En el trópico de Cochabamba las ejecuciones por mano propia se imponen al esfuerzo de los pocos policías, jueces y fiscales que trabajan con medios reducidos. En la misma Policía les piden milagros a los restos de dos linchados.
La ‘ley de la muerte’ gobierna por encima del Estado
Los policías de Entre Ríos quieren que se sepa que viven en la extrema pobreza.
EL DEBER, Bolivia
El miedo se siente y deja una estela de olor agrio en el aire. El miedo está en la mirada y en las palabras de algunos fiscales y abogados, de los pocos policías y de otros administradores de justicia que debido al tamaño del problema, hablan despacio aquí, como contando un misterio. El miedo también se huele en las calles, plazas y en la orilla de algún río, convertidas en patíbulos, donde supuestos delincuentes fueron atados de pies y manos, torturados y quemados en carne viva por vecinos ebrios por la furia, que no dudaron en rociar con gasolina, prender la mecha y convertir cuerpos humanos en bocanadas de fuego.
Estoy en el trópico de Cochabamba, en el corazón de Bolivia, donde en los últimos cinco años la Policía anotó 18 ejecuciones por manos de civiles contra otros civiles acusados de robar o de cometer delitos mayores y que son sentenciados a muerte por una multitud. Los dos últimos linchamientos ocurrieron recién nomás, el 25 de septiembre, y sobre estos, como en el resto de los casos, no existen culpables pagando por haber practicado la ‘justicia por mano propia’. El miedo está aquí porque una sentencia de muerte no escrita ronda en los pueblos que están a los costados de la carretera que une a Santa Cruz con Cochabamba, en esos 120 kilómetros que hay desde Bulo Bulo hasta Villa Tunari, como también en aquellas comunidades que se encuentran en la panza caliente del trópico, donde viven por lo menos 300.000 personas. En este lugar, las administraciones de justicia y de seguridad del Estado cojean como un animal herido y fueron notoriamente rebasadas por grupos furiosos de civiles que imponen su ley: la ley de la muerte.
En esta historia hay varias versiones. La primera tiene origen en la gente de a pie y en algunos dirigentes como la del presidente del Comité Cívico de Ivirgarzama, Rociño Cavero, que coincide en que el trópico está progresando a 100 kilómetros por hora, pero como los avances no llegan solos, sino que son acompañados por una gama de delincuentes, la inseguridad ciudadana creció abismalmente.
Hay quienes creen que la estructura estatal para combatirlos se quedó rezagada y que los juicios ordinarios caminan a paso de anciano; por eso, aseguran que los habitantes le perdieron la fe en al sistema judicial y acuden a la justicia por su cuenta, matando a quienes sean encontrados con las manos en la masa.
El presidente cívico se declara en contra de las ejecuciones, pero lamenta que no está en sus manos ponerles un freno total, se atreve a afirmar que los linchamientos bajaron un 50% el nivel de la delincuencia, ya que tras las últimas muertes, los ladrones han cesado en su actividad por miedo a correr la misma desgracia. “Pero después de dos meses suelen regresar y los vecinos vuelven a enfurecerse”, dice Cavero, que pone un ejemplo de cómo se origina y se arma un linchamiento: “Los que sufren atracos por lo general son los del sector transporte. Cuando un ladrón es agarrado, los taxistas se pasan la voz en minutos, tocan bocina, se llaman por teléfono o hacen detonar petardos y así lo acorralan para que el pillo no escape”.
Los administradores de justicia y los operadores de la seguridad ciudadana que trabajan en esta región se quejan entre dientes porque sienten que hablar puede ser peor que caminar sobre brasa caliente.
Pocos policías y fiscales
Una fuente del Ministerio Público reveló que de los aproximadamente 120 policías acantonados en el trópico, solo 10 efectivos son de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen y que el resto está en la Unidad Operativa de Tránsito o cuidando las entidades financieras. A este puñado de autoridades se suman apenas cinco jueces y cuatro fiscales, un número que no es suficiente para descongestionar las demandas judiciales. Por citar un ejemplo, solo en la Fiscalía de Ivirgarzama hay 1.500 casos que duermen desde el 2004. Pero el Ministerio Público ya instruyó la conformación de comisiones para que se dé curso a las demandas acumuladas.
Uno de los pocos fiscales que hay en la zona es el que trabaja en Ivirgarzama. Marco Vidal es hombre que sin pretensiones de héroe, la pasada semana impidió que en Valle Sajta los vecinos linchen a tres jóvenes acusados de robar coca. Llegó a tiempo antes de un desenlace fatal gracias a que contaba con una camioneta que le envió la Fiscalía de Cochabamba. Semanas antes, el vehículo se había arruinado y para pagar los gastos del taller él sacó Bs 4.000 de su bolsillo, porque tenía el presentimiento de que ese motorizado sería vital en cualquier momento.
En un anterior intento de linchamiento, Vidal acudió en una motocicleta que se había incautado a un delincuente, pero cuando llegó al lugar, la multitud no le creyó que era fiscal porque iba en un vehículo sin placa, lo acusó de ser un atracador de mototaxistas y casi termina quemado.
Los policías y fiscales, a pesar del riesgo y de la falta de medios, aprendieron los trucos para salvar a esos hombres o mujeres cuyas vidas penden de un hilo, pero también para salvar sus propias vidas.
Un policía de Eterazama coincide con otro de Ivirgarzama: cuando la turba ya está descontrolada, es mejor sacarse el uniforme y vestirse con ropa de civil, caminar por el lugar de los hechos como si uno fuera uno de ellos para ver a los cabecillas y después tratar de identificarlos.
Sacar el teléfono móvil para tomar fotos o para filmar, puede ser peor que colocarse una pistola en la nuca. “Ay del pendejo que se atreva a hacerlo”, dice un policía de Entre Ríos, a 30 km de Ivirgarzama, que ya vio dos ejecuciones en pueblos ocultos del trópico.
El sargento Carlos Muñoz es uno de los pocos que se atreve a cantar algunas victorias. Él es uno de los cuatro policías de la Felcc que el martes pasado estaba de turno en Villa Tunari. Cuenta que, a pesar de las limitaciones logísticas, desde 2012 ha conseguido evitar que se consumaran 50 linchamientos, utilizando técnicas de persuasión y prometiendo que la justicia sentará la mano a los delincuentes.
Con permiso para entrar
“Penetrar en los pueblos de Chapare puede generar susceptibilidades entre los pobladores”, indica Juvenal Peredo, el oficial mayor de la Alcaldía de Villa Tunari, que recomienda siempre llevar a mano el carné de identidad porque la gente, cuando ve a alguien que es ajeno, se pone susceptible y puede pensar que el recién llegado es un delincuente. “Los sindicatos son bien organizados para velar por su seguridad. Están pendientes de la gente nueva que los visita porque puede pensar que son rateros”, dice esta autoridad.
Sobre estas recomendaciones está enterado un fiscal que pide el anonimato y que cuenta que para ingresar en una comunidad primero tiene que pedir permiso a las autoridades de las organizaciones sociales para que no malinterpreten su presencia.
El defensor del pueblo en el trópico de Cochabamba, Boris Luis Selma, que tiene su oficina en Villa Tunari, confirma que existe una débil presencia estatal y que para luchar contra este problema es que los administradores de la justicia ordinaria han firmado un acuerdo con los de la justicia comunitaria para que se respeten los derechos humanos.
Eleuterio Inclan Espinoza, ejecutivo de la Federación Carrasco Tropical, y que vive en Valle Sajta, de donde el fiscal Vidal logró evitar un triple ejecución, asegura que los linchamientos no son parte de la justicia comunitaria, que esas decisiones no se las toma en ningún ampliado y que obedecen a acciones incontrolables, hormonales y a rabia reprimida porque los ladrones no son sancionados por el aparato judicial.
Para Percy Ronald Cámara, juez de sentencia acantonado en Ivirgarzama, es intolerante enterarse de un linchamiento porque la justicia que atenta contra la vida no es justicia. Sin embargo, manifiesta que desconoce por qué ocurren las matanzas.
Ivón Ágreda es la nueva fiscal que ha llegado a Villa Tunari y entre los archivadores que están en su oficina, hay uno en cuya carátula la anterior autoridad le dejó escrito: “Ojo, caso de linchamiento”.
Pero de la ejecución que ahora se habla en el trópico, es sobre la última que ocurrió en septiembre. El informe del policía Willy Castillo revela que un día después, el 26, volvió al lugar de las muertes, a orillas del río Ichoa. Observó manchas negras y cenizas, un bidón amarillo con olor a gasolina, restos de prendas de vestir y alambres de púas
EL INFORME POLICIAL SOBRE LOS EJECUTADOS EL 25 DE SEPTIEMBRE
La mala noticia
A las 17:15 del miércoles 25, policías de Entre Ríos informaron a los de Ivirgarzama de que dos personas habían sido linchadas, amarradas y quemadas en un poste, a la altura del río Ichoa, a cinco kilómetros de la carretera
El hallazgo
A las 18:15, personal de Homicidios y el médico forense nos constituimos en la zona. Encontramos a más de 10 personas que observaban dos cuerpos totalmente calcinados, maniatados con alambre de púas.
Los golpes
Según el examen físico externo del médico forense, uno de ellos habría fallecido por traumatismo encefalocraneano, donde se evidencian múltiples facturas en la cabeza y el cuerpo quemado.
Fuego
El segundo habría fallecido por quemaduras de cuarto grado y paro cardiorespiratorio, a consecuencia de la sofocación del fuego. Se lo encontró sin las extremidades inferiores consumidas por el fuego. No se encontró identificación personal de ambos.
ANÁLISIS
Hay excesiva protección
Víctor Hugo Cárdenas | EXVICEPRESIDENTE DE BOLIVIA
Los linchamientos en Chapare ocurren por dos cosas. Por un aspecto cultural, que es el hecho de que las organizaciones sociales son enormemente verticalistas y autoritarias. La cultura autoritaria es esencial en ese lugar. Difícilmente va a respetar la vida y el derecho ajeno.
Por otra parte está la causa política. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay una actitud permisiva del Estado, que permite esos abusos y que no se investiguen.
No se puede decir que Chapare sea un Estado dentro de un Estado, porque es un grupo social de represión, excesivamente protegido.
El Gobierno y el presidente son parte de este conflicto, del problema, no de la solución, porque si de verdad se quisiera respetar la ley, en Chapare, para empezar, no se debería cultivar coca
Para el Gobierno es un crimen de crueldad extrema
EL DEBER buscó una versión del Ministerio de Gobierno para que se refiera a los linchamientos en el trópico y sobre las versiones de que la ‘ley de la muerte’ gobierna por encima del Estado.
A través del Departamento de Comunicación de dicha repartición estatal, el ministro Carlos Romero se excusó señalando que el viernes estaba ocupado, pero que sí iba a hablar el viceministro Jorge Pérez. “Estamos trabajando en el tema de los linchamientos de Chapare”, dijo Pérez por teléfono y se comprometió a dar detalles posteriormente. Pero hasta el cierre de este reportaje, continuaba ocupado en una reunión.
Sin embargo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en una carta enviada a EL DEBER el 28 de septiembre, calificó las dos ejecuciones ocurridas en Entre Ríos como un crimen cruel y extremo. “El Gobierno censura enfáticamente los linchamientos ocurridos recientemente en Entre Ríos, porque, además de ser un crimen de crueldad extrema, representan una falla institucional del Estado con causas profundas y diversas.
En la misma Policía les piden milagros a los restos de dos linchados
LA CRÓNICA DESDE EL ESTÓMAGO DEL TRÓPICO.
En Ivirgarzama hay un altar con una caja de restos óseos de hombres que fueron incendiados. Los lunes y viernes les prenden velas para pedirles el milagro de que cesen las matanzas por mano propia. Los abogados y los comerciantes también acuden con pedidos
EL DEBER
Un policía cuenta que hace poco, los muertitos hicieron aparecer el cuerpo de una mujer
En el comedor de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Ivirgarzama hay una urna de madera con los huesos de dos hombres anónimos que hace cuatro años fueron quemados a sangre fría.
Fue a orillas del río, que los uniformados encontraron los cuerpos carbonizados, y los restos fueron llevados a las instalaciones policiales para que las almas de los fallecidos hagan el milagro que la estructura de seguridad ciudadana del Estado no consigue: impedir las ejecuciones por mano propia de civiles contra otros civiles.
El policía Pedro Núñez relata que cuando una multitud tiene contra la pared a supuestos delincuentes y está con el galón de gasolina en una mano y el fósforo en la otra, los efectivos de esta población, que se encuentra en el departamento de Cochabamba, a cuatro horas de Santa Cruz, sobre la carretera asfaltada, prenden unas velitas a los pies de la urna y les piden a los muertos, que descansan ahí, que tranquilicen a la muchedumbre encendida para que los hombres acorralados que están temblando, no corran la misma suerte que ellos hace algunos años, cuando fueron linchados sin que nadie logre salvarlos.
La urna está dentro de una cómoda y a los pies de ella hay un ladrillo con una vela encendida y restos de otras velas que dejaron de arder hace horas o algunos días. El policía Elio Araníbar cuenta que pusieron cuota con el dinero de sus sueldos para comprar la caja y la cómoda, que son parte de una especie de altar, que los lunes y viernes recibe también la visita de personas civiles que llegan para rezar por el alma de los dueños de los restos óseos y para pedirles milagros: una ayudita en el negocio o el trabajo, alejar a los delincuentes de la casa y velar por los seres queridos para que siempre lleguen sanos a casa.
La creencia que tienen quienes acuden a velar los restos de los dos que fueron linchados es que los lunes y viernes son los días de los muertos y por eso los visitan. Los policías les abren las puertas del comedor y la romería empieza a llegar desde la mañana. Pero los que acuden en la noche no solo prenden velas, se quedan en silencio durante horas para pijchear (masticar hojas de coca) y así entablar una comunicación espiritual con esos hombres de los que no se sabe quiénes fueron, ni de dónde son ni qué hacían en Ivirgarzama antes de que la turba enardecida los ajusticie con técnicas utilizadas en la barbarie.
“Hasta es posible que también vengan a pedirles perdón quienes participaron del linchamiento”, especula un policía, que recuerda que a veces ve a algunas personas que se sientan y lloran como un bebé, que levantan las manos y hablan despacito, como si se estuvieran quejando de algo, como si un dolor oscuro les quemara en el pecho.
La gente se queda hasta pasada la medianoche, cuenta Núñez, que recuerda que nunca nadie llegó al pueblo para reclamar por los restos de los desconocidos. Solo se sabe que fueron de sexo masculino, cuenta el oficial, que tampoco tiene datos sobre las edades que tuvieron el día de sus muertes. “Solo se encontraron unos huesos y las cenizas, nada de ropa ni documentos que los identifiquen”, afirma.
La fama de los milagros se ha esparcido como pólvora, a tal punto que los abogados también llegan con su pliego petitorio.
Cesar Lima, presidente del Colegio de Abogados, cuenta que solo en Ivirgarzama existen 45 abogados y que en todo el trópico de Cochabamba son 110. “Aquí hay un dicho que manejamos los profesionales del Derecho: si no llueve, por lo menos gotea”. Eso, según Lima, quiere decir que ser abogado en el trópico no es buen negocio porque la gente le ha perdido fe a la justicia y cuando se topa con un delincuente, en vez de acusarlo por la vía ordinaria y utilizar los servicios de un abogado, une fuerzas con otras personas para aplicar la justicia por mano propia.
La tarde del 2 de junio de este año, cuando unos vecinos de Ivirgarzama incendiaron a Roberto Aguilar Antezana, de 28 años de edad, también pudo haber muerto un fiscal que acudió al lugar para impedir que la turba dé rienda suelta al animal salvaje que llevaba dentro.
Aquel día, cuenta la autoridad que pide proteger su nombre para evitar futuros problemas con algunos pobladores, que alguien llegó a echarle gasolina en el hombro y que estuvo a punto de encender la chispa.
El examigo del presidente Evo Morales e intelectual de izquierda Filemón Escobar, que dice conocer las entrañas de Chapare, considera que la nueva oligarquía dominante en Bolivia la conforman los cocaleros del trópico, porque ellos son los auténticos representantes del capitalismo, porque dependen de la oferta y de la demanda. “Han acumulado riquezas durante los últimos siete años. Conozco a compañeros que antes yo les invitaba sopita de un peso y ahora compran hasta 30 casas en Santa Cruz y son dueños de la mitad de Sacaba”.
Escóbar se atreve a decir algo que pocos se atreven: “Los linchamientos son por problema del narcotráfico, porque ellos están produciendo la coca para el narco”.
Pero en los pueblos del trópico, las versiones son que las ejecuciones no son por otra cosa que por la ausencia de un aparato judicial y policial que pueda combatir la delincuencia que ha llegado de la mano del creciente desarrollo que vive ahora el trópico de Cochabamba
Hechos dramáticos
La fosa
En 2008, tres personas que supuestamente robaron barras de aluminio en un pueblo de Chapare fueron ahogadas, estranguladas y enterradas en una fosa.
La moto
En abril de 2012, algunos pobladores de Entre Ríos sorprendieron a un hombre supuestamente robando una moto dentro de una vivienda particular. Lo quemaron.
Perseguido
La tarde del 3 de abril de ese mismo año, Gregorio Mamani, un llantero de San Germán, de 31 años, fue acusado de robo de motocicletas en Chapare y la provincia Ichilo. Fue llevado a Entre Ríos, para ser ajusticiado por la multitud que lo atrapó a la altura del km 6 de Yapacaní, donde fue matado.
Luchó hasta lo último
En junio de este año, en Ivirgarzama, detuvieron y prendieron fuego a seis presuntos delincuentes, uno de ellos murió en el hospital del pueblo.
El ‘milagro’
Un joven y dos adolescentes se salvaron el 30 de septiembre de ser linchados en Valle de Sajta, en el trópico de Cochabamba.
En varios pueblos existe la misma queja: “Aquí la Policía sufre miserias”
Un mismo problema recorre diversos núcleos urbanos, donde no solo preocupan los delincuentes
Hay pueblos a los que los une la misma queja. En varios a los que EL DEBER acudió para saber cómo estaban en materia de seguridad ciudadana, la respuesta fue similar: la Policía hace lo que puede porque no tiene los efectivos necesarios ni los vehículos para garantizar el combate contra la delincuencia. Y la gente entonces protesta por dos cosas: porque los ‘maleantes’ siguen ganando terreno y porque los uniformados están en condiciones inferiores para luchar.
En San Julián, por ejemplo, dirigentes de barrios y el Ministerio Público, coincidieron en que falta mayor número de efectivos policiales, porque actualmente solo son 20.
En Guarayos la situación está peor. “Aunque quisiéramos tener más, puesto que con los pocos que cuentan tienen incomodidades en sus viviendas, ya que la infraestructura que tienen es precaria e insegura”, lamentó el coronel Freddy Chinchilla, comandante de Guarayos.
En otros núcleos urbanos de la Chiquitania como de aquellos que están en la frontera con Brasil, se repite la historia, con el agravante de que si bien en algunos lugares sí tienen una vagoneta o una moto, no cuentan con el combustible para que funcionen en los operativos de emergencia.
En Roboré tienen proyectada la puesta en marcha de la policía montada (a caballo), con el fin de bajar el índice de abigeato y otros delitos.
En Yapacaní, un efectivo policial explicó que en el comando que está frente a la plaza operan varias unidades y que la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen tiene su base en Santa Fe.