Comité de DDHH de la ONU. Bolivia y Uruguay estuvieron entre los cinco países que fueron examinados hasta esta semana por los expertos del comité encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados signatarios.
Protesta. Víctimas y familiares piden justicia por la violencia en dictadura, en una manifestación en La Paz | Foto archivo La Razón.
La Razón Digital / EFE / Ginebra
El Comité de Derechos Humanos de la ONU consideró hoy que Bolivia y Uruguay tienen temas pendientes por resolver en relación a los crímenes perpetrados durante los periodos de dictadura en cada uno de ellos, en materia de reparación, en el primer caso; y de impunidad, en el segundo.
Ambos países sudamericanos estuvieron entre los cinco que fueron examinados hasta esta semana por los expertos del comité, encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados signatarios.
El jurista Fabian Salvioli, miembro del comité, dijo en una conferencia de prensa que una de las principales preocupaciones en el caso de Bolivia tiene que ver con el "insuficiente tratamiento de la reparación por violaciones de los derechos humanos cometidos durante el periodo de la dictadura militar".
"No existe aún suficiente reparación, ni en el plano económico, ni en términos de memoria, verdad y justicia para quienes fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos entre 1964 y 1982", sostuvo.
En el caso de Uruguay, Salvioli declaró que en el comité hubo "mucha preocupación acerca de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia (del pasado febrero), que contradice las obligaciones del Estado de investigar, juzgar y condenar graves violaciones de los derechos humanos cometidos durante el gobierno militar".
A este respecto, el presidente del comité, Nigel Rodley, destacó que en años recientes se impuso gradualmente, entre los países latinoamericanos que habían aprobado leyes de amnistía o similares, la práctica de revisar estas normas y que Uruguay fue uno de los que decidió seguir esta vía, como lo hicieron antes Argentina y Chile.
"Pero de pronto, la Suprema Corte dice que la ley -que permitía juzgar los crímenes de la dictadura- es inconstitucional en base a un análisis del derecho internacional que realmente es muy difícil de reconciliar con el enfoque de cualquier entidad relevante en el derecho internacional", opinó.
Sin embargo, se mostró comprensivo ante la dificultad que encuentra ahora el ejecutivo de Uruguay para superar esta situación.