que habrían sido contratados por una familia para desalojarlos de unas 10.000 hectáreas donde se cultivan almendras.

La Fiscalía dictó una orden de aprehensión contra los acusados por no presentarse a declarar, pero aún no hay detenidos. Es más, actualmente los indígenas continúan siendo amedrentados.

El ataque se produjo a las 9:00, cuando los varones adultos habían salido de la comunidad a comprar víveres y a participar en una reunión sectorial. Los que quedaron fueron golpeados junto con sus hijos por el grupo de barraqueros, quienes llegaron al lugar armados con machetes, escopetas y palos.

Los barraqueros también quemaron las casas rústicas de los indígenas, que pertenecen al movimiento sin tierra, y los obligaron a salir de la zona, aunque los originarios regresaron al día siguiente.

Pasaron seis meses del hecho y pese a la denuncia interpuesta el 14 de febrero en la Fiscalía de Pando y la orden de aprehensión, el proceso avanza lentamente y ningún implicado fue detenido o sancionado. Los indígenas lograron escaso apoyo de las autoridades, con la excepción de la Defensoría del Pueblo.

“Es lamentable que en pleno siglo XXI sigamos viviendo (así), las mujeres y los niños sigan expuestos a sufrir este tipo de atropellos”, afirmó ayer la ministra Ayllón.

Los atacantes redujeron y maniataron primero a los hombres que quedaban y luego violaron a las mujeres, dentro y fuera de las casas. Damaris, una menor de 16 años, fue una de las víctimas.

“Me agarraron entre varios cuando estaba en mi casa. Me patearon y me dieron un golpe en la nuca con un palo, me desmayaron. Al despertar estaba sin ropa y sólo había una polera que me cubría. Tenía dolor y hemorragia, me violaron”, contó.

La ministra Ayllón comprometió también apoyo psicológico para las víctimas.

“Naturalmente que una agresión de esa naturaleza ha dejado huellas imborrables en las mujeres, niños y pobladores en general”, declaró.

“Como Ministerio de Justicia vamos a coordinar con el Sedeges (Servicio Departamental de Gestión Social) de Pando para que se brinde ayuda psicológica a las víctimas, sobre todo a las que sufrieron violación”, añadió la autoridad gubernamental.

El jefe de la Unidad Jurídica del Sedeges de Pando, Álvaro Salvatierra, aseguró que junto con la directora de la entidad, Fabiola Justiniano, organizarán una visita a El Retorno para verificar la gravedad de los hechos y dar apoyo a los pobladores agredidos.

“En coordinación con la Defensoría del Pueblo de Pando, como Sedeges nuestro deber es apoyar a todas las víctimas de violación, golpes y toda clase de agresiones. Los indígenas tacanas no serán la excepción”, dijo Salvatierra, aunque admitió que la visita al lugar puede demorar, pues El Retorno es una comunidad alejada.

El Retorno se encuentra al sureste de Pando. Es una comunidad conformada por unas 150 familias tacanas sin tierra que viven de la zafra de la castaña, la caza y trabajando como obreros en construcciones.

Si bien queda en Pando, para llegar al lugar es mejor hacerlo por Riberalta, en Beni. De ahí hay que viajar unas cuatro horas hasta el caserío de Vitiviti y luego ingresar al monte. Son siete horas de caminata o una hora y media en moto.

Otros detalles

Conflicto Los problemas por tierras en la región de El Retorno llevan cinco años sin resolver. Los pobladores exigen la presencia de las autoridades para una solución definitiva.

Decreto Los agresores que habitan la población de San Luis, cerca de El Retorno, se apoyan en el Decreto 27572 que concede las tierras a quienes las aprovechan. La ministra Ayllón dijo que ningún decreto justifica las agresiones.

Competencias El Ministerio de Autonomías, con base en la Ley de Unidades Territoriales, tiene tuición para resolver los conflictos suscitados entre comunarios por tierras.

Argumento Los tacanas aseguraron que pidieron la concesión de esas tierras hace varios años.

Población Al menos 150 familias tacanas viven en El Retorno y cada familia tiene de dos a tres hijos. Regresaron a su aldea, pero son amenazados.

DDHH compromete seguimiento

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera, se comprometió a conformar una comisión interinstitucional para realizar seguimiento a lo acontecido en El Retorno con las indígenas tacanas.

“No tenía conocimiento sobre lo ocurrido. Es atroz y nos comprometemos a formar este grupo para pedir al Ministerio de Gobierno garantías para esta población indígena y generar una reunión urgente para saber qué es lo que está pasando”, aseveró.

Señaló que si el interés de los avasalladores es que la gente indígena salga de sus tierras por un tema económico, “connota una vulneración de derechos humanos terrible y el Estado debe dar las garantías constitucionales”.

Agregó que desde hoy iniciará las gestiones.