Roberto Ortiz Ortiz*
Una vez mas el gobierno ataca al sector privado, esta vez mediante los trabajadores. El pasado día lunes 07 de octubre el presidente Evo Morales promulgó el Decreto Supremo 1754 que difiere la constitución de empresas sociales y termino su discurso de esta manera; «Ahora ya no hay que estar sometido a las amenazas de cierre cuando los dueños no quieren respetar los decretos, ahora más bien si les amenazan de esta manera es mejor que la empresa entre en quiebra o cierra el empresario entonces los fabriles serán dueños, serán nuevas empresas sociales y comunitarias».Es cierto que muchas veces los empresarios -de manera antiética- declaran sus empresas en quiebra para “salvarse” de pagar los beneficios sociales a sus trabajadores. Si bien el gobierno tiene y debe tener toda la potestad para proteger al trabajador así como también a la empresa privada, debe hacerlo de manera equilibrada, es decir buscando la igualdad ante la ley para las dos partes, sin dar privilegios ni mayores posibilidades a solo una de ellas. Este nuevo decreto, a pesar de tener un carácter protector hacia el trabajador, tiene un efecto de desincentivo a la inversión privada y es aquí donde se contradice, puesto que el Estado, tiene la obligación de incentivar y proteger la inversión privada. En poco tiempo seremos testigos de trabajadores y sindicatos enteros planeando y causando -en busca de su propio beneficio- la destrucción y quiebra de empresas formales para luego apropiarse de ellas, así como lo dijo el Secretario Ejecutivo de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, Víctor Pedro Quispe: “Que la piense bien la empresa privada si quieren engañarnos con quiebras o cierres fraudulentas. Ahora los trabajadores tenemos algo que nos respalda y nosotros nos haremos cargo si quieren cerrar”. Este decreto pone indefenso al empresario y será entendido como la posibilidad, en el marco jurídico, de terminar con la iniciativa privada.Por último este decreto abre la posibilidad de que el estado coadyuve a la apropiación por parte de los empleados, implicando una supuesta nacionalización encubierta que al final de la historia será injusta.*Estudiante de ingeniería comercial