El diario El País de Montevideo informa que la Suprema Corte de Justicia del Uruguay analizará la situación de un ciudadano boliviano-uruguayo que hace 16 meses está preso esperando que se defina un pedido de extradición del gobierno de Evo Morales. Lo acusan de «terrorista»; dice ser un «perseguido político».SCJ analiza caso de uruguayo preso hace 16 meses y reclamado por EvoGonzalo TerraAlejandro Melgar Pereira se encuentra desde el 23 de abril de 2012 en el quinto piso de Cárcel Central cumpliendo arresto administrativo y a la espera que se defina un proceso de extradición solicitado por Bolivia, donde se lo acusa de «financiar» una presunta célula terrorista que tenía por objetivo asesinar al presidente Evo Morales e iniciar una guerra civil. El caso se ha denominado «Terrorismo I» o «Rosza», apellido del supuesto líder de los insurgentes.Melgar (44 años) dice ser un perseguido político. Pidió status de refugiado ante la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados pero no aplica porque tiene ciudadanía uruguaya (nació en Bolivia pero su madre es uruguaya).El polémico y complejo caso ha tenido derivaciones inesperadas en las últimas semanas. Cumplidos cuatro años de proceso judicial en Bolivia, donde 19 personas siguen detenidas, el fiscal Marcelo Soza, que acusó a Melgar y mostró correos electrónicos que probarían que financió la compra de armas y pasajes para los terroristas, renunció y es probable que sea procesado por formar parte de una red de extorsión a familiares de reclusos. También se han conocido audios divulgados por una diputada -peritajes en Brasil y España confirman que es su voz- en los que el fiscal Soza reconoce que lo ocurrido en 2009 con la «célula terrorista» fue un «montaje político» del gobierno para «descabezar» el movimiento separatista.Melgar es abogado, árbitro comercial y catedrático universitario doctorado en Derecho Constitucional. Es opositor al gobierno de Evo Morales y forma parte de Acción Democrática Nacionalista.Públicamente apoya la autonomía del Estado de Santa Cruz, lo que se sometió a referéndum en 2008 logrando casi el 90% de apoyo. El gobierno de Morales ha tenido serios enfrentamientos con quienes militan por la autonomía.En 2009, la Policía boliviana ingresó al Hotel Las Américas en Santa Cruz y ultimó a tres presuntos terroristas y detuvo a otros dos. Días después pidió la detención de 39 personas. Melgar se encontraba en Mendoza participando de un torneo de tiro deportivo y, en conocimiento de la acusación en Bolivia, decidió venir a Uruguay. Tres años después fue detenido en el Aeropuerto de Carrasco cuando partía hacia Brasil.El caso está en manos de la jueza Adriana De los Santos y el fiscal Juan Gómez. El pedido de extradición llegó poco tiempo después de su detención, pero hasta el momento no hay resolución sobre el tema.El padre del detenido, Johnny Melgar Castedo, también abogado, afirma que su hijo es un «perseguido político» y que su detención es «arbitraria». Estuvo esta semana en Uruguay para suscribir un convenio académico entre la Universidad de la República y la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz y recurrió al diputado Jaime Trobo, quien lo orientó y le facilitó gestiones. Trobo prefirió no abrir juicio sobre el caso.Melgar Castedo se entrevistó con el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibal Pino. «Parecería que el expediente está sujeto a una prueba que presentó el propio Melgar con respecto a quienes solicitaron su extradición; fiscales y jueces bolivianos que hoy están fuera de esa situación y cuestionados en el país. Me entrevisté con su padre, quien quería que la Corte tuviera conocimiento de todo esto. La Corte analizará el caso esta semana y decidirá si pide informes de la causa a la jueza o simplemente lo tiene presente», dijo Ruibal Pino a El País. Agregó que un proceso de extradición complicado puede demandar más de un año, aunque puntualizó que es potestad de la jueza dejar en libertad al encausado si existen garantías de que permanecerá en el país.El caso también interesó al Instituto de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Su presidente, Juan Raúl Ferreira, dijo a El País que el caso fue presentado a una de sus comisiones técnicas que «comenzó averiguaciones y buenos oficios frente a las autoridades para conocer en detalle la situación. Una vez que esto concluya se determinará si hay mérito para un pronunciamiento o si se declina competencia», explicó.Melgar Castedo también recurrió al Comisionado Parlamentario Álvaro Garcé para que se garantice la atención médica de su hijo, quien debe tener controles médicos periódicos por un by pass gástrico.El periodista Freddy Lacio, del diario El Deber de Bolivia, ha seguido el caso y explicó sus entretelones. «Según la acusación del fiscal Soza, Melgar utilizaba el seudónimo de Lucas dentro del grupo terrorista. Se lo imputa por ser el principal proveedor de dinero y recursos al grupo. Según el fiscal, fue el encargado del transporte de los terroristas y envió correos electrónicos encriptados con detalles del armamento comprado y su costo», dijo a El País.Lacio dijo que Soza presentó renuncia al ser implicado en una red de extorsión a familiares de detenidos y ahora el caso Terrorismo I está en manos de una comisión de fiscales.»Hay una corriente de opinión muy fuerte en esta parte de Bolivia que asegura que el caso de terrorismo fue un montaje de gobierno para tener un pretexto para atacar a los opositores. Pero es algo que no está probado», indicó.Señaló que tras lo ocurrido en el Hotel Las Américas no hubo ningún atentado terrorista en Bolivia.En las últimas horas, uno de los testigos del caso, apodado El Viejo y presentado por el propio gobierno, declaró que trasladó las armas que en 2009 Morales identificó como el arsenal que utilizarían los terroristas para iniciar una guerra civil. Dijo que lo hizo para implicar a Rosza y en acuerdo con el entonces director nacional de Inteligencia de la Policía y el comandante de la ex-Unidad Táctica de Resolución de Crisis, a pedido del vicepresidente Álvaro García Linera.«Hay una posición política en todo esto»Johnny Frank Melgar Castedo, padre del ciudadano boliviano-uruguayo que espera la extradición, llegó a Uruguay para estudiar en los años `70 y dice que se fue «cuando las papas quemaban». Afirma que estuvo «cerca» del MLN-Tupamaros, conoció al presidente José Mujica y otros integrantes del movimiento. Incluso, afirma que su hermano, médico de profesión, atendió a Mujica cuando fue herido.Ahora volvió al país para defender a su hijo. Afirma que no tiene «resentimientos ni quejas» porque el trato que ha recibido su hijo durante el arresto administrativo «ha sido impecable».No obstante, asegura que está privado de libertad en forma «arbitraria» y que en Bolivia «no hay Estado de Derecho» por lo que «no hay garantías para un juicio justo, mucho menos para quienes son perseguidos políticos por pensar distinto».También afirma que todo el proceso está viciado. «No hay pruebas, el fiscal debió renunciar por estar implicado en un delito, el juez de la causa en Santa Cruz debió pedir asilo político en Brasil, el proceso lleva cuatro años y está extinto», indicó.»Detrás de todo esto hay una posición política y mientras eso siga siendo así lo van a tener privado de libertad. No es posible que el Estado uruguayo se convierta en cómplice de persecución política», afirma.Preocupa a Europa y a la OEA-En la madrugada del 16 de abril de 2009, un grupo especial de la Policía boliviana ingresó al Hotel Las Américas en Santa Cruz y ultimó a tres personas y detuvo a otras dos. Luego, incautó un arsenal en un predio ferial.-Comenzó así la causa «Terrorismo/Separatismo» o «Caso Rosza». Esta semana la Unión Europea reclamó «juicio justo y transparente» para sus ciudadanos y la OEA envió un veedor para seguir de cerca el caso. Amnistía Internacional lo incluyó dentro de las violaciones a los Derechos Humanos en Bolivia.-Al comienzo, el gobierno afirmó que se trataba de una célula terrorista, integrada por ciudadanos bolivianos y europeos y financiada por representantes del poder económico en Santa Cruz. Su objetivo era iniciar una guerra civil y lograr la independencia del estado boliviano, el más rico del país. También se dijo que tenían un plan para matar al presidente Evo Morales.-Se pidió la detención de 39 personas, muchos de ellos líderes políticos y empresariales de Santa Cruz, activos militantes por la causa separatista y firmes opositores al gobierno. Alejandro Melgar, ciudadano uruguayo-boliviano, fue acusado de ser «Lucas», el principal proveedor de dinero para los terroristas. Se mostraron correos electrónicos encriptados con detalles de la compra de armas y pasajes para los supuestos terroristas. Según el gobierno de Evo Morales, Melgar «fue pieza clave en la estructura insurgente».-El gobierno aseguró que disponía de US$ 20 millones para contratar una «milicia europea» y comprar poderoso armamento, incluyendo misiles de largo alcance.-El 23 de abril en 2012, Alejandro Melgar fue detenido en el Aeropuerto de Carrasco y conducido a Cárcel Central. Desde ese día cumple arresto administrativo a la espera que la Justicia se pronuncie sobre un pedido de extradición enviado por el gobierno de Evo Morales.-El fiscal del caso, Marcelo Soza, fue vinculado en las últimas semanas con una red de extorsión a detenidos por este caso y debió renunciar.-También se conocieron audios en los que el fiscal admite que el caso del Hotel Las Américas «fue un montaje» del gobierno» para «descabezar» a la oposición en Santa Cruz.-La familia de Alejandro Melgar afirma que se trata de un «perseguido político» y que no existen garantías en Bolivia para un juicio justo.-La Suprema Corte analizará el caso esta semana y definirá si pide información a la jueza Adriana De los Santos.El País – Montevideo