Indígenas sostienen que el ahora comandante de la Policía boliviana, Alberto Aracena, vigiló a los marchistas y le exigen que revele lo que sabe sobre la infiltración y la represión de Chaparina.
Piden a Aracena que revele infiltración
Indígenas apuntan al comandante de la Policía. El jefe policial desvía el tema hacia la Fiscalía. Recuerdan que él los vigiló.
Los colonizadores Gustavo Aliaga y Adrián Lovera cerca del bloqueo de Yucumo, a lado de Aracena. Foto archivo El Deber.
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EL DEBER, Santa Cruz
Lo que pasó en la octava marcha indígena, los agentes encubiertos y la intervención policial de septiembre de 2011 son los fantasmas de un pasado cercano que molestan a autoridades de hoy. Ayer, los dirigentes indígenas Fernando Vargas, Adolfo Chávez y Pedro Nuni recordaron al comandante de la Policía, Alberto Aracena, que él vigiló a los marchistas y pidieron que revele lo que sabe sobre la infiltración y la represión de Chaparina.
Una semana después de que se desvelaran los memorandos de la Policía sobre la infiltración de la cabo Angélica Cáceres en dicha protesta, Nuni pide a Aracena que colabore con la investigación de la denuncia y que aporte datos sobre la sindicación de la abogada Aida Camacho, del MSM, acerca de 15 agentes encubiertos.
Aracena se limitó a responder que “el caso Chaparina está en manos de un fiscal”. Una investigación que lleva casi dos años, que no ha establecido quién ordenó la intervención y que solo ha señalado culpas al exsubcomandante de la Policía Óscar Muñoz.
Sobre el caso de la infiltración de Quispe, Aracena informó de que a casi una semana de instruir una investigación a la Inspectoría de la Policía, aún no tiene novedades del tema, pero que se está indagando.
La semana pasada, Vargas y Chávez recordaron a Aracena que él participó de las tareas de vigilancia de la octava marcha, cuando se creía que podía haber enfrentamiento entre la columna de originarios y los colonizadores que organizaron un bloqueo en Yucumo.
Fiscal niega presión política
La titular del Ministerio Público de Beni, Wilma Blazz, negó que exista injerencia política del Gobierno en la orden de aprehensión dictada en contra de Vargas, Chávez y Nuni por el conflicto ocurrido el 20 de junio en San Pablo del Isiboro, donde se castigó y expulsó a Gumercindo Pradel.
“Ofrecemos todas las garantías a los denunciados, la orden de apremio no es para pedir su detención preventiva sino para que se presenten ante la autoridad competente”, explicó la fiscal Blazz
Sobre la orden de aprehensión, la titular del Ministerio Público señaló que quien tiene competencia para dictarla o anularla es el juez del caso, Jesús Martínez.